Sector educativo rechaza embargos en San Jacinto

El embargo lo ordenó el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, sobre aproximadamente $60 millones, que corresponden a los recursos de Gratuidad Educativa, que giró el Ministerio de Educación a través del Compes137 de 2011.
Jorge Luis Gutiérrez Hurtado, rector de la escuela Pío XII, dice que la situación que se está presentando con los dineros que deben ser invertidos en brindarles a los estudiantes una mejor calidad educativa, está generando un atraso en el cumplimiento del calendario escolar diseñado para este año.
Asegura que los alumnos están recibiendo clases en condiciones que no deberían, ya que no cuentan con los recursos para obtener los materiales y elementos que deben proporcionarles para un mejor aprendizaje y resultados en las pruebas que se les realicen.
Otro grupo de rectores manifiesta que están abocados en una crisis inmediata por falta de recursos para su funcionamiento, por eso es que la decisión a seguir es un cese de actividades, ya que son más de 7.000 estudiantes los que se están afectados con las medidas de los jueces, tanto en el caso urbano como rural.
Agregan que en este momento los estudiantes no cuentan con el seguro estudiantil que exige la Secretaría de Educación Departamental, porque las instituciones no tienen los dineros para adquirirlos y garantizar la atención médica en los accidentes que sufran los menores en los horarios de clase.
Deuda
Los rectores afirman que el Departamento también les adeuda el 60% de los dineros que desde el año pasado debían enviarles, y que corresponden al Fondo de Servicio Educativo (Fose), de los cuales sólo les entregaron un 40%.
“La situación por la que está atravesando la educación en San Jacinto y el resto del Departamento es grave, ya que se están llevando recursos que son inembargables, tal como reza en la Ley 715 de 2002”, advierte Ernesto Lentino, rector de la Institución Técnica Agropecuaria.
Habla Secretario
El secretario de Educación de San Jacinto, Freddy García Castro, arguye que esta es una crisis que se presenta desde hace más de cinco años, lo que está generando la demora en la entrega de los dineros que cada rector necesita para el buen funcionamiento de los planteles.
Dice que la Administración desconoce el número exacto de los procesos que cursan en el Ministerio de Educación en contra del Municipio por concepto de educación.
“En este momento los jueces están embargando recursos inembargables, con lo cual están vulnerando derechos fundamentales tanto a los estudiantes como  al ente territorial”, puntualiza García.