Si municipios no pagan alumbrado publico, no hay inversíón en vías terciarias

Con base en el articulo 18 de la Ley 1066 de 2006, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó a los alcaldes que el Gobierno nacional sólo desembolsará “créditos blandos” a los mu-nicipios para obras en la red vial terciaria si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos estar a paz y salvo con los servicios públicos domi-ciliarios y el alumbrado pú-blico. En una misiva enviada a los mandatarios municipales, el Ministerio de Hacienda arguye que mientras se esti-mula la generación de em-pleo a través de obras viales, se busca también que las administraciones locales cumplan con la responsabili-dad del pago de sus obliga-ciones de los servicios públi-cos de las entidades oficiales y el alumbrado público. Según informaciones de Minhacienda, a fecha 30 de junio de 2009, la deuda del sector oficial en la Costa por concepto del suministro de energía de hospitales, puestos de salud, colegios, acueduc-tos, sedes de alcaldías, con-cejos, inspecciones de poli-cía, acueductos rurales y alumbrado público, entre otros, es cercana a los 25 mil millones de pesos. Para el caso de Bolívar, los municipios adeudan Electricaribe la suma de $6.239 millones. Según el ingeniero Benjamín Payares Ortiz, funcionario de Elec-tricaribe, la problemática por la falta de pago es muy com-plicada a pesar de que perió-dicamente se reportan a las entidades territoriales los es-tados de cuenta de los sumi-nistros a su cargo y se pro-ponen alternativas de solu-ción a los mandatarios loca-les para la cancelación del servicio de energía que es una responsabilidad legal. Sin embargo, indicó que algunos alcaldes son re-nuentes al pago puntual de sus obligaciones. Finalmente, Payares re-cordó lo definido en el art. 12 de la Ley 142/94 que ex-plícitamente indica que este tipo de incumplimientos se constituyen en causal de mala conducta para los re-presentantes legales y los funcionarios responsables sancionable con destitución. “Esto sin dejar de lado lo contemplado en la Constitu-ción Política y en el Código Contencioso Administrativo y demás normas de presu-puesto”. Recuadro Hablan alcal-des El Universal consultó a varios alcaldes sobre las con-diciones del Gobierno para invertir en las vías terciarias. El alcalde de Turbaco, Mi-guel Arnedo Lozano, mani-festó no estar de acuerdo con la ley que condiciona las in-versiones. “Es claro que los munici-pios deben pagar sus deudas a las empresas de servicios públicos, pero no deben res-tringir la inversión social. No comparto esa ley, pues se entiende que el Estado está obligado a realizar inversio-nes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin limitaciones. Ahora se deben analizar las deudas de cada uno de los municipios, antes de limitar la inversión”, dijo. Así mismo, Adalberto Castilla, alcalde de San Cristóbal, señaló no estar de acuerdo con el llamado del Gobierno porque pareciera que estuviera presionando a los municipios para que pa-guen deudas a una entidad privada. “En San Cristóbal tenemos un convenio de pa-go con Electricaribe que es-tamos cumpliendo y lo que el Gobierno nos aprobó para vías terciarias fue $120 mi-llones, como a los demás municipios, siendo que va-rios caminos veredales se afectaron con el último in-vierno”, dijo. Por su parte, Jorge Luis Mendoza, alcalde de Villa-nueva, señaló que ese muni-cipio no tiene deuda con Electricaribe actualmente. “Esperamos que nos destinen recursos para invertirlos en el arreglo de los carreteables que conducen a la zona ru-ral”, dijo. La alcaldesa de Calamar, Sara Villalba, indicó que los más perjudicados con la apli-cación de esa herramienta le-gal son los municipios. “No-sotros nos sentimos perjudi-cados con Electricaribe por-que estamos pagando los convenios a esa empresa y nos quita el servicio de ener-gía a cada rato, aduciendo que son mantenimientos. Yo me pregunto ¿dónde está el estímulo para los munici-pios?”, puntualizó Sara Vi-llalba. Para Roberto Guardela, alcalde de San Juan, así co-mo el gobierno presiona para que le paguen a Electricaribe, debe buscar un mecanismo que los obligue a prestar un buen servicio a la comuni-dad. “En San Juan el servicio es malo, pese a que estamos al día en los convenios de pago que se han suscrito con esa empresa. Necesitamos un pronunciamiento de la Supe-rintendencia de Servicios Públicos”, dijo. Esto me inte-resa El articulo 18 de la Ley 1066 de 29/07/2006 habla de las Restricciones al apoyo de la Nación. “Sin perjuicio de las restricciones establecidas en otras normas y las sanciones a que haya lugar, se prohíbe a la Nación otorgar apoyos finan-cieros directos o indirectos a las entidades territoriales, sus entidades adscritas y vincula-das, así como a las demás en-tidades que dependan del res-pectivo ente territorial, que no cumplan oportunamente con el pago de los servicios públi-cos domiciliarios y de alum-brado público. En consecuen-cia, la Nación no podrá pres-tar recursos, cofinanciar pro-yectos, garantizar operaciones de crédito público o transferir cualquier clase de recursos distintos de los del sistema ge-neral de participaciones.” Con base en el articulo 18 de la Ley 1066 de 2006, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó a los alcaldes que el Gobierno nacional sólo desembolsará “créditos blandos” a los mu-nicipios para obras en la red vial terciaria si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos estar a paz y salvo con los servicios públicos domi-ciliarios y el alumbrado pú-blico. En una misiva enviada a los mandatarios municipales, el Ministerio de Hacienda arguye que mientras se esti-mula la generación de em-pleo a través de obras viales, se busca también que las administraciones locales cumplan con la responsabili-dad del pago de sus obliga-ciones de los servicios públi-cos de las entidades oficiales y el alumbrado público. Según informaciones de Minhacienda, a fecha 30 de junio de 2009, la deuda del sector oficial en la Costa por concepto del suministro de energía de hospitales, puestos de salud, colegios, acueduc-tos, sedes de alcaldías, con-cejos, inspecciones de poli-cía, acueductos rurales y alumbrado público, entre otros, es cercana a los 25 mil millones de pesos. Para el caso de Bolívar, los municipios adeudan Electricaribe la suma de $6.239 millones. Según el ingeniero Benjamín Payares Ortiz, funcionario de Elec-tricaribe, la problemática por la falta de pago es muy com-plicada a pesar de que perió-dicamente se reportan a las entidades territoriales los es-tados de cuenta de los sumi-nistros a su cargo y se pro-ponen alternativas de solu-ción a los mandatarios loca-les para la cancelación del servicio de energía que es una responsabilidad legal. Sin embargo, indicó que algunos alcaldes son re-nuentes al pago puntual de sus obligaciones. Finalmente, Payares re-cordó lo definido en el art. 12 de la Ley 142/94 que ex-plícitamente indica que este tipo de incumplimientos se constituyen en causal de mala conducta para los re-presentantes legales y los funcionarios responsables sancionable con destitución. “Esto sin dejar de lado lo contemplado en la Constitu-ción Política y en el Código Contencioso Administrativo y demás normas de presu-puesto”. Recuadro Hablan alcal-des El Universal consultó a varios alcaldes sobre las con-diciones del Gobierno para invertir en las vías terciarias. El alcalde de Turbaco, Mi-guel Arnedo Lozano, mani-festó no estar de acuerdo con la ley que condiciona las in-versiones. “Es claro que los munici-pios deben pagar sus deudas a las empresas de servicios públicos, pero no deben res-tringir la inversión social. No comparto esa ley, pues se entiende que el Estado está obligado a realizar inversio-nes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin limitaciones. Ahora se deben analizar las deudas de cada uno de los municipios, antes de limitar la inversión”, dijo. Así mismo, Adalberto Castilla, alcalde de San Cristóbal, señaló no estar de acuerdo con el llamado del Gobierno porque pareciera que estuviera presionando a los municipios para que pa-guen deudas a una entidad privada. “En San Cristóbal tenemos un convenio de pa-go con Electricaribe que es-tamos cumpliendo y lo que el Gobierno nos aprobó para vías terciarias fue $120 mi-llones, como a los demás municipios, siendo que va-rios caminos veredales se afectaron con el último in-vierno”, dijo. Por su parte, Jorge Luis Mendoza, alcalde de Villa-nueva, señaló que ese muni-cipio no tiene deuda con Electricaribe actualmente. “Esperamos que nos destinen recursos para invertirlos en el arreglo de los carreteables que conducen a la zona ru-ral”, dijo. La alcaldesa de Calamar, Sara Villalba, indicó que los más perjudicados con la apli-cación de esa herramienta le-gal son los municipios. “No-sotros nos sentimos perjudi-cados con Electricaribe por-que estamos pagando los convenios a esa empresa y nos quita el servicio de ener-gía a cada rato, aduciendo que son mantenimientos. Yo me pregunto ¿dónde está el estímulo para los munici-pios?”, puntualizó Sara Vi-llalba. Para Roberto Guardela, alcalde de San Juan, así co-mo el gobierno presiona para que le paguen a Electricaribe, debe buscar un mecanismo que los obligue a prestar un buen servicio a la comuni-dad. “En San Juan el servicio es malo, pese a que estamos al día en los convenios de pago que se han suscrito con esa empresa. Necesitamos un pronunciamiento de la Supe-rintendencia de Servicios Públicos”, dijo. Lo que dice la ley El articulo 18 de la Ley 1066 de 29/07/2006 habla de las Restricciones al apoyo de la Nación. “Sin perjuicio de las restricciones establecidas en otras normas y las sanciones a que haya lugar, se prohíbe a la Nación otorgar apoyos finan-cieros directos o indirectos a las entidades territoriales, sus entidades adscritas y vincula-das, así como a las demás en-tidades que dependan del res-pectivo ente territorial, que no cumplan oportunamente con el pago de los servicios públi-cos domiciliarios y de alum-brado público. En consecuen-cia, la Nación no podrá pres-tar recursos, cofinanciar pro-yectos, garantizar operaciones de crédito público o transferir cualquier clase de recursos distintos de los del sistema ge-neral de participaciones.”