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Para la Procuraduría General de la Nación, que presidió el evento que se realizó ayer en la Casa de Marquez de Premio Real de SENA, es inaudito que todavía existan proyectos de viviendas  que se vienen desarrollando desde el año 2001 y les falta por terminar.

El debate se inició desde el momento en que representantes del Banco Agrario, que gira los recursos para los proyectos, alegaron la falta de voluntad y de solución inmediata por parte de los entes territoriales a los problemas que afrontan muchos proyectos. Varios alcaldes municipales culpan a la entidad bancaria de no ejercer una interventoría correcta a las obras.

De los subsidios

El total de subsidio entregado al Bolívar desde el año 2000 hasta el 2010 se aproxima a los $75 mil millones, que corresponde al 11,80% del total de recursos entregados por el Gobierno en todo el país, siendo este Departamento uno de los que más dinero ha recibido por proyectos de Viviendas de Interés Social Rural.

El banco expuso que de los 199 proyectos que reciben subsidios desde el año 2000, 96 están en ejecución; 11 fueron intervenidos por presuntas anomalías y retrasos en las obras, 16 se encuentran en proceso de liquidación, 70 han sido liquidados y 6 afronta graves problemas porque no reúnen los requisitos que inicialmente le fueron exigidos.

Esos 199 proyectos beneficiarían a 11.180 hogares bolivarenses, pero pese a que muchos de ellos tienen más de tres años en desarrollo sólo 3.586 familias han podido recibir sus casas.

Del total de subsidio correspondiente a Bolívar, se han desembolsado unos $42.088 millones, pero esa inversión del Gobierno nacional no es congruente con lo que actualmente se posee en materia de VIS Rural. Solo se han recibido casas que equivalen a unos $16 mil millones.

La mayoría de esos proyectos se concentran en poblaciones como San Jacinto, Marialabaja, El Peñón, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Villanueva, Arenal del Sur, San Estanislao de Kostka, Calamar, entre otros municipios.

Los problemas

Hay problemas de retrasos, también se han excedido los términos legales previstos para su ejecución, entrega, liquidación y otras irregularidades  que no han permitido la entrega final de las viviendas a las familias beneficiarias.

El tira y jala

Pero la audiencia de rendición de cuentas, en la que se preveía que alcaldes y demás funcionarios responsables  en todo el Departamento debían explicar sobre el destino e inversión de los recursos de subsidio que han recibido del Estado para la ejecución de proyectos de VIS en sus localidades,  se convirtió en un rosario de quejas, pocas propuestas y denuncias mutuas, en la que, incluso, hasta los órganos de control fueron criticados.

A juicio de los procuradores de Bolívar y Provincial de Cartagena, Orlando Pinilla y Giovanna Rago Nigrinis, respectivamente, se ha evidenciado incumplimiento en los cronogramas de las obras, problemas en la calidad de los materiales y de las mismas obras, además de falta de idoneidad de los contratistas a quienes las entidades oferentes les han adjudicado la ejecución de los proyectos.

Al respecto, representantes del Banco Agrario reiteraron que a través de visitas efectuadas a los diferentes proyectos también se han detectado situaciones como el no aporte oportuno de los recursos de contrapartida por parte de las entidades oferentes, recibimientos de viviendas que no están terminadas, viviendas que no reúnen las condiciones de sismo resistencia y afrontan mala calidad de los materiales utilizados.

¿Y los culpables?

Algunos mandatarios alegaron que parte de la culpa recaía en el Banco que no ejercía la respectiva interventoría a los proyectos, mientras que la entidad bancaria respondía que los alcaldes no ejercían el control debido sobre los interventores que ellos contrataban y muchos menos sobre los contratistas.

Pero también fueron varios los personeros asistentes que coincidieron en anotar que la culpa recaía en los contratistas, al igual que en la interventoría, exigiendo  a la Procuraduría medidas de control contra éstos.

Sin embargo, la procuradora Provincial, Giovanna Rago, les recordó a los personeros  que ellos son los representantes de los entes de control en sus respectivos municipios, por lo que los conminó a presentar un informe dentro de 8 días sobre el estado actual y los problemas que afrontan los proyectos que se realizan en sus localidades.

Mientras que la escasa o nula interventoría a los proyectos, según varios alcaldes, recaía en el Banco Agrario, la Procuraduría les recordó a los mandatarios que según la Ley de Contratación Pública los municipios entran a ejecutar el control ante la ausencia de interventor en una obra pública, por lo que no era justificación culpar a la entidad bancaria.

También gran parte de las críticas recaían sobre los contratistas, a quienes algunos personeros, los calificaron como “los intocables” y a quienes no ha sido posible controlarlos.

Los contratistas

Pero también los contratistas salieron al ruedo. Uno de ellos que le trabaja a Edurbe, que desarrolla varios proyectos, alegó en la audiencia que el problema de retrasos en algunos proyectos obedecía a la demora en el giro de recursos por parte de los entes contratistas, a los embargos que afrontan algunos entes territoriales que no permiten el giro oportuno de dinero para la continuidad de las obras y al poco interés que muestran los alcaldes en el trámite administrativos que les corresponden.

Algunos interventores de obras también rompieron el silencio y salieron al escenario en su defensa. Uno de ellos alegó que su tarea se ha visto dificultada dado el poco apoyo de los mandatarios o los contratistas que no entregan la suficientes información sobre los proyectos.

Alegó que muchos mandatarios giran el total de recursos y no ejercen el respectivo control, pero tampoco colaboran entregando la información sobre la procedencia de los recursos girados, lo cual no permite elaborar las actas correspondientes de las obras.

A nivel nacional

Preocupa al Gobierno nacional, a la administración del Banco Agrario y a la Procuraduría General de la Nación, que al pasado 31 de enero 744 proyectos de VIS en varias zonas del país presentaban incumplimientos.

Éstos involucran las viviendas de 31.934 hogares campesinos y subsidios por $194.930 millones, de los cuales el Banco ha desembolsado a las entidades oferentes para la ejecución de las obras $143.366 millones, es decir el 73,5% de los recursos.

Sumado a las cifras anteriores y como consecuencia del incumplimiento reiterado y la poca gestión de las entidades oferentes, el Banco declaró el siniestro a 64 proyectos que involucran recursos de subsidio por más de $14.385 millones, lo cual afecta a 2.788 hogares campesinos.

 

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Comentarios

pero, nadien dice nada de los

pero, nadien dice nada de los que utilizan las contruciones de vivenda para hacer polítiqueria, aspirar al concejo, alcaldias, cambiando casas por voto, y son casas de muy mala calidad . votas por mi y te doy una casa eso sucede en varios municipios de bolivar.

Aja, pero no dice nada el

Aja, pero no dice nada el articulo, que pasa con nombres propios, sera que hay miedo, o es que hay muchos compromisos politicos, sera que recibieron ..... Bueno lo de siempre, tierra y tapelo, que le den mas platica y terminen... Al fin es Colombia y en Bolivar , y mas aun en Cartagena............