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Víctimas del conflicto dijeron no a indemnización del gobierno

Los familiares de las víctimas asesinadas en la masacre del 2000 en el corregimiento de Las Brisas (San Juan Nepomuceno) y la comunidad desplazada de Mampuján (Marialabaja), no recibieron con regocijo el anuncio de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

El líder Gabriel Pulido, miembro de la comunidad eje de la primera sentencia emanada por la controvertida ley, argumenta que no entiende cómo el Estado no trabaja armónicamente con la rama judicial.

A través de un comunicado de la Presidencia de la República, se anuncia un primer desembolso de $8.300 millones para un total de 789 víctimas de estas poblaciones y algunas aledañas que también se vieron afectadas por los hechos acaecidos en el 2000.

Además, dicen que posteriormente, cuando ya sean identificadas plenamente las 570 víctimas restantes, el monto desembolsado para la indemnización será de $14.500 millones. Esto, a pesar de que en la sentencia 34547 de Justicia y Paz, se ordena la indemnización por valor total de 32 mil millones de pesos.

“El pago de los $17.500 millones restantes se encuentra en estudio, debido a la controversia jurídica sobre el alcance de la responsabilidad subsidiaria del Estado en el pago de la indemnización”, explica el comunicado  del gobierno.

Frente a esto, Pulido dijo sentirse preocupado. “El gobierno no está respetando a la rama judicial. Lo preocupante de todo esto es que nosotros somos el ejemplo a seguir, qué va a pasar con el resto de las víctimas”, expresó el líder y agregó que desde diciembre las comunidades han trabajado para que se dé realmente cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el 2010 y ratificada el año pasado, en la que se condena a los postulados Úber Banquez, alias Juancho Dique, y a Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, desmovilizados del Bloque Héroes de los Montes de María, así como a la reparación integral de parte del Estado.

“No vamos a aceptar eso, porque la indemnización que establece la vía judicial es de más de 30 mil millones de pesos. El Estado no está reconociendo el daño emergente y el lucro cesante, lo que sí reconoce la reparación por vía judicial. Estuvimos en una reunión con miembros de la Unidad de Atención y Reparación, pero no llegamos a un acuerdo, porque para anunciar el pago de las víctimas, debió primero llegar una concertación de las víctimas y eso no sucedió”, precisó Pulido.

DINERO NO ALCANZÓ

La Ley 975 de 2005 habla de la reparación con los recursos de los postulados. La indemnización inicialmente es de los postulados, pero en caso de que el bloque no tenga, el Estado de manera subsidiaria o residual, asumirá el pago. Ya bien sea con donaciones nacionales o internacionales, o con recursos de la Nación. Lo tremendo es que como los postulados solo alcanzaron a dar 500 millones de pesos, entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad de pagar, lo que nos preocupa es que si nosotros recibimos un pago parcial, sin que se haya resuelto jurídicamente el tema, quién asume el excedente”, se cuestiona una y otra vez el líder del desplazamiento en Mampuján.

El documento emanado por el gobierno nacional, no parece haber tenido en cuenta esta visión de la reparación, ya que da como un hecho que las víctimas aceptaron el monto de la indemnización, cuando lo que tienen pensado hacer, de acuerdo a la información entregada por uno de sus líderes más destacados, es iniciar un proceso jurídico. “Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que como ciudadanos y sociedad civil tenemos, y es hacer valer nuestros derechos, reconocidos en una sentencia. Ya bien sea con una acción de tutela y con los pasos que hemos venido adelantando. Esto fue una apuesta a nivel nacional e internacional. Los organismos le apostaron a esta ley controvertida, pero se adelantó el proceso, lo que no esperábamos, era que después del incidente tuviéramos que seguir peleando. Sentimos que la lucha para acceder a los derechos no basta con obtener una sentencia, y el gobierno debería respetar a las víctimas, los avances que la rama judicial ha dado. Los poderes deben trabajar armónicamente”, concluyó el líder.

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Comentarios

DONDE CARAJO ESTA PEPE

DONDE CARAJO ESTA PEPE LOPEZ

Que burla con esta Ley, no lo

Que burla con esta Ley, no lo acepten, solo 10 millones a cada uno, al menos la sentencia judicial es mas sensata, ademas que cualquier dinero no devolvera las victimas .