La Oficina de Control disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro destituyó del cargo a la Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, Ana Regina Güette Herrera, y la inhabilitó para ejercer funciones públicas durante 15 años. La decisión se debe a presuntas irregularidades, al actuar en registro de propiedades de su familia. Según un documento emitido por el ente disciplinario, la funcionaria estaba impedida para adelantar cualquier inscripción en el registro, por ser bienes que estaban registrados a nombre de sus familiares. El fallo está basado también en una investigación que adelantó Patricia García Díaz, como directora de la Intervención de la Oficina de Registro Seccional de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar. En su informe, la investigadora asegura que la Registradora omitió inscribir y registrar en un alto número de inmuebles las medidas de protección colectiva estimadas por los comité Departamentales y Municipales de atención integral a la población desplazada por la violencia, respecto a inmuebles de la zona baja de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. “El 22 de septiembre de 2008 el asesor jurídico del Proyecto Tierras de Acción Social, le comunicó a la funcionaria que existían varios predios que contaban con matrícula inmobiliaria y hacían parte de la declaratoria de desplazamiento, y la funcionaria, no inscribió la medida de protección”. Aparte del proceso contra Güette Herrera, también se abrieron procesos disciplinarios contra María Dolores Benavides Acuña, Mariela Esther Ferrer Brieva, Julieth Cecilia García Martínez, Alberto Señas Donado y Eusebio Manuel Sánchez Barrios, funcionarios de la misma dependencia. “No cometí faltas” Ana Regina Güette Herrera manifestó que a raíz de la intervención que tuvo la oficina en el año 2008, fueron encontrados algunos hallazgos de carácter administrativos relacionadas con registros de bienes o documentos, pero que no prestaban mérito para inhabilitarla por tanto años. Agregó que lo que se está cometiendo con ella es una persecución política. “Si a mi me dicen que querían el puesto que durante varios años venía ejerciendo, yo hubiera renunciado y no hubiera permitido ese perjuicio en contra de mi hoja de vida laboral”, precisó Güette. Además dijo que a ella se le está violando el debido proceso en todas las formas, porque el 80% de las actuaciones investigadas están probadas dentro del proceso y eso no fue tenido en cuenta al momento en que fue proferido el fallo. “En ningún momento me aproveche de mi condición de registradora para favorecer a unos familiares, por el contrario me declaré impedida dentro de cualquier proceso donde se encontrara un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad”. Asegura que sus funciones como registradora están estipuladas en el control de legalidad que debe ejercer sobre cualquier documento que llegue a su despacho, sobre todo a los documentos que se someten a registro. Pero aclaró que hasta el pasado miércoles 24 de noviembre a las 11:30 de la mañana fue que conocieron el fallo en segunda instancia y fueron notificados del mismo. Por último, en un tono enérgico sostuvo que agotará todas las instancias que le otorga la ley, puesto que le fueron violados todos sus derechos y el debido proceso. Cabe anotar que la funcionaria aún se encuentra al frente del cargo de registradora.
Regional
“Me violaron debido proceso y mi defensa”
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