En una espera angustiosa están los habitantes de La Boquilla porque no tienen certeza sobre lo que pasará con ellos ni con sus viviendas cuando la construcción de la doble calzada Cartagena - Barranquilla, el Viaducto del Gran Manglar, llegue a la zona en la que habitan.
Las obras contemplan la ampliación de la vía en ambos sentidos, por lo que deberán trasladarse las más de 120 familias que viven al pie de esta, específicamente, en el sector comprendido entre el restaurante El Gran Chef Marino hasta el puente Caño Luisa, en el margen izquierdo; y desde el centro de convenciones Las Américas hasta el Kilómetro 4, en margen derecho.
“La comunidad está en el aire, estamos angustiados y con zozobra porque ya están ejecutando la doble calzada y no sabemos qué va a pasar con nosotros, no tenemos conocimiento de cómo serán las cosas en adelante”, afirmó John Jairo Ortega, presidente y representante legal de la Corporación Afrocaribe de La Boquilla y miembro del concejo comunitario de ese corregimiento.
Ortega asegura que durante el proceso de consulta previa adelantado por el Gobierno, no lograron llegar a acuerdos por lo que el trámite legal cerró sin compromisos claros a favor de los boquilleros.
El ítem que más preocupa a los vecinos de La Boquilla es el predial. Durante la consulta, propusieron que les compraran sus casas, teniendo como referencia un avalúo catastral justo y que se incluyeran los perjuicios que implica dejar de hacer ciertas actividades económicas como la cría de cerdos y peces.
Sin embargo dicen que esta petición no fue aceptada y que les dijeron que solo comprarán los inmuebles con escritura legalizada.
“La mayoría vive aquí desde hace años, pero no tienen cómo obtener la escrituras de su predio, por eso es complicado”, dice el Presidente de Afrocaribe.
Otro de los compromisos que requería la comunidad era la protección de ciertos espacios para continuar con sus manifestaciones culturales y hábitos como la pesca. También pedían vinculación laboral al proyecto.
“Traen personas de comunidades aledañas como Puerto Rey, Tierra Baja y Manzanillo. No nos tienen en cuenta para nada, nosotros no existimos para este proyecto”, dicen.
Acercamientos infructuosos
Representantes de La Boquilla aseguran que luego del cierre de la consulta previa en 2014 han tenido acercamientos con la trabajadora social y un ingeniero de la Concesión Costera, a cargo de la ejecución de la obra.
“No dicen que ellos tienen su licencia ambiental, que no necesitan hablar nada con la comunidad y que van hacer la vía por encima de quien sea (...) aquí lo que habrá es un desplazamiento masivo y derrame de sangre porque ¿qué mas podemos hacer si llegan a tumbarnos nuestras casas?, responder con violencia”, aseguró Ortega.
Los boquilleros dicen que siempre han estado dispuestos al diálogo, mientras tengan en cuenta sus intereses.
Concesión responde
Miguel Acosta, gerente de la Concesión Costera indicó que en enero de 2015 recibieron del Gobierno el trámite de consulta previa terminado y “aunque la comunidad de La Boquilla cerró sin acuerdo, certificamos que el proceso fue realizado”.
Acosta indica que el contrato establece una serie de compensaciones, que no especificó en entrevista con este medio, y que están basados en los que la ley indica con respecto a estos casos. “Estamos siguiendo el procedimiento del contrato en el tema predial, cuando lleguemos a ese tramo haremos el acercamiento con las personas dueñas de esos predios, que deberán presentar sus escrituras para proceder con el avalúo y aquellos que estén territorios colectivos también se les resolverá la situación a través del consejo comunitario”, explicó.
El ingeniero destacó que los boquilleros deben estar “ tranquilos porque nos estamos ciñendo a la normativa colombiana y al contrato. No vamos a infringir la ley en contra de las comunidades aledañas al proyecto”.
“Nos deben ver como aliados”
En días pasados, el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que la inseguridad jurídica estaba afectando los proyectos de desarrollo que impulsa el Gobierno, luego de que un Tribunal de Bolívar ordenó la suspensión de obras del proyecto del Viaducto, en un proceso de tutela interpuesto por la habitantes de La Boquilla.
El Vicepresidente se pronunció en Cartagena durante el Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios: “Ya presentamos el recurso de reposición y de apelación, pero no hay derecho. Un proyecto que fue socializado hace dos años, que representa una inversión de 1.2 billones de pesos, que fue consultado en su momento, cuyas obras están en marcha, y sea objeto de una parálisis porque no se adelantó una consulta”.
Ante estas declaraciones, Henry Guizamano, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena, indicó que el alto funcionario va en contra del proceso de paz y lo que pretende es señalar a los grupos étnicos como obstáculos de desarrollo.
“La consulta previa es un derecho y un espacio de dialogo, es la forma como las comunidades participan activamente en el desarrollo, por eso no nos deben mirar como un obstáculo sino como aliados. No se justifica que vayan a invertir tanto en la construcción del viaducto y a la comunidades aledañas ni siquiera le puedan pavimentar una calle, esas comunidades que no cuenta con alcantarillado, gas natural o agua potable”.
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