La preservación y defensa del espacio público en todas sus manifestaciones, más que un catálogo de normas sistemáticamente violadas todos los días por gentes de todos los estamentos sociales, debería ser un código de comportamiento y un estado de ánimo que nos permita el uso y goce racional del entorno que se traduzca en mejor calidad de vida para todos. El fenómeno y la problemática de la invasión del espacio público afecta a todas las ciudades del mundo, y Colombia y nuestra cara ciudad no podían ser la excepción. Al contrario, somos proporcionalmente más afectados que urbes poblacionalmente más densas en donde el Estado sí interviene eficazmente, con recursos y políticas bien concebidas y, sobre todo, en donde sí existe la planificación necesaria como el eje fundamental de todo buen gobierno. Con modestia y humildad, pienso que no se requiere ser sociólogo, ambientalista o ecologista para percibir y opinar sobre el crecimiento desmesurado de la invasión del espacio público en toda la ciudad (calles, aceras, playas y parques), que son los espacios públicos por excelencia con todas sus secuelas; de otro lado está el despojo y sistemática usurpación de playas, lagunas y terrenos de baja-mar mediante la socorrida figura de la “prescripción adquisitiva de dominio”, pese a que constitucionalmente estos bienes son imprescriptibles y no se pueden enajenar. César Salguedo Hernández C.C.No. 9.056.390 de Cartagena.
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