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Proteger la salud, una obligación

En estos días hemos escuchado por los medios de comunicación los decretos de la salud impartidos por el gobierno para dar con la estocada final. No fue suficiente el atropello de la Ley 100/93, el cierre de hospitales públicos y la creación de las EPS.

En vez de mejorar la atención de los pa-cientes, se ha ido deteriorando cada día la salud del enfermo, al no formular el medi-camento efectivo, para sanar al doliente por parte de muchos médicos, que al parecer no aplicaron la ética profesional. Al no hacer respetar sus derechos y actuar con profesio-nalismo por querer conservar su trabajo y no manejar los conocimientos, que durante varios años les enseñaron, no produjeron un pare de inmediato, por las arbitrarieda-des que le implantaron los inquisidores que se apoderaron de la salud, para sacar gran-des utilidades económicas. Por esa deter-minación tan drástica, muchos pacientes no pudieron resistir, al no ordenarles la droga adecuada para prolongar su salud y su vida, sino que recibían un medicamento genéri-co que tanto perjuicio ha causado.
Gracias a la Corte Constitucional y jue-ces de tutela, que analizaron tantas injusti-cias que causaban a los pacientes, que no podían pagar una consulta especializada y si los atendía una entidad de salud no le re-cetaban la medicina que necesitaba verda-deramente el afectado, sino las que no esta-ban incluidas en el POS, o las que autoriza-ran las EPS, la cantidad de defunciones ha-bría sido mayor. No queremos más abusos. Los profesionales involucrados en esa de-terminación, deben tomar conciencia, re-cetar lo correcto y velar por la sanidad de cada afectado, ya que la salud es un derecho fundamental y una obligación, por parte de los encargados. Ordenen al enfermo un medicamento que lo restablezca pronto, calme el dolor, el sufrimiento y pueda pro-longar su existir hasta cuando Dios lo or-dene. No la acorten por culpa de los que quieren administrar la salud. A ellos lo úni-co que les interesa es su bienestar personal.
“Por favor no más extralimitaciones y que se formule lo justo”.

Edilberto Rafael Suárez Mendoza
CC. 7.470.338 de Barranquilla

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