Con preocupación estamos atentos a las variaciones legales ocasionadas por la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. Hemos sido testigos mudos de muchos cambios que se asoman sigilosamente en beneficio de muchos. También habrá perjuicios. Muestra de esto es la implacable velocidad de aprobación de la mal llamada ley Lleras 2.0, en un país donde el trámite de un proyecto de ley es latoso, flemático y engorroso. Sin embrago, la ley Lleras en menos de un mes se ratificó. La mayoría del pueblo colombiano, que utiliza los servicios del internet, desconoce las dificultades e inconvenientes que le sobrevienen a la implementación de esta ley. La confrontación entre los derechos de autor y el acceso a la información, dirimiéndose contra una de las funciones esenciales del ciberespacio: la obtención de conocimiento estrechamente ligado con la comunicación y el entretenimiento, debería resolverse en favor de la mayoría. El artículo 20 de nuestra Carta magna consagra el derecho a la información. Y en el Congreso está radicado desde el año 2011 un proyecto de reforma constitucional que busca garantizar el acceso a internet como un derecho fundamental. La ley Lleras 2.0 es la aprobación del A.C.T.A. ( Acuerdo comercial anti falsificación) que internacionalmente protege la propiedad intelectual. Medidas correctas que degeneran limitando o coartando el derecho a la información. ¿Será constitucional la ley Lleras 2.0?
Clemente Luis Polo Paz
C.C. No.73.144.507 de Cartagena.
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