El miércoles en la tarde y después de haber estado toda la mañana en las diligencias, se pudo llegar a un acuerdo entre la Alcaldía de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, Gobernación, Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, respecto al desalojo que se llevaba a cabo en el predio que ocupa el cabildo indígena Zenú, en Membrillal.
El propósito del acuerdo es suspender por ocho días las diligencias y convocar a una reunión con el fin de encontrar soluciones, en las que no se vulneren los derechos de los indígenas. El desalojo obedecía al cumplimiento de un fallo del pasado 20 de abril emanado por el Juzgado Primero Civil de Cartagena, tras un largo proceso judicial iniciado por los propietarios del predio, que lo reclamaban.
Una comisión de la comunidad indígena Zenú, el secretario del Interior, Fernando Niño; y el Defensor del Pueblo de Bolívar, Roberto Vélez Cabrales; se reunieron ayer en la mañana para abordar la problemática social generada a raíz de la orden de desalojo.
“Para que se lleve acabo el desalojo, primero debe haber una reubicación de la comunidad”, así lo recalcó Fernando Luna, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, y quien ha estado acompañando al cabildo en gran parte del proceso.
Marlon Yanez, representante de la Personería, afirmó que “la Sentencia T781 de 2014 dice que si bien hay que hacer la reubicación, también hay unos protocolos que se deben seguir para que no haya atropellos para esta comunidad. Hay que reubicarlos y darles ciertas garantías para el proceso, que en este momento no las tienen”, haciendo referencia a que la comunidad no puede quedar en la calle, ya que además de que es desplazada por el conflicto armado, pertenece a una etnia indígena, y no se les pueden vulnerar sus derechos.
El Defensor del Pueblo manifestó que desde meses atrás la entidad brinda el acompañamiento necesario a las más de 60 familias que ocupan el terreno, salvaguardando sus derechos y su condición de desplazados.
Por su parte, el secretario del Interior precisó que “en estos momentos se decidió que habrá una comisión de la Defensoría y la Personería revisando el protocolo y el procedimiento que se está llevando a cabo para hacer la restitución del inmueble, para así dejar las sugerencias pertinentes, para proteger los derechos de la comunidad”.
La directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar Ella Cecilia del Castillo aclaró sobre el caso de Membrillal que “si bien es una situación relacionada con tierras, este no obedece a una situación que sea cobijada por la Ley de Restitución de Tierras, dado que la misión de esta unidad es restituir los territorios que fueron abandonados o despojados a causa del conflicto armado”.
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