La dificultad de acceso a la oficina jurídica y a la Defensoría del Pueblo son algunas de las denuncias hechas por los reclusos de la Cárcel de Ternera que han motivado cinco derechos de petición presentados la defensora del pueblo de Bolívar, Irina Junieles Acosta, a las directivas de ese centro penitenciario.
Aunque ninguno de estos ha sido respondido todavía, a pesar de que fueron enviadas desde el 16 de enero y ya han vencido los términos, Junieles Acosta espera que se haga cuanto antes, pues, de no ser así, se vería obligada a instaurar una acción de tutela contra la dirección del penal.
“Estamos haciendo seguimiento a la situación de la Cárcel de Ternera, porque no hemos conseguido suficientes avances en el acceso fácil a la justicia para los internos. Hace quince días se comprometieron a que los representantes de los patios puedan llegar hasta la oficina jurídica de la cárcel y recibir la asesoría necesaria”, explicó la Defensora.
La funcionaria dijo que ha presentado los derechos de petición para conocer “información sobre muertes naturales y violentas en el penal. Qué está causando las riñas y cuáles son los cambios que se están haciendo para evitarlas”. (Lea aquí: Riña en cárcel de Ternera deja dos internos heridos)
NO SE HACEN CÓMPUTOS EN EL PENAL
Dentro de las denuncias hechas por Junieles Acosta, una de las más alarmantes es la falta de garantías para que los reclusos puedan computar sus penas y a la vez recibir asesoría para conocer las garantías de las reformas al Código Penitenciario. Al parecer desde hace cuatro meses no se hacen cómputos dentro de la Cárcel de Ternera.
“Los reclusos están exigiendo mucho el acceso a los cómputos, que les permiten pedir algunas prerrogativas penales como, por ejemplo, libertad condicional. Estos se hacen en un software, el software lo hace un funcionario y este se ha ido de vacaciones, luego se ha incapacitado y desde hace varios meses no se hace este procedimiento”, denunció.
Por este mismo caso, un recluso instauró una acción de tutela que cursa en este momento y que fue coadyuvada por la Defensoría del Pueblo de Bolívar y en la que se se adjuntaron las peticiones hechas a las directora de la Cárcel, en el sentido de que se explique cómo se va a garantizar que a los reclusos se les compute para que reciban las prerrogativas penales.
En el último mes, la Defensoría del Pueblo ha realizado dos comités de derechos humanos que han sido solicitados por los internos y ha logrado conversar con los representantes de los patios para conocer las situaciones que se viven en el centro penitenciario.
“LOS OFICIOS SE ESTÁN ESTUDIANDO”
Para conocer la posición de las directivas de la Cárcel de Ternera, este medio habló con un funcionario de la dirección del penal, quien confirmó que los derechos de petición presentados por Junieles Acosta están siendo estudiados.
“Si los oficios se recibieron y se están estudiando para dar respuesta. No tengo conocimiento sobre ninguna anomalía en el proceso de certificado de cómputo. A todo el que lo pide se le entrega”, dijo el funcionario, quien pidió que no se publicara su nombre.
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