El hacinamiento en la Cárcel de Ternera no representa ninguna novedad para las autoridades, sin embargo, las condiciones de vida se agravan y al parecer la alerta que durante años se ha emitido sobre la situación en el penal no tiene la suficiente atención de alcaldes, gobernadores, secretarios, ni entes de control.
Decenas de informes se han emitido sobre el penal, pero nada parece escandalizar lo suficiente como para tomar medidas. La Cárcel de Ternera, por ejemplo, debería recibir solo a 1.464 internos condenados, que son su responsabilidad, pero hoy alberga a 2.306, más de mil son sindicados. Esta población debería estar a cargo del municipio o departamento, en cárceles construidas para ese fin, o debería estar en Ternera pero por un contrato en el que se asignen recursos para mantenerla, sin embargo, estas posibilidades no avanzan, y los hombres condenados y sindicados siguen durmiendo en pisos y enfermándose.
“Hemos encontrado casos de enfermedades tan graves como VIH, cáncer, y otros enfermos que requieren actuación inmediata. Existe insuficiencia de personal de guardia para garantizar la custodia de los más de 2.200 internos”, dijo Paula Andrea Ramírez, en ese momento procuradora delegada para asuntos penales, después de visitar la cárcel en julio de 2016; “la Procuraduría conformó un grupo de trabajo para atender el elevado hacinamiento en la cárcel de Cartagena, San Sebastián de Ternera”, se publicó en este diario en el año 2014; “Ternera sigue entre las cárceles más hacinadas del país”, fue una nota de El Universal en junio de 2016, titulares que dejan en evidencia que aunque se conoce el problema, las soluciones planteadas son poco profundas y terminan quedándose en un titular de prensa, incluso para los entes de control.
El Universal conoció el informe completo de la Personería Distrital, con el que se lanzó una alerta por un posible colapso de la infraestructura de la cárcel, el documento expone el panorama de cuántos y cómo viven en la San Sebastián de Ternera.
Sindicados, la causa del hacinamiento
Capacidad: 1.464 internos condenados
Internos: 2.306 entre condenados y sindicados
Sindicados: alrededor de 1.000
Tope de hacinamiento permitido: 20 %
Hacinamiento: 57 %
Patios: 7
Camas: 1.330
¿Cuánto cuesta cada interno?: entre 13 y 15 millones de pesos
Funcionarios del Inpec: 143 entre guardias, suboficiales y oficiales.
Funcionario/interno: un guardia por cada 16 internos.
Trabajan así: Turnos de 24 para custodia y vigilancia.
Turnos de compañía, que son los funcionarios que se encargan de llevar internos a remisiones y citas médicas.
Edward Montaño, funcionario del Inpec y presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), explicó que la sobrepoblación provoca una convivencia hostil, “altera mucho el orden público interno, además de generar brote de enfermedades como tuberculosis, meningitis, entre otras. En una celda donde tienen que dormir dos internos, duermen ocho o diez, no tenemos camas.
“La norma dice que por cada interno deben haber dos guardianes, muchas veces 5 y 6 internos salen con un solo guardián. La sobrecarga ha generado malestar en los funcionarios. Hemos pedido más personal, pero no es suficiente”.
Informe de salud
126 internos enfermos: 72 hipertensos, 23 diabéticos, 21 con VIH, 2 con cáncer, 4 con tuberculosis, 3 con enfermedad pulmonar crónica y uno con varicela.
*Aunque El Universal le pidió al Dadis reportar las jornadas o atención en salud para los internos, la entidad aseguró que solo hasta esta semana y después de las posesiones, se podría acceder a esa información.
Infraestructura, “casi en ruinas”
Según el informe general sobre la Cárcel de Ternera entregado por el personero delegado en lo penal, la infraestructura del reclusorio es deplorable, “es una edificación antigua, sin el debido mantenimiento y por lo tanto existen varias zonas que amenazan con colapsar, poniendo en peligro la vida de los internos y empleados por igual, por lo que se requiere de forma urgente una intervención integral total”, indica el delegado del Ministerio Público.
Cero en salubridad
Humedad, aguas servidas, alcantarillas rebosadas y destapadas e inexistencia de mantenimiento para la infraestructura, “que incide en la salud de los internos, en especial en las instalaciones donde se venían desempeñando las funciones de cocina (El Rancho), y que solo hasta hace dos meses fue sellado por insalubridad por el Dadis, por lo que se trasladó de forma transitoria a una bodega que se adecuó para estos fines pero que tampoco reúne todos los requisitos de salubridad”.
¿Qué requisitos no cumplen?
Enchapado total de paredes, acondicionamiento técnico de los pisos, ventilación, almacenamiento refrigerado, cerramiento que impida entrada de roedores, capacitación técnica a manipuladores y control.
Obras contratadas
La reparación general de “El Rancho”, donde funciona la cocina del penal, y obras en las garitas de vigilancia, pavimentación de muros y construcción de alojamientos de guardias, son algunas de las intervenciones contratadas a través de Fonade por $13.685.891.840.
Así van las obras:
Al parecer las obras no han arrancado. Según el sindicato del Inpec, “la cocina transitoria se nos está quedando fija, tampoco cumple con estándares, no se ha iniciado las obras en “El Rancho”. Pedimos al Dadis que cierre el área de producción de alimentos de la Cárcel de Ternera”.
Posibles soluciones
La Ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario y Carcelario, expone dos opciones que podrían solucionar la situación de la Cárcel de Ternera.
1. La construcción de una cárcel municipal o departamental.
2. Contratos con Inpec, en los que se convenga la fijación de sobresueldos, dotación, provisión de alimentación, y mantenimiento de los edificios en caso de ser propiedad del distrito o departamento.
¿Qué dicen las autoridades?
Lo más cercano a una solución, fue la planteada por el gobernador Dumek Turbay, en junio de 2017. “Proponemos que la Cárcel de Ternera sea trasladada. Entre las alternativas están Villanueva y San Estanislao”, dijo el mandatario en ese momento.
El Universal le preguntó al mandatario departamental sobre esta propuesta, y Turbay aseguró que “el proyecto se está estructurando para que pueda hacerse en algunos de los pueblos del norte del departamento, que pueda fortalecer la dinámica económica del municipio. Claro, la cárcel estaría en zona rural y no en el casco urbano”. El gobernador de Bolívar reveló que el jueves se reunirá con el director del Inpec y el ministro de Justicia, precisamente para avanzar en esta propuesta.
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