Imagina que has estado junto a tu pareja por 35 años. Imagina que si bien puedes elegir no casarte, quieres hacerlo con la persona con la que has convivido por más de tres décadas. Imagina que no te puedes casar con esa persona porque no tienes garantías legales y porque está “mal visto” que esa persona sea de tu mismo sexo. Imagina que tienes finalmente la posibilidad de que un juez en un pueblo remoto del Caribe colombiano pueda formalizar tu unión antes de morir. ¿Tomarías esa oportunidad?
Esta fue la historia que más conmovió a Carlos García Granados, un abogado de la Universidad de Cartagena. Cuando era juez en San Estanislao de Kotska (Bolívar), más conocido como Arenal, logró unir en matrimonio a 31 parejas. “Me pareció muy injusto que todos mis colegas jueces les dijeran que no, y entonces yo decidí decirles que sí y las casé. A los pocos meses ella falleció, pero falleció feliz por haberse casado. De hecho, siempre estuvieron muy agradecidas conmigo de haber hecho eso, de haber respetado esa decisión, esa voluntad, ese compromiso, ese amor que se tenían ellas”, cuenta.
García Granados fue uno de los pocos jueces en Colombia que a partir de julio de 2013 decidió casar a parejas homosexuales luego de la decisión de la Corte Constitucional de permitir la unión entre parejas del mismo sexo. Para García, más que una decisión de casarlas, “era una orden que imponía la sentencia de 2011. La sentencia era muy clara al decir: señores jueces y notarios, esta no es una concesión graciosa que ustedes hacen, es el cumplimiento de un deber constitucional”.
A su municipio llegaban de Bogotá, Medellín, Neiva y Valle del Cauca. También unió a parejas de colombianos con extranjeros que iban hasta Arenal, desde Francia, Australia, Estados Unidos y Austria.
“Son personas que tenían un proyecto de vida de hace muchísimo tiempo, ya lo habían reflexionando bastante, independientemente del tiempo que pudieran durar”, asegura García. “También había parejas que ya habían pasado por todas las otras etapas, ya habían declarado la unión marital de hecho o la tenían sin haberla declarado. En líneas generales, sus familiares ya lo sabían, tenían años de convivencia”.
García considera que estuvo en el lado acertado de la legislación. Como era de esperarse se encontró con colegas que no estaban de acuerdo con lo que hacía, pero comenta que todas las autoridades fueron respetuosas de su independencia y autonomía. “Nunca lo manejé con el morbo de ‘porque esto es pecado’ (...) a nosotros nos rige una legislación y esa legislación nos obliga a otorgarle a todas las personas los mismos derechos”.
En ese sentido García se sitúa del lado de las leyes y es de la opinión de que los derechos se deben garantizar a todas las personas por igual. “Toca cambiar el chip y toca cambiar el chip en el sentido de entender que los derechos se deben conceder de manera igual. Por eso le llamamos matrimonio igualitario porque debe ser igual al matrimonio de un hombre y una mujer. No hay ninguna diferencia: el cariño es igual, el afecto es igual, el respeto y las obligaciones son iguales”, concluye.
SITUACIÓN EN CARTAGENA
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, asegura que el 49% personas LGBTI en la ciudad se sienten discriminadas, esto, según cifras de Cartagena Cómo Vamos. Los miembros de esta comunidad sufren cuatro tipos de discriminación o exclusión:
- Cartagena es la segunda ciudad, después de Barranquilla, con más homicidios de personas LGBTI. Los casos investigados permiten concluir que hay una fuerte relación entre el crimen y la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. [Lea aquí: Investigan muerte de transexual]
- Las agresiones de la Policía Nacional a las personas diversas sexuales, especialmente en espacios públicos, son evidentes. “Cuando un policía requiere a un ciudadano y es un ciudadano LGBTI, lo hacen con violencia y en ocasiones han puesto en riesgo la vida de las personas”, explica Castañeda.
- La negación de derechos por orientación sexual o identidad de género se han presentado en establecimientos educativos de Cartagena, espacios laborales y en centros de salud.
- Amenazas de bandas criminales a líderes LGBTI en barrios como Nelson Mandela y Olaya, por su orientación sexual.
El Director de Caribe Afirmativo explica que Cartagena siempre tiene una reacción dual a cualquier tema, y para el tema de la diversidad sexual no es la excepción: una es la respuesta de la ciudad amuralla y otra es la respuesta del resto de la ciudad.
“La ciudad turística, amurallada, que vive de la hotelería, ve los temas LGBTI como una oportunidad porque están leyendo en las personas de esta comunidad que son consumidores. Por ejemplo, en Caribe Afirmativo hemos recibido llamadas de hoteles, empresarios de la ciudad, que quieren “explotar” el mercado LGBTI. Están hablando de que Cartagena puede ser una capital donde se promueva el matrimonio igualitario”, explica.
La lectura de Castañeda no es descabellada considerando que Cartagena se promociona como destino de bodas. Pero el tema que les preocupa es que se piense en las personas de esa comunidad como consumidores de los servicios turísticos, que reciben un trato completamente diferente, y no en los homosexuales, lesbianas y transgénero cartageneros, los de a pie, que día a día sufren experiencias de discriminación y exclusión
La respuesta del resto de la ciudad está “motivada por falta de cultura ciudadana, por presiones religiosas, por moralismos públicos, dice que no está de acuerdo, que eso va contra el bienestar de los niños, etcétera”, asegura Castañeda.
Lo que sí concede Castañeda es que actualmente las personas LGBTI, las agendas y las actividades dirigidas a esta comunidad están siendo más visibilizadas gracias al trabajo de las universidades y diferentes autoridades y que a su vez estas están creciendo gracias al apoyo de la ciudadanía.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo es una de las entidades que trabaja codo a codo con la comunidad LGBTI en Cartagena para garantizar sus derechos. Esta entidad ha planteado argumentos a favor ante la Corte Constitucional, en temas como el matrimonio igualitario, la adopción y otras garantías al derecho a la igualdad, que han servido como soporte para los fallos que ha expedido el Alto Tribunal.
“La mesa de casos urgentes es un espacio donde identificamos cuáles son las principales problemáticas en Cartagena, que es donde más recibimos denuncias, y las tramitamos con las autoridades correspondientes. En esa mesa nos ocupamos de los casos que más urgen solución”, explica Irina Junieles, directora de la Defensoría del Pueblo, regional Bolívar.
En esta mesa se tratan temas como seguimiento a los casos de víctimas de la comunidad LGBTI del conflicto armado y casos de discriminación en espacios públicos de Cartagena. En esta mesa participan Caribe Afirmativo, la Gobernación de Bolívar y la Policía Nacional.
“La primera tarea es empezar a hacer una pedagogía con jueces, notarios, con la sociedad civil, para que entiendan que las personas LGBTI son iguales. Nos viene una tarea grande en ese sentido, la idea es que la podamos hacer con mucha entereza, con mucha co-responsabilidad de la sociedad, haciendo seguimiento a que no haya discriminación, ni negación de derechos”, explica Castañeda.
El departamento de Bolívar cuenta con una política pública para la comunidad LGBTI creada durante el gobierno de Juan Carlos Gossaín. Queda en manos de la administración de Dumek Turbay Paz aplicarla.
SIN POLÍTICA PÚBLICA
Cartagena no cuenta con política pública para esta población. Durante la administración de Judith Pinedo se dieron grandes avances en cuanto a visibilidad de las temáticas LGBTI, pero de allí en adelante los esfuerzos han sido pocos.
En el documento base del Plan de Desarrollo de Manuel Vicente Duque se dedica un punto dentro de la línea estratégica "gente de especial protección constitucional" para la población LGBTI. Este punto tiene tareas bastante obvias como su inclusión en lo cultural y deportivo, sensibilización a la ciudadanía de los temas LGBTI a través de acciones afirmativas para lograr el reconocimiento de sus derechos, atención diferenciada para la población en salud, justicia y seguridad y capacitación a servidores públicos. Hasta el momento, ninguna tarea concreta, nada realmente innovador.
El fallo de la Corte Constitucional solo fue un escalón más en la lucha de la comunidad LGBTI para lograr la igualdad, pero también sirve para la construcción de una sociedad más justa.
"El fallo responde a una obligación que tiene el estado colombiano de garantizar la igualdad a las personas sin distinción de su orientación sexual o identidad de género, en consecuencia creemos que este fallo favorece la igualdad favorece la inclusión de la población LGBTI y permite que la sociedad se vaya sensibilizando frente a los derechos que tienen todas las personas sin importar su condición sexual. El fallo hace una sociedad más justa e igualitaria", concluye Junieles.
EN CONTEXTO
Colombia se convirtió hace dos semanas en el país número 24 en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario. No es una noticia de poca monta, pues la decisión de la Corte Constitucional busca reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas, sin importar su orientación sexual.
[Lea aquí: Corte Constitucional avala el matrimonio igualitario]
Tutela tras tutela, las parejas del mismo sexo en Colombia, lograron que la Corte Constitucional llamara matrimonio a sus uniones. [Lea aquí: Este es el panorama mundial del matrimonio igualitario]
En junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en un histórico fallo que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio en todos los estados del país. El máximo tribunal reconoció así el derecho al matrimonio entre parejas homosexuales como una garantía de libertad e igualdad.
El juez Anthony Kennedy, magistrado encargado de escribir la sentencia, definió así la decisión:
“Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, por cuanto encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Al formar una unión marital, dos personas se convierten en algo más grande de lo que alguna vez fueron. Como algunos de los demandantes en estos casos demuestran, el matrimonio encarna un amor que puede perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres decir que irrespetan la idea de matrimonio. Su petición es que sí lo respetan, lo respetan tan profundamente que buscan su realización para ellos mismos. Su esperanza es no ser condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de nuestra civilización. Piden por igual dignidad ante la Ley. La Constitución les concede ese derecho”.
LA DECISIÓN COLOMBIANA
Desde el 2011 se viene debatiendo sobre el matrimonio igualitario en Colombia. Ese año la Corte Constitucional concluyó que las parejas del mismo sexo son familia y que deberían casarse (C-577/11), pero dejó en manos del Congreso de la República legislar sobre el tema. Para ello le dio un plazo de dos años, al final de los cuales si no se decidía nada, como efectivamente ocurrió, las parejas del mismo sexo podían acudir ante jueces y notarios y presentar sus solicitudes de matrimonio.
En ese momento, el Congreso debía legislar sobre una institución contractual que permitiera a las parejas homosexuales constituir una familia. Es importante anotar que la Corte consideró que en los últimos años había cambiado la interpretación tradicional de familia que se encuentra en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, por lo cual el vínculo jurídico que constituye una familia ya no es solo el matrimonio heterosexual, sino que se debía tener en cuenta la voluntad responsable de querer conformarla también puede dar origen a familias a través de vínculos jurídicos o naturales.
“Del 2013 a la fecha muchas personas se han casado. Según Notariado y Registro hay 73 parejas del mismo sexo en Colombia casadas, porque consiguieron jueces que leyendo la sentencia de 2011, procedieron a casarlas”, explica Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo. [Lea aquí: Las luchas de las parejas del mismo sexo tras la aprobación del matrimonio gay]
Ahora bien, estas parejas que habían logrado contraer matrimonio, encontraron problemas a la hora de asentar su unión y decidieron presentar acciones de tutela que fueron falladas en contra. La Corte debía decidir sobre el accionar de jueces y notarios al momento de formalizar dichas uniones y si estas podían llamarse matrimonio. Algunas de estas tutelas llegaron hasta la Corte Constitucional y sobre una de ellas debía preparar su ponencia el magistrado Jorge Pretelt.
La propuesta de Pretelt fue desconocer las uniones que se habían efectuado hasta el momento, apoyándose en el argumento de que las uniones deberían ser entre hombre y mujer, como esta contenido en el artículo 113 del Código Civil. Además, Pretelt consideraba en su ponencia, que de acuerdo al fallo C-577/11 las parejas del mismo sexo ya estaban protegidas por un contrato que tenía los mismos efectos del matrimonio. Una figura que se denominó como “unión solemne” pero no tenía ninguna validez jurídica.
La ponencia de Pretelt fue rechazada por 6 votos contra 3, pues la Corte consideró que en este caso hay un “déficit de protección”, pues el contrato que pueden firmar hoy las parejas del mismo sexo tiene los mismos efectos de un matrimonio, pero al no llevar ese nombre, se discrimina a los miembros de esta comunidad. [Lea aquí: Triunfos jurídicos de la comunidad gay en Colombia en los últimos años]
Esta nueva sentencia a diferencia de la del 2011 debe tener dos claridades “la primera que la unión de parejas del mismo sexo no se puede llamar diferente porque eso es discriminar, si van a estar juntos se debe llamar matrimonio y debe tener los mismos efectos del matrimonio, porque otra cosa diferente es discriminar, y segundo, las parejas del mismo sexo deben tener acceso a los derechos igual que las parejas heterosexuales”, asegura Castañeda.
La sentencia final quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos “quien dio su aval al matrimonio igualitario al estimar que a pesar de que en el Código Civil se entiende matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin discriminación”.
Las preguntas que muchos colombianos se hacían al conocerse la noticia del fallo de la Corte era que si nueve magistrados “estaban sepultando los pilares de la Constitución de 1991” o si podían “aprobar algo con lo que estaba en contra el pueblo colombiano”. La respuesta es que la Corte Constitucional ante situaciones en las que efectivamente se acredita un déficit de protección, como en este caso, debe tomar medidas para reducirlo en beneficio de las garantías de los derechos fundamentales de una población que es minoría. [Lea aquí: Procurador pide reforma para reversar decisión sobre matrimonio gay]
De esta manera la Corte hace una interpretación sistemática del artículo 42 de la Constitución, es decir, toma en cuenta todo el sistema jurídico y dice que esa definición está incompleta pues no se puede desconocer la realidad social, ni las normas que establecen derechos para las uniones de las personas del mismo sexo. La Corte interpreta por vía de autoridad el artículo 42, pues es la única autoridad en Colombia que puede interpretar y fijar los alcances de las disposiciones constitucionales.
Esta sólo fue la última batalla ganada por la Comunidad LGBTI de Colombia. EN 2007, la Corte Constitucional reconoció que las parejas del mismo sexo debían tener los mismos derechos patrimoniales. Luego en 2009 se modificaron 20 leyes para otorgar 42 derechos a las parejas homosexuales unidas bajo la unión marital de hecho como nacionalidad, permiso de residencia, testimonio en proceso judicial, derechos familiares propietarios.
Luego vendría la sentencia de 2011 que consideró a las parejas del mismo sexo como familia, hasta que finalmente en 2012 permitió que un homosexual soltero adoptara, luego en 2014 permitió que los hijos biológicos pudieran ser adoptados en uniones del mismo sexo, hasta que el año pasado extendió este derecho a todas las parejas homosexuales.
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