El defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, dijo a El Universal que la única solución para el hacinamiento carcelario en Colombia es la inversión de más recursos por parte de la Presidencia de la República.
El funcionario explicó que la situación carcelaria es grave, por lo cual acompañó el proceso de reforma parcial del sistema penitenciario, “y fui enfático en decir que esa ley no solucionaría nada, pero la acompañé porque generaba un proceso de excarcelación donde, aproximadamente, entre tres y cinco mil internos iban a acceder a la detención domiciliaria”.
Enfatizó, sin embargo, en que la única salida es la emergencia social del presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, para que se genere un escenario donde el jefe del Estado tenga facultades y recursos adicionales para enfrentar el problema.
Hizo saber que la cárcel de la Guajira es una de las más congestionadas del país, con el 400% de hacinamiento, lo mismo que la cárcel de Magangué, cuya capacidad es de 56 internos, pero actualmente cuenta con 238.
En cuanto a la Cárcel San José de Ternera, destacó que su gran problema consiste en que ya se integró al crecimiento desordenado de la ciudad, “y algunas comunidades dicen que les estorba, siendo que, 40 años atrás, ella era la única que estaba en esos terrenos. Pero, de otro lado, miembros de otras comunidades se dedican a lanzar drogas hacia el interior del recinto y una cantidad de actividades que afectan el orden de la cárcel”.
Asimismo, señaló que el hacinamiento ha hecho que colapsen las redes de alcantarillado, “pero la solución que encuentran los directivos consiste en que a cualquier patio quieren meterle techo para seguir arrumando más seres humanos, y nos oponemos a eso”.
El mejoramiento de las cárceles, según Otálora, debe acompañarse con la buena resocialización del individuo, quien debe tener acceso a la educación, deportes y trabajo, “pero lamentablemente eso en las cárceles se convierte en un privilegio, porque no todos pueden acceder a ello”.
Añadió que su despacho ha venido planteando al Consejo Superior de la Judicatura y, en especial, a los jueces de ejecución de penas, más dinamismo, puesto que hay un sinnúmero importante de solicitudes de libertad o para detención domiciliaria, “pero lamentablemente eso se encuentra congestionado en todo el país”.
Se refirió a que la salud dentro de las cárceles también es crítica, porque la asumió la firma Caprecom, que es la única EPS del Estado, pero no tiene recursos, ni infraestructura, ni presencia a nivel nacional, lo que hace que en algunas localidades este tema sea apoyado por las autoridades locales.
“En Cartagena es preocupante, pese a que Caprecom hace sus mejores esfuerzos, pero si no hay recursos es poco lo que se puede lograr. De manera que no descartemos que los episodios que se han presentado en Barranquilla se repitan en otras partes de la Región Caribe, por las malas condiciones de las cárceles”, advirtió.
El orden público
Respecto a los desplazados por la violencia armada, informó que Cartagena (con 98 mil) y Bolívar, (con 480 mil) aún están por debajo de zonas como el Chocó, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca.
Tocó lo referente a las denominadas “Autodefensas gaitanistas”, que se enfrentan al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el Chocó, lo que ha llevado a un desplazamiento de 2.500 personas, “caso que podría presentarse en Bolívar, donde este grupo armado también está haciendo presencia”.
La salud
En lo concerniente a salud en la capital de Bolívar sucede lo mismo que en el resto del país, “pues la salud la coadministra la justicia, en el sentido de que son los jueces quienes intervienen, como si fueran médicos, dando órdenes para una cita médica o para medicamentos, etc.,”
“Paralelo a eso –prosiguió--, en vista de que la tutela ya poco funciona, son los medios de comunicación los que están ejecutando esa labor, porque dentro del proceso interno de las EPS, para hacer los recobros, tienen cómo argumentar por qué dieron esas atenciones, porque hay una tutela y un medio de comunicación que está liderando ese proceso humanitario”.
Detalló que todo eso hace parte de un tópico estructural del Gobierno Nacional, “por eso, la única salida que vemos es que el Congreso entienda, a través de ese proyecto de ley que está todavía en trámite, que la dinámica y la obligatoriedad del Estado como tal debe dar una respuesta a un problema estructural”.
De acuerdo con el defensor, la mayoría de acciones de tutela que se instauran en Colombia son para reclamar algún derecho relacionado con la salud, “y en el caso de Cartagena, la Defensoría del Pueblo viene presentando o coadyuvando entre 25 y 30 tutelas mensuales”.
La educación
Hablando de la educación en Bolívar, señaló que el Gobierno iba a hacer una inversión adicional para unos cupos que se estaban creando a nivel nacional para apoyar a esta sección del país.
“Esa fue una conversación que sostuvimos, en su momento, con el Ministerio de Educación, pero no nos han dado el apoyo adicional, porque el Distrito y la Gobernación tienen unos cupos educativos que no son los suficientes”, explicó.
En cuanto a problemas locativos, dijo que en Cartagena tres instituciones educativas presentaron quejas a la Defensoría del Pueblo, que ya envió las solicitudes a la Secretaría de Educación del Distrito, “y estamos a la espera de la respuesta, pero en caso de que ésta no llegue, procederemos a ejercer las acciones judiciales, tal como lo hicimos en San Jacinto, en donde ganamos una tutela recientemente, debido a que los estudiantes no tienen cómo acceder a transporte. Lo mismo estamos pensado hacer en el El Carmen de Bolívar, en la zona alta, hay dificultades con profesores que aún no han llegado”.
Comentarios ()