La llegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Cartagena (CIDH), para realizar un periodo de sesiones extraordinarias, ha impulsado a muchos ciudadanos a denunciar casos, en los que según cada cual, se habrían vulnerado sus Derechos Humanos.
El periodo de sesiones se inició el lunes y ese día miembros de la iglesia cristiana Ríos de Vida se apostaron en las afueras del Centro de Convenciones, donde se realiza el evento, para gritar arengas en contra de la guerrilla de las Farc por la reciente masacre a soldados en el Caquetá. (Lea aquí: Video: Cartageneros protestaron contra las Farc)
Dentro del auditorio, en el acto de instalación al que asistió además la canciller María Angela Holguín, Álvaro Araujo Castro, exsenador condenado por supuestos nexos con el paramilitarismo, mostró una pancarta en la que se leía: “SOS. Colombia viola los DD. HH.”, refiriéndose a su caso y agregando que hace cinco años presentó por ello una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esta aún no ha sido admitida.
Ayer en la mañana, otra manifestación se trasladó al Centro de Convenciones, con el propósito de llamar la atención de los siete jueces de la CIDH, entre ellos, el cartagenero Humberto Sierra Porto, que la preside. (Lea aquí: Trabajadores del hotel Decameron protestan encadenados en las sesiones del CIDH)
Unos 20 empleados y exempleados del hotel Royal Decameron Barú, acompañados de miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), integraban la manifestación, en la que denunciaban despidos masivos en la reconocida cadena hotelera. Por esa misma razón, un grupo mayor de empleados bloqueó la vía a Barú el pasado 4 de abril. (Lea aquí: Manifestantes de Barú se reunirán con representantes del hotel Decameron el lunes)
Queja formal
“Hoy hemos traído un mensaje de protesta ante las violaciones de las que son víctimas los trabajadores de este hotel. Unos 60 empleados ya han sido despedidos, la empresa no reconoce sus obligaciones salariales ni reconoce sus derechos a la libre asociación”, señaló Antonio Cantillo, presidente de la Unión de Trabajadores Democráticos.
Otros voceros de la manifestación dijeron que, aprovechando el escenario, enviarían una queja formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso que denuncian, asegurando que directivos de la empresa se oponen a que integren un sindicato de trabajadores.
Aunque continúan las manifestaciones de ciudadanos que se dicen afectados en la violación de sus Derechos Humanos, Humberto Sierra ya había explicado que en estas sesiones “no se recogerán opiniones, ni denuncias sobre casos colombianos, ya que no resulta favorable intervenir en temas coyunturales del país anfitrión”.
Dos audiencias
La programación del periodo de sesiones extraordinarias continuó ayer en la mañana con el final de la audiencia pública sobre el caso González Lluy y familia Vs. Ecuador, en el que se establecía que una menor había sido infectada con VIH tras realizarle una transfusión de sangre en un hospital público. En la tarde, se dio paso a la audiencia del caso Velásquez Paiz y otros Vs.Guatemala, referente a la alegada responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velásquez Paiz, una mujer a quien hallaron muerta, con señales de abuso sexual, luego que sus parientes intentaran infructuosamente denunciar su desaparición ante las autoridades.
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