La Contraloría General de la República se pronunció sobre el proceso que data del 2015, relacionado con el denominado ‘Cartel de la hemofilia’ en el departamento de Bolívar.
El ente regulador a través de un documento, expedido el pasado 9 de enero de 2019, rechazó la apelación de las medidas cautelares contra funcionarios implicados en este cartel, en el que también se encuentra el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín.
El proceso se inició al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó pagos en cuantía superior a los $20 mil millones, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde estaban afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento de dicha enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
“Sin embargo, obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – Asistegral, por la atención integral de pacientes hemofílicos”, manifestó la Contraloría a este medio.
De todos los pagos efectuados, a la Gobernación solo le correspondía asumir lo correspondiente a las Unidades por Capitación (UPC), como producto de la afiliación de los pacientes al sistema de seguridad social, dentro del régimen subsidiado.
Además de Gossaín, en el proceso también se encuentran vinculados en ese entonces la secretaria de Salud Departamental, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada; la directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez; y el auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera.
Cabe señalar que las medidas cautelares para el caso de Gossaín, que continúan en pie son: el embargo preventivo de sus cuentas bancarias y el embargo preventivo de sus bienes inmuebles.
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