Caso PAE: “La Fiscalía no tiene claro lo que se contrató”

12 de diciembre de 2018 12:00 AM
Caso PAE: “La Fiscalía no tiene claro lo que se contrató”
Germán Sierra, exsecretario de Educación, momentos previos a la audiencia. //julio castaño-el universal

ENVIAR PÁGINA POR CORREO

La suerte de los imputados en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación del 2016, del Plan de Alimentación Escolar (PAE), se define hoy. Luego de analizar el material probatorio expuesto por la Fiscalía 53 Seccional de Cartagena, y después de escuchar los argumentos de la defensa, el juez 12 con funciones de Control de Garantías, José Luis Sepúlveda, definirá si estas personas van a la cárcel, si les ordena una medida de aseguramiento no tan severa, o si quedan en libertad.

Se trata del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez; el exsecretario de Educación de la capital de Bolívar, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya; la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, y David Reinaldo Camacho Benítez, quien ha sido llamado por la Fiscalía como el zar de la alimentación en la Costa Caribe.

“LAS PECHUGAS A 40 MIL NO EXISTEN”

Ayer, la defensa trató de desvirtuar lo expuesto por el organismo acusador. El primer turno fue para Iván Díaz, apoderado de David Camacho y Sandra Mercado. El abogado precisó que al fiscal se le olvidó leer el contrato, para poder establecer de manera concreta las obligaciones del contratista con el Distrito.

“El objeto del contrato no es para comprar pan, canela, etc... el objeto del contrato dice que se contrató un servicio que incluye muchas cadenas: poner en la mesa de unos estudiantes raciones de comida (...) No hubo celebración indebida de contratos, sobre todo en la liquidación. La compra de los insumos se adquieren con recursos privados”, dijo.

Por otro lado, sustentó que es imposible jurídicamente que el contratista se haya apropiado de un anticipo, ya que este es amortizado en cada una de las cuentas mensuales que el contratista presenta.

“El contrato arrancó el 16 de agosto de 2016 y el anticipo el 3 de octubre de ese mismo año. El contrato transfirió todos los riesgos al contratista”, añadió.

Respecto al polémico caso de la supuesta compra de pechugas a $40 mil, aseguró que este es un mito y que en el caso de que fuera real, es un riesgo que asume el contratista.

“Esperamos que se acabe ese mito de las pechugas a 40 mil. Si las pechugas las consiguió a 40 mil, que no fue así, ese era un riesgo que debía asumir el contratista”, manifestó.

Díaz enfatizó que no hubo apropiación de dinero público, y que “ese tal incumplimiento de los requisitos legales no se da y tampoco falsedad en documento público”. Por último, aseveró que la única forma que se cometiera peculado, era que la supervisora haya autorizado el pago de mayores raciones.

Es de recordar que a David Camacho le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.

A Sandra Mercado le imputaron contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos, y coautora en falsedad ideológica en documento privado.

DEL CONTRATO

Por su parte, Roberto Carlos Roa, apoderado de Gladis Muñoz, reafirmó lo expuesto por la defensa de Camacho y Mercado.

“No existe inferencia razonable de autoría conforme a los materiales de prueba para medida de aseguramiento. La Fiscalía no tiene claro qué fue lo que se contrató (...) No se contrató suministro de panes, canela y carnes, sino un servicio de operador para prestación de un servicio complejo que incluye muchas operaciones”, afirmó.

Por otro lado, el defensor de Germán Sierra resaltó que cuando el funcionario fungía como secretario de Educación, nunca sugirió declarar un estado de urgencia manifiesta y que tampoco tenía facultades para ordenar gastos, ya que todo se manejaba a través de la Unidad Administrativa de Contratación (UAC). Reiteró que no tiene nada que ver con la finalización del contrato del PAE en el 2016, ya que antes que esto se diera, renunció al gabinete distrital.

“LA URGENCIA MANIFIESTA NO FUE UN CAPRICHO”

Juan Carlos Cabarcas, quien representa a Manolo Duque, precisó que la teoría de la Fiscalía sobre la supuesta manipulación de rectores de diferentes instituciones educativas, para que emitieran unas cartas en las que expusieran los inconvenientes en la alimentación escolar, es errada, ya que en sus mismos informes no se puede extraer evidencia que demuestre eso.

“Ningún rector fue manipulado, presionado, ni compelido a escribir en lo absoluto. Todas esas cartas están hechas en los membretes de las instituciones educativas, en tiempos diferentes y que el mismo investigador de la Fiscalía termina diciendo que lo que hizo la profesional de enlace del programa PAE en la Secretaría de Educación, fue informarles a ellos que documentaran sus preocupaciones, y eso es algo elemental en la administración pública”, dijo.

El defensor resaltó que se demostró que el programa estaba desfinanciado, por lo que no fue capricho de Duque Vásquez en declarar una urgencia manifiesta, y que al hacer esto invitó a la Procuraduría Delegada de Bolívar para que hiciera un acompañamiento, a lo que el Ministerio Público manifestó su beneplácito.

Hasta el cierre de esta edición, faltaba por intervenir el abogado de Mayiris Gómez Ballestas. La audiencia de medidas de aseguramiento se retomará hoy para el fallo del juez.

Pese a que los apoderados de los imputados pidieron que no se impusiera medida de aseguramiento, según la Fiscalía, con otro tipo de medida los implicados podrían obstruir la justicia alterando documentos, interfiriendo a los testigos y manipulando registros contables.

El rastro del ‘zar’

La Fiscalía apuntó que Camacho Benítez, a través de dos empresas, hizo 339 contrataciones en todo el país por 561.802’950.041 pesos.

Al parecer, el llamado ‘zar de la alimentación’ contrató el PAE en 30 municipios, entre los que están: Magangué, Mahates, Marialabaja, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Simití, Arjona y Cartagena.

El ente acusador aseguró que Camacho Benítez puede ser un riesgo a futuro para seguir contratando, debido a la fortaleza que tienen en la Costa y al mismo patrón con el que ha operado en otros departamentos del país, como es el caso de Santander, donde contrató con 44 municipios; en Sucre, donde además de contratar con municipios también lo hizo con la Corporación Autónoma Regional departamental. Contrató con la Alcaldía Mayor de Bogotá y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo mismo que con Cesar, Atlántico y Magdalena.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp

  • Videos
  • Mensajes
  • Fotos
  • Notas de voz

cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

LEA MÁS SOBRE Cartagena

DE INTERÉS