Pese a un proceso jurídico de casi 16 años y una orden de arresto por cinco días contra el alcalde (e) Sergio Londoño, además de una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por desacato, la comunidad de Tierrabaja y Puerto Rey sigue en las mismas: luchando para que se inicien las obras del alcantarillado.
Y es que la orden de la Corte Constitucional, plasmada en una sentencia de 2014 que obliga al Distrito a instalar el alcantarillado, se ha incumplido y solo hay cronogramas de trabajo de los últimos tres gobernantes (Dionisio Vélez, Manolo Duque y Sergio Londoño) que se han quedado en el papel.
Hubo recursos
En octubre pasado la obra sufrió su último revés cuando el alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico, liquidó un convenio con la empresa Aguas de Cartagena para la primera fase del alcantarillado de las poblaciones en mención y retiró los $3.500 millones que se habían destinado como presupuesto para los trabajos iniciales.
Esto, según lo explica Aguas de Cartagena en respuesta a un derecho de petición interpuesto por representantes de Tierrabaja, porque los recursos no eran suficientes para iniciar la obra.
“Él mismo (el alcalde) se ganó la sanción por no cumplir la orden pero nosotros lo que queremos es que se haga el alcantarillado porque sin este la comunidad no se puede desarrollar, no hay cómo hacer empresa, no se pueden pavimentar las vías y los niños no pueden recibir clases en épocas de lluvia cuando se rebosa la posa séptica del colegio”, explicó Henry Guizamano, líder de Tierrabaja y accionante en la tutela.
Agregó que el incumplimiento de la sentencia de la corte se debe a una falta de voluntad política del Distrito: “A la administración no le interesa las comunidades rurales porque este no es solo un problema de Tierrabaja y Puerto Rey; Bayunca, Arroyo de Piedra, Manzanillo, Bocachica, Caño de Loro, entre otros, están en la misma situación. Estas son peticiones de condiciones mínimas de saneamiento básico que los gobernantes no quieren cumplir ni con una orden judicial”.
El líder comunal también señaló que las poblaciones de la zona rural tampoco tienen el respaldo de los funcionarios de la Procuraduría “que parece que trabajan con el gobernante de turno y no defienden los derechos de las comunidades”.
El Universal consultó a la Alcaldía sobre la orden de arresto contra el alcalde (e) Londoño pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Investigación disciplinaria
El fallo de desacato fue emitido por el juzgado Doce Civil Municipal del Distrito de Cartagena y además de la sanción a Londoño pide a la Fiscalía investigar la situación para determinar las responsabilidades que correspondan. El consejo comunitario de Tierrabaja también radicó, ante la Procuraduría provincial de Cartagena, una solicitud de investigación disciplinaria a Londoño por el incumplimiento a la orden de la Corte Constitucional.
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