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Propuestas indecentes a candidatos a la Alcaldía de Cali

El escándalo por la decisión de la Registraduría Nacional  del Estado Civil de no certificar la inscripción por firmas de las candidaturas de Susana Correa y  Rodrigo Guerrero sigue creciendo.

     Después de una semana en la que se pronunció desde el presidente Juan Manuel Santos hasta  la fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez, todos pidiendo investigar las  presuntas irregularidades, Carlos Sánchez, registrador nacional, aceptó revisar una a una las  firmas y dar resultados en diez días.

     Pero aún son muchos los interrogantes que no están despejados sobre este hecho. Por eso El  País reconstruyó cómo fueron los supuestos ofrecimientos irregulares que recibieron los  candidatos.

LAS DOS OFERTAS

A comienzos de agosto, cuando las 120.000 firmas que recogió la campaña de Rodrigo Guerrero  ya llevaban quince días en la Registraduría del Estado Civil y se esperaba la confirmación de su  validez, empezaron los rumores.

     Según el candidato Guerrero, Juan Carlos Nader, un cirujano plástico de 52 años que fue su  alumno, lo buscó para contarle que en las entrañas de esa entidad, encargada de realizar las  elecciones, le habían puesto precio a la Alcaldía de Cali.

     Nader le contó que estuvo en una reunión en Bogotá, con una allegada a la Registraduría, en  donde fue informado que para ocupar el primer cargo político de la capital del Valle había que  entregar $2.000 millones.

     “No recibí su testimonio directamente, porque estaba ocupado en una entrevista, pero lo remití  con Jimeno Rojas Orozco, otro médico, también alumno mío, que luego de 40 años de no verlo se  apareció en la campaña y dijo que quería ayudarme”, explicó Guerrero.

     Esa fue la primera vez que en la campaña escucharon sobre propuestas indecentes. Pero dos  semanas después, el 16 de agosto, Guerrero dice que fue el propio Rojas quien le contó algo a  lo que el candidato no le prestó mucha atención.

     “Dijo que iban a descalificar mi aspiración por falta de firmas válidas y que a través de una  señora cercana a la Registraduría eso se podía arreglar pero que había que pagar $200  millones”, confirmó Guerrero, quien no sólo rechazó el ofrecimiento, sino que pensó que se  trataba de algún avivato que intentaba ganarse unos pesos y así se lo advirtió a Rojas.

    Se habló con Rojas telefónicamente el miércoles pero negó que supiera algo al respecto, sin  embargo, el viernes trascendió que ya había sido contactado por la Dijín para que aporte su  testimonio a la investigación.

     La cosa no hubiera pasado de ser una anécdota si no es porque al final de la tarde del viernes 19  de agosto, Guerrero se enteró por la radio de que la Dirección del Censo Electoral había  decidido no certificar la inscripción de su candidatura, con el argumento de que no alcanzaba las  50.000 firmas válidas.

     Entonces recordó los ofrecimientos y decidió denunciar ante las autoridades.

     Al día siguiente, sábado 20 de agosto, según recuerda Susana Correa, al final de la tarde, tras  una jornada llena de incertidumbre por el inesperado anuncio de la Registraduría sobre la no  certificación de su inscripción, “un colaborador cercano a mi campaña recibió una llamada en la  que le ofrecieron conseguirnos las firmas que faltaban por $40 millones”.

     “No puedo revelar nombres ni más datos pues son reserva del sumario pero retiré mi candidatura  porque pienso llegar al fondo de esto, no saben con quién se metieron, voy a demostrar que la  fórmula estuvo mal aplicada y que mis muertos están vivos y mis presos están libres”, aseguró  Correa.

PRIMERAS HIPÓTESIS

Las supuestas ofertas que recibieron los candidatos independientes Correa y Guerrero para  ‘arreglarles’ el lío de las firmas en la Registraduría, no habrían generado tanto ruido sino fuera  porque Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional, y varios de sus subalternos están enredados  ante las autoridades por ser accionistas de la empresa Procesos Electorales S.A.

     Otra cosa que ha generado suspicacias es la relación sentimental de Hollman Ibáñez, quien fue  director del Censo Electoral hasta el martes pasado y el responsable de negar la certificación a  Correa y Guerrero, con Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno de Cali, y cuota del condenado  ex senador Juan Carlos Martínez.

     El fin de semana en que Martínez estuvo de permiso fuera de la cárcel, coincidió con que Ibáñez  estuvo de visita en la ciudad junto a Salamanca.  El País habló con uno de los investigadores de la Dijín, que fue enviado a la ciudad por el general  Óscar Naranjo para dar con las ‘manos oscuras’ que pueden haber tras los ofrecimientos, quien  señaló otras hipótesis que también se indagan.

     “Creemos que acá se dio la unión natural de dos conciertos criminales. Uno está anclado en  Bogotá, alrededor de la Registraduría, y el otro se ubica en Cali, donde hay varios interesados en  atajar al candidato que va de primero en las encuestas”, explicó la fuente policial y agregó que  “estamos descartando personas que pueden tener un móvil, una razón para pactar un acto  criminal y alterar el resultado de la revisión de firmas”.

     Entre las operaciones que realiza el grupo de quince agentes de la Dijín está la revisión de las  visitas a la Registraduría en Bogotá por parte de candidatos o miembros de otras campañas a la  Alcaldía de Cali. En este reglón se filtraron los nombres de Milton Castrillón, candidato  conservador, y Gustavo Prado, esposo de Clara Luz Roldán, candidata de la U.

     Sobre su visita, Castrillón explicó que “estaba defendiendo mi candidatura que ha sido  impugnada dos veces y en una de mis visitas me encontré con el abogado esposo de la  candidata Roldán, quien me dijo que iba a impugnar la inscripción por firmas de Correa y  Guerrero”.

   Se intentó contactar al abogado Prado para conocer su versión de los hechos, pero no  respondió las múltiples llamadas que se le hicieron el viernes.  Su caso se enreda pues los investigadores van a valorar un video, grabado en marzo del 2011,  donde aparece con un candidato al Concejo de Cali, ebrio y discutiendo con un agente de  Tránsito. En la grabación se escucha una referencia a que “es más fácil cuadrar con la  Registraduría”.

     Los detectives también indagan la relación de políticos locales con la Registraduría, como es el  caso de Dilian Francisca Toro y de su prima Audry Toro, que trabajó en esa entidad hasta que  decidió aspirar al Concejo de Cali.

     Entre las pesquisas salió a relucir la relación del senador Mauricio Ospina (hermano del Alcalde  de Cali) con un ex director de Identificación de la Registraduría en Bogotá, Edier Cardona Rivillas,  quien se desempeñó hasta mayo de 2008 en ese cargo y luego fue contratado como asesor del  despacho de Jorge Iván Ospina en la casa del Valle en Bogotá.

     “Estas relaciones y las visitas a la Registraduría o al Consejo Nacional Electoral no son un delito,  pero en la investigación no podemos descartar datos sin cruzarlos y chequearlos”, concluyó la  fuente de inteligencia.

LAS VISITAS DE IBÁÑEZ

El apego por una mujer le está saliendo caro a Hollman Ibáñez, quien hasta el martes pasado fue  el director del Censo Electoral. Ibáñez que es el responsable de no certificar las firmas de los  candidatos Susana Correa y Rodrigo Guerrero, sostiene una relación con Eliana Salamanca,  secretaria de Gobierno de Cali y cuota de Juan Carlos Martínez en el gabinete del Municipio.

     Ibáñez estuvo de visita en Cali durante el mismo fin de semana en que el ex senador condenado  por parapolítica tuvo permiso por 72 horas. Y aunque ha negado haberse visto con él, las  suspicacias son evidentes.

     Además, se supo que estuvo con Salamanca en al menos dos partidos del mundial Sub-20, en el  kilómetro 18 con sus suegros y en un matrimonio donde fue padrino de bodas de una funcionaria  de la Registraduría Municipal.


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