La construcción de lo que planea ser un hotel de lujo y un semisótano en el barrio San Diego, está afectando seriamente a una de las viviendas que colinda con la obra. El IPCC ordenó cierre temporal de los trabajos.
La problemática empezó en agosto de 2014, días después de iniciarse la construcción, cuando la vivienda de Cornelio Morelo González, comenzó a agrietarse en diferentes partes. A partir de la fecha, según relató Morelo, la pared paralela a la terraza comunitaria del edificio donde queda su casa se ha reconstruido dos veces. La vivienda continúa en las mismas condiciones y cada día esta familia teme que se desplomen las paredes. La mitad de la casa está deshabitada.
Por esta razón, Cornelio Morelo envió un oficio notificatorio a la oficina de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el pasado 1 de septiembre, en el que señala la situación que atraviesa su propiedad.
En este documento, como pudo confirmar este medio, el propietario explicó la situación al instituto y adjuntó fotografías como prueba de lo plasmado en la misiva. Se enviaron copias de este a la Alcaldía de la Localidad 1 y a la oficina de Control Urbano.
Días después, según expone Morelo, el IPCC, respondió que su caso sería atendido y que se enviaría una comisión especializada, para luego hacer una reunión con los constructores y propietarios, y proceder a emitir un concepto al respecto. Los afectados atendieron la comisión tiempo después.
El pasado 19 de octubre, el propietario volvió a enviar un documento al IPCC, a la oficina de Control Urbano y a la Alcaldía de la Localidad 1, manifestando la preocupación por su situación. Control Urbano, envío una comisión y respondió que el caso había sido remitido al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, por ser de su competencia.
“Lo que solicité fue que no se permitiera que la construcción continuara las excavaciones del sótano, que es lo que está afectando mi propiedad, hasta que no realizarán el procedimiento adecuado para proteger las edificaciones aledañas. Por eso también envié un oficio a la Inspección de Policía, el 22 de diciembre, por perturbación a la tenencia y solicité que se detuviera la obra hasta que no se tomaran las medidas pertinentes. Desde que inició la construcción estamos viviendo en alto riesgo porque en cualquier momento se puede caer la casa. Con esta respuesta tardía del IPCC, se puede decir que más vale tarde que nunca, pero yo no creo que sea necesario esperar 5 meses para que se tome una determinación de ese tipo. Ahora quiero saber si se van a reparar los daños a mi propiedad”, manifestó Cornelio Morelo.
Por su parte, Alonso Cabrera, coordinador de la oficina de Patrimonio del IPCC, manifestó que luego del proceso se dictaminó el cierre temporal de la obra, hasta que se tomen las medidas correspondientes. Lo que pasó con el supuesto atraso fue que la denuncia inicial se hizo contra irregularidades en la normativa de la construcción, pero pudimos confirmar que no había ninguna. Cuando se hizo la notificación de los daños atendimos la solicitud de inmediato. Sin embargo, en el primer documento, como ya mencionamos anteriormente, se evidencia que la queja hace referencia a las afectaciones a causa de la construcción.
La situación se ha vuelto mucho más preocupante después del 12 de diciembre, debido a que Cornelio, no ha tenido más contacto con la constructora. En los meses anteriores hablaba con los ingenieros residentes de la situación. Pero desde esta fecha, según el quejoso, solo ve a los obreros y al maestro de obra.
“Me siento muy incómoda porque es muy difícil vivir bajo un peligro, con la sensación de que se nos pueden venir las paredes encima. No podemos dormir con la zozobra de que puede ocurrir algún desastre con nuestra vivienda”, explicó Marina Castillo, habitante de la casa afectada.
El Universal intentó contactar a los responsables de la obra, pero no fue posible localizarlos.
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