“Nos iremos a la guerra pero no permitiremos que se violen los derechos”, es lo que dicen representantes de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena luego de que la Secretaría de Educación reveló una lista de alrededor de 85 planteles que podrían clausurar.
Desde el despacho distrital se explicó que hacen una revisión a estas instituciones educativas que al parecer no cumplen con los requisitos de ley para funcionar y que los estudiantes deberían revalidar su año escolar en colegios legales.
Frente a esto, la asociación asegura que tal medida atentaría contra el derecho a la educación y al desarrollo de la libre personalidad de los estudiantes que atienden estos plantes, al obligarlos a ser trasladados a instituciones educativas fuera de sus entornos.
Incluso, según argumentan, se pondría en riesgo la seguridad de cientos de alumnos de barrios vulnerables que se verían obligados a cruzar lineas imaginarias de pandillas para ir a estudiar.
“No podemos aceptar que se vulneren los derechos de los niños y que se impongan a los padres de familia las condiciones que quiera la Secretaría de Educación”, explicó un vocero de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena.
Reiteraron que los colegios comenzaron a funcionar en sectores donde es deficiente la oferta escolar del Distrito y anunciaron que emprenderían acciones jurídicas en caso de que se procediera con el cierre.
¿Problemas con el trámite?
El Universal conoció que por lo menos 30 de los 85 colegios privados señalados por la Secretaría de Educación como ilegales, sí tendrían su documentación al día y que esto lo desconocería el despacho distrital porque las Unidades Administrativas Locales de Educación (Unaldes) no habrían reportado la información a tiempo.
Matrícula contratada, otro problema
Los miembros de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena también se mostraron preocupados por el recorte de cupos contratados por el Distrito para el próximo año.
Señalan que la sentencia T-698 proferida por la Corte Constitucional en 2010 es un antecedente que protege a los alumnos y a los colegios privados porque en ella se ordenó la permanencia de un grupo de estudiantes en planteles no oficiales y pidió a la Secretaría de Educación de Bucaramanga que se abstuviera de tomar medidas que afectaran la estabilidad y permanencia de los menores.
Concejo cita a secretario de Educación
El Concejo Distrital citó a Jaime Hernández Amín, secretario de Educación, a un debate de control político este viernes para abordar el cierre “inminente de los 85 colegios declarados como ilegales”.
Antonio Salim Guerra, cabildante del partido Cambio Radical, fue el primero en abordar la problemática. Calificó de “peligroso” el uso del término “ilegales”, empleado por el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Neil Fortich, para referirse a dichos colegios.
“Qué peligro hablar de ilegalidad, sobre todo porque todas estas instituciones tenían unas licencias de funcionamiento, condicionadas, otorgadas por la misma Secretaría de Educación Distrital”, afirmó Guerra.
Cuestionó “cómo se levantan hoy los padres de familia con esa noticia de que pagaron sus recursos en unas instituciones educativas con licencias temporales condicionadas, pero hoy un funcionario de la Secretaría de Educación dice que son ilegales”.
El cabildante añadió que “el funcionario dice que la plata que los papás gastaron en todo el año se perdió, el tiempo que dedicaron los estudiantes también se perdió, porque dice que van a tener que repetir el año. En dónde están los cupos para que esos niños revaliden”.
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