Luego de que el pasado 17 de mayo la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, ordenara la suspensión provisional por 3 meses al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II y la construcción ilegal de más de 55 obras, son muchos los hechos que han pasado desde aquel entonces. (Lea aquí: Procuraduría suspende al alcalde de Cartagena, Manolo Duque)
Uno de ellos, es que seis días después de lo anunciado por Carrillo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó al cartagenero Sergio Londoño Zurek como alcalde encargado de la ciudad. (Lea aquí: Sergio Londoño es el nuevo alcalde encargado de Cartagena)
Luego, el 25 de mayo, Manolo Duque asistío en Valledupar a una cumbre de alcaldes. Al evento también estaba invitado el Procurador pero este al ver la presencia del alcalde suspendido, se incomodó y decidió no asistir al encuentro. (Lea aquí: Procurador Carrillo pide a Manolo "guardar la distancia")
Pero hoy, una nueva acción se suma al caso de Manolo Duque. Se trata de una acción de tutela presentada por un habitante de Cartagena, quien busca detener la decisión dictada por el Ministerio Público y así que Duque sea reincorporado a su cargo.
La mujer identificada como Ketty Luz Cabarcas Licona presentó la demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar el pasado 25 de mayo.
En el recurso, Cabarcas Licona aseguró que se está vulnerando el derecho a elegir y ser elegido, que se encuentra amparado en el punto uno del artículo 40 de la Constitución Nacional. Además, manifestó que hubo “violación del debido proceso”.
Se dice que esta sería la primera tutela de toda una batalla jurídica por evitar que el mandatario local salga de su cargo.
Ya ha pasado
Un caso similar pasó con Gustavo Petro, alcalde de Bogotá en 2013, cuando la Procuraduría en cabeza de Alejandro Ordoñez, ordenó destituirlo e inhabilitarlo por 15 años, pero una tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la ejecución del fallo de la Procuraduría.
En aquel entonces, un ciudadano que se declaró agente oficioso del alcalde Petro aseguró que, con la sanción de la Procuraduría, se habían vulnerado los derechos fundamentales al voto y al elegir y ser elegido.
Y por ende, los magistrados fallaron a favor de Gustavo Petro, asegurando que la decisión de la Procuraduría violó la competencia de los jueces en cuanto a que no podían destituir a un ciudadano elegido popularmente.
Que viene ahora
Lo que viene ahora es que la acción de tutela deberá ser fallada dentro de 5 días hábiles, por los magistrados Luis Miguel Villabolos, Edgar Vasques y Moises Rodríguez, y luego notificar su decisión al Ministerio Público.
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