En pie de lucha en contra del Distrito siguen cuatro vendedoras de fritos que hace más de 30 años trabajan en el paseo peatonal de Castillogrande, en las carreras 11 y 12 con calle quinta.
El Distrito, en cabeza de la Gerencia de Espacio Público, ordenó el desalojo de las vendedoras tras no llegar a un acuerdo para desocupar el lugar, luego de más de cinco meses en los que se intentó conciliar.
La diligencia de desalojo se cumplía el miércoles, pero una acción de tutela la detuvo. Las vendedoras Flor María Navarro Gómez, Gisela Navarro Gómez, Virgilia Maldonado y Gloria María Vásquez acudieron a la tutela, asegurando que con el desalojo se les violaban los derechos al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso y, además, existía discriminación étnica y de género.
La tutela fue recibida en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena, que como medida provisional para proteger los derechos presuntamente violados, ordenó la suspensión del desalojo. También, le dio un plazo de tres días al Distrito para que asuma su defensa presentando un informe detallado sobre los hechos en que se fundamenta la tutela. Adelfo Doria, gerente de Espacio Público, confirmó que la respuesta del Distrito ya está en manos del juzgado.
No aceptaron dinero
En agosto pasado se iniciaron las conversaciones entre la Gerencia de Espacio Público y un grupo de 15 vendedores estacionarios que se apostaban en el paseo peatonal de Castillogrande. El propósito del Distrito era lograr que los comerciantes desocuparan el lugar, ya que se proyecta que el sitio sea remodelado este año. Sin embargo, otra razón para no permitir la permanencia de los vendedores, en especial las fritangueras, eran las supuestas quejas que varias asociaciones de vecinos del sector habían hecho por las condiciones en que las comerciantes tienen sus puestos de cocina.
“Son algunas personas de unos dos edificios del barrio los que ahora no quieren que estemos acá, pero nosotros tenemos más de 35 años trabajando en este lugar y nuestras familias viven de esto”, dijo Flor María Navarro, una de las vendedoras de fritos.
En medio del proceso conciliatorio, el Distrito ofreció a los 15 comerciantes un capital semilla que está entre los 13 y 15 salarios mínimos, para ofrecerles una garantía ante su remoción del paseo peatonal en el que habían estado por años. Once vendedores aceptaron el dinero y se marcharon del lugar, pero Flor, su hermana Gisela, Virgilia y Gloria se resisten a hacerlo.
“Eso -capital semilla- son solo 9 millones de pesos, que no resuelven nada a largo plazo. Yo lo único que quiero es que nos dejen trabajar, sea aquí o que nos reubiquen en otro lugar, porque de esto viven nuestras familias”, reclama Flor Navarro.
“Nosotros no nos oponemos a que remodelen el lugar, pero que se reúnan con las vendedoras para ver como pueden verse beneficiadas. Estamos de acuerdo con que propongan algún proyecto que las pueda vincular, pero que no las saquen así porque es mucho el tiempo de trabajo que tienen”, manifestó la hija de Virgilia Maldonado.
Virgilia y Flor, únicas vendedoras de fritos que ayer estaban trabajando en el paseo peatonal de Castillogrande, instalaron banderas blancas en sus puestos de labores para enviar un mensaje de paz. “Nosotros queremos la paz, solo estamos defendiendo nuestros derechos”, dijo Virgilia.
"Entregramos una solución"
Frente a la medida provisional del juzgado tras la tutela, Adelfo Doria aseguró que el Distrito se ratifica en lo que siempre ha sostenido respecto a la defensa del espacio público.
“Constitucionalmente, el interés general prevalece siempre sobre el particular. A través del capital semilla, que es producto de un estudio socioeconómico que se hace en la zona, tratamos de entregarle una solución a los vendedores y solo este grupo se negó. La mayoría aceptó el capital para una reubicación en establecimiento propio, pero este grupo de vendedoras siempre estuvo renuente desde el principio. Estamos convencidos que la tutela va a fallar a nuestro favor, porque nunca hubo violación de derechos”, dijo Doria.
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