La primera semana de enero de 2019 vence el contrato que, por un término de 20 años, firmaron el Distrito y el Concesionario del Alumbrado Público de Cartagena para instalar, reponer, mantener, operar y expandir el servicio en mención. ¿Qué pasará con el servicio de alumbrado público a partir de esa fecha? Es un interrogante que aún ni el concesionario ni el mismo Distrito pueden responder con certeza.
En conversación con El Universal, el alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero, contó qué se está haciendo al respecto. Pero antes cuestionó cómo actuaron las anteriores administraciones frente a la concesión.
“¿Cómo es posible que una concesión que ya cumple 20 años en enero. A los 19 años y 9 meses, en lo que yo la encuentro, no tiene un estudio de qué se debe hacer, no hay un informe de cómo va el recaudo, no hay un informe de cómo están los equipos, para poder proyectar una nueva decisión? Me ponen sobre la marcha. Lo más obvio es que se hubiera contratado un estudio de factibilidad o una consultoría de cómo se resolvía este tema para el Distrito de Cartagena, pero al momento eso no lo hay”, afirmó Pereira.
“¿Qué he hecho? -indicó- Los convoqué a todos (el 4 de octubre). Al interventor y a los miembros de la concesión. Hablamos de las cláusulas del contrato, qué solución se le puede encontrar a esta situación y voy a convocar a unas mesas de trabajo, en compañía de los organismos de control, para que me acompañen en la decisión, cuál debe ser la solución para que Cartagena no quede apagada. Ahí vamos a mirar cómo van los recaudos y todo el tema.
“Mañana (hoy) voy a estar escribiendo a Procuraduría y Contraloría, informándoles sobre esta situación, y empezaré reuniones con el concesionario para ver qué solución le encontramos a esto entre todos, de manera transparente y abierta a la ciudadanía. Tenemos que buscar alternativas para que la prestación del servicio de alumbrado público no quede paralizada”.
Proponen prórroga
El representante legal del Concesionario del Alumbrado Público de Cartagena, Raimundo Pereira Lentino, dijo que su propuesta al Distrito es prorrogar el contrato “hasta que se lleguen a unos acuerdos o salga la licitación pública”.
Sostuvo que “necesariamente habría que hacer prórroga para que el contrato se estire un tiempo mientras se adoptan las medidas de acuerdo a la ley, porque la ciudad no puede quedar sin alumbrado público, y la administración distrital no tiene la formación, el conocimiento ni el manejo de la operación del alumbrado público. Lo dio en concesión hace 20 años y no hay ningún funcionario de la administración que conozca del tema como lo conoce el concesionario”.
Además, si el contrato se termina en el término establecido, es decir, la primera semana de enero, el Distrito debería pagarle al concesionario entre $22.000 millones y $25.000 millones.
“La Ley 80 de 1993, de contratación publica, así lo prevé en armonía con la ley eléctrica. Las concesiones cuando terminen contrato le entregan al concedente: nación, departamento, distrito o municipio, según sea el caso, los activos adquiridos en desarrollo del contrato. En materia de ley eléctrica, se establece que deben entregarles unos recursos equivalentes al salvamento de las inversiones que se han hecho. Ese salvamento, que tiene una fórmula económica establecida en la misma y explicada por la interventoría, está en la suma de 20 mil millones de pesos.
“Por eso se ha dicho y el mismo contrato lo contempla, que para que no haya ningún pago en efectivo puede hacerse en tiempo. Así, la única manera de no indemnizar al concesionario sería que siguiéramos por un tiempo con el contrato”, explicó el representante legal.
Sobre cuánto tiempo más, manifestó que “la interventoría lo está estimando en cuatro años y medio aproximadamente. En nuestros cálculos son más porque hay una cantidad de daños que se han dado en tiempos. Esa es una de las tareas de las mesas de trabajo con el alcalde. Primero, evaluar la procedencia (de los activos); segundo, confirmar los números; y tercero, decidir si hacer o no el otrosí. Otra alternativa es prorrogar el contrato por un tiempo, mientras se licita, e indemnizar al concesionario de todos modos”.
Habría desequilibrio
Los miles de millones de pesos faltantes para que el Distrito le adeude al concesionario entre $22.000 millones y $25.000 millones corresponden a un desequilibrio económico. El representante legal advirtió que desde mayo de 2018, el Distrito está al tanto.
“El alumbrado público es un impuesto que recauda Electricaribe y gira a un fideicomiso a través de la fiduciaria de Occidente. Con lo que se recauda mensual por servicio de impuesto de alumbrado público opera la concesión. Esas cifras fueron tomadas por la firma Brigard y Urrutia y se concluyó que hay un desequilibrio a favor del concesionario. Le entregamos el documento al interventor. Este hizo sus proyecciones, coincidió en que hay desequilibrio y entregó copias a nosotros y a la administración.
“Ello significa que si el contrato se termina y no hay prórroga, el Distrito nos debe pagar cerca de $22.000 millones a $25.000 millones, a criterio del interventor. La cifra a juicio del concesionario va a salir de la mesa de trabajo. Estamos evaluando los documentos entregados a la administración”.
Influyó la inestabilidad
La inestabilidad político administrativa del Distrito sería la causante de que pese a que el desequilibrio económico se conoció desde mayo, a la fecha el Distrito no se haya pronunciado. También habría influido en la deriva en que encontró el alcalde Pereira la concesión de alumbrado público.
El representante legal añadió que “en este año ha debido convocarse una licitación pública para que llegada la primera semana de enero hubiera adjudicación y el concesionario, que también estaba en libertad de participar, le entregara al nuevo concesionario. Pero las circunstancias políticas de Cartagena no han permitido que ninguno de los que han estado al frente de la Alcaldía puedan dedicarse a este tema. Por la inestabilidad, este quedó aplazado frente a otros apremios que tiene la ciudad, pues el alumbrado público de Cartagena, en materia de solución, es el que menos problemas representa. Tiene una eficiencia del 95 % certificada por la interventoría”.
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