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Confirman fallo que devuelve lotes de Tierrabomba a sociedad Bray

La Sala Plena de la Corte Constitucional mantuvo intacta una decisión de marzo de 2013 que ordenó a la Fiscalía que reintegrara cinco predios a Fernando Martínez Bohórquez, socio del recapturado Reginaldo Bray.

Se trata de cinco bienes que habían sido objeto de extinción de dominio y de secuestro por parte de la Fiscalía, por motivo de las irregularidades presentadas entre Dragacol y el Ministerio de Transporte en el año 2002. 

La Corte negó una solicitud de nulidad que había presentado un familiar de Bray a fin de quedarse con más hectáreas de las que fueron concedidas inicialmente y dejó en firme el fallo de tutela T-1024 de 2012.

Ese fallo ordenó a la Fiscalía que devolviera a Martínez Bohórquez cinco lotes de terrenos ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba.

Igualmente, ordenó a la Dirección Nacional de Estupefaciente (DNE), que devolviera a la sociedad Bray Escobar dos apartamentos en el barrio Castillo Grande en Cartagena; así como un predio de 117 hectáreas denominado Villa patricia en el municipio de Arjona, Bolívar.

LA HISTORIA

En la decisión pasada, la Corte confirmó parcialmente un fallo de instancia que levantó las medidas cautelares sobre los lotes y ordenó su reintegro, cosa que en su momento no se pudo efectuar por no haber sido pagado el impuesto predial y por estar algunos lotes ocupados por terceras personas.

Este hecho hizo que los interesados, los socios de Dragacol, interpusieran una acción de tutela para que les fueran devueltos los lotes de forma definitiva y material.

Ahora bien, dentro de las medidas tomadas por la Fiscalía también implicaron el embargo de acciones de Inversiones Bocachica S.A., Inversiones Portal del Sol EU e Inversiones Isla Carey EU.

Y el problema consistió en que al dar cumplimiento de la orden judicial de los lotes, en diciembre de 2009, también se entregaron un porcentaje de acciones representadas en derechos de posesión sobre 320 hectáreas en la Isla Tierra Bomba.

En fallo de tutela, la Corte Constitucional encontró que la Dirección Nacional de Estupefacientes no podía entregar terrenos como representación de las acciones embargadas.

Esto porque de acuerdo con la reglamentación de la época, las medidas cautelares solo se pueden establecer sobre bienes e inmuebles y que los embargos sobre acciones sólo se hacen a través de la inscripción en el libro de registro de acciones

“Ello atiende, entre otros factores, a la dificultad que constituye representar partes del capital social sobre globos de terrenos y en caso de poder individualizarse al no presentarse con la medida cautelar su ocupación física implicaría el desconocimiento de garantías constitucionales como el principio de publicidad, los derechos de terceros y el eventual cambio de las condiciones que rodean los derechos sobre los activos sociales”, dice el fallo que ahora fue confirmado.

Así las cosas, para la Corte es “violatorio del principio de legalidad” acceder a la pretensión de los demandantes de entregar terrenos distintos a los cinco lotes originales que, la DNE debe entregar. 

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