La Contraloría General de la República dio respuesta a una denuncia que señalaba la presencia de residuos peligrosos tras el dragado de la bahía de Cartagena, señalando que las evidencias recogidas indican que puede haber Sustancias de Interés Sanitario, como mercurio, zinc y cobre, en concentraciones que se constituyen factores de riesgo para la salud de las comunidades de Bocachica y Caño del Oro, principalmente.
Según el organismo de control, corresponde a la ANLA y a las autoridades de salud de nivel nacional y distrital, contar con una línea de base, que identifique los mecanismos de transferencias y los niveles de concentración de estos compuestos tanto en los ecosistemas naturales, así como las consecuencias que generan en la salud de las poblaciones de las isla de Tierra Bomba.
La denuncia, presentada ante la CGR por el ciudadano Oscar Guillermo Gutiérrez, en su calidad de consultor de la Corporación de Inspectoría Ambiental, CORIAMBIENTAL, advertía también la presencia de 50 casos de malformación congénita en niños menores de 5 años, en la población de Bocachica y Caño del Oro.
La Contraloría encontró que este segundo punto de la denuncia no tiene sustento, dado que "Los Registros de Notificación Obligatoria Semanal o Inmediata de la Isla de Tierra Bomba del Programa Salud Ambiental del Departamento de Salud Distrital de Cartagena, no evidencian Factores de Riesgos Ambientales y Defectos Congénitos en nacimiento de niños, que tengan relación con la acumulación de metales pesados, registrados en la norma de Interés Sanitario del período comprendido entre los años 2010 a 2015".
Tampoco se encontró que, como aseguraba el denunciante, se hubieran presentado presuntas irregularidades en el proceso de consulta previa realizada en Bocachica, zona de influencia de la ejecución del Proyecto de Profundización y Ampliación del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena
Tras las averiguaciones realizadas por la Contraloría, y en concreto al verificar los registros llevados por la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), se evidenció que el proceso de consulta con las comunidades del área de influencia se tramitó y ejecutó en todas sus etapas.
Las comunidades conocieron del proyecto, su ejecución y alcance, efectos en los componentes naturales, humanos y comerciales, así como las acciones de mejoramiento social establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), señaló la Contraloría.
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