Conozca los argumentos del juez que ordenó millonaria multa en caso PAE

13 de diciembre de 2018 12:00 AM
Conozca los argumentos del juez que ordenó millonaria multa en caso PAE
Los imputados permanecerán en centros carcelarios hasta que paguen la caución. //julio castaño- el universal

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El fallo del juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, José Luis Sepúlveda, en el caso que investiga las presuntas irregularidades en la contratación del 2016 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena fue determinante: ponerle millonarias cauciones a los imputados y con el pago de estas se cobijarán con el beneficio de casa por cárcel.

Esta determinación la tomó el togado tras analizar el material probatorio expuesto por la Fiscalía y los argumentos de la defensa en contra del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez; el exsecretario de Educación, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya; la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, y David Reinaldo Camacho Benítez, quien ha sido llamado por la Fiscalía como el zar del PAE en la Costa Caribe.

Aunque inicialmente el juez estableció un monto para las multas de cada uno de los imputados, sus apoderados interpusieron un recurso de reposición argumentando que las cifras eran muy altas y que no contaban con los recursos para pagarlas, por lo que el togado decidió reducirlas en un 50 % de la siguiente forma:

- David Camacho: pasó del pago de ocho mil a cuatro mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, $3.124.968.000.

- Germán Sierra: de cinco mil a 2.500 SMMLV, es decir, $1.953.105.000.

- Gladys Muñoz y Sandra Mercado: cada una deberá pagar mil SMMLV, es decir, $781.242.000.

- Manuel Vicente Duque: 200 SMMLV, $156.248.000.

La defensa de Mayiris Gómez Ballestas no interpuso recurso en el fallo inicial del juez, por lo que la caución quedó en 20 SMMLV, es decir, $15.624.840.

Con la suma de estas cauciones, serán $6.812.430.240 los que tendrán que pagar como reparación al presunto detrimento patrimonial causado al Distrito en la contratación. El pago deberá ser en efectivo y no serán aceptados recursos por pólizas o bienes. Mientras estas personas desembolsan el dinero, permanecerán recluidas en centros carcelarios y luego irán hasta sus residencias donde estarán bajo casa por cárcel.

Otra de las órdenes del juez es que los imputados deberán reportarse cada 15 días en el Centro de Servicios Judiciales, no podrán salir de Cartagena y en el caso que necesiten hacer una diligencia médica o de otra índole será entre el horario de 6 a. m. a 6 p. m. Además, deberán usar brazalete electrónico.

En el caso de Manolo Duque, su apoderado solicitó que en vez de enviarlo a una cárcel de funcionarios como Sabanalarga y Corozal, permanezca recluido en la cárcel de Ternera, junto a David Camacho y Germán Sierra. En el caso de Sandra Mercado y Mayiris Gómez, serán enviadas a la cárcel de mujeres de San Diego; mientras que a Gladys Amanda Muñoz Bravo la enviarán a una cárcel femenina en Pasto, ya que en esta ciudad reside.

Los argumentos

Dentro de las razones que tuvo el juez de garantías para proferir su fallo está que todos los argumentos se centraron en explicar la correcta ejecución del contrato, pero no en algunas circunstancias accesorias, por ejemplo, que en el caso de la declaración de una urgencia manifiesta para la consecución de recursos que garantizaran la alimentación de los niños de escuelas oficiales están unas cartas enviadas el mismo día (18 de marzo de 2016) a la Secretaría de Educación por al menos 30 rectores de diferentes instituciones educativas, que solicitaban e imploraban una urgencia manifiesta.

El juez resaltó que dentro de las pruebas está que en algunos casos la hoy imputada y supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez, fue quien redactó estos documentos.

Por otro lado, enfatizó que sí hubo detrimento patrimonial porque hubo un manejo de recursos públicos y no se demostró que el contratista usó recursos propios para compras exhorbitantes de alimentos. Además, puntualizó que la propuesta en el PAE estuvo inflada y que hubo fallas en la liquidación.

Frente al contrato 052 del 2016, dijo que hubo una justificación falsa por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación involucrados con el objetivo de prorrogar el contrato.

Respecto a esto aseguró que quedó la duda de si en ese entonces el calendario escolar estableció que no hubo clases entre el 28 de noviembre de 2016 y el 13 de enero de 2017, por qué extendieron un contrato para alimentación escolar si no había estudiantes a quien entregarles las raciones.

Además, precisó que David Camacho fue quien resultó beneficiado y se observa que en toda la cadena logística y de producción existe su presencia, pues era la cabeza de panaderías, comercializadora y empresas de transportes que se vieron involucradas en el PAE.

El juez advirtió que al momento de la constitución de las cuentas el único autorizado para transacciones era Camacho, inclusive no apareciendo como representante legal. El llamado “zar” de la alimentación era el encargado de firmar y cobrar los cheques.

En cuanto al contrato, el juez afirmó que se cumplió con valores mayores y que no se entregaron las raciones.

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