A pesar de que en días pasados el mayor retirado de la Armada, Julio Sánchez García declaró que tras 10 años de litigio logró una orden judicial para que se le entregara una casa en el Centro Histórico, se conoció que recientemente fue emitido un auto interlocutorio que dejo sin efectos tal mandato.
La juez a cargo pidió que se presentaran los documentos que acreditan la titularidad de la propiedad para determinar si procede o no entregar el inmueble .
Para Sánchez, esta última resolución y un proceso de prescripción adquisitiva interpuesto por la contraparte son “artimañas legales” para impedir que se le entregue su propiedad.
Demanda por injuria contra Sánchez
Hernando Osorio Rico, quien fuera abogado defensor de la contraparte y a quien Sánchez señaló de pertenecer a un “cartel de corrupción de la ciudad y tratara de robarse la propiedad, en contubernio con funcionarios públicos”, declaró que ya no hace parte de los pleitos que se adelantan en la Fiscalía y en los juzgados, y que las acusaciones del mayor retirado son una retaliación personal.
“Según él, por una manipulación mía capturaron a su hijo, pero quien sabe un mínimo de derecho, conoce que las órdenes de detención solo pueden ser emitidas por un fiscal y en este caso fue porque el joven no asistió a una indagatoria a la que fue citado”, indicó Osorio y agregó que “durante toda mi vida profesional me he comportado de manera pulcra, todos mis procesos se han manejado con transparencia”. El abogado aseguró que hoy interpondrá un demanda penal por injuria contra Julio Sánchez.
Osorio Rico sostiene que Sánchez conocía el pleito de la casa antes de comprarla y que él está confabulado con los herederos para reclamar como suya la propiedad, argumentando que como comprador nunca les ha reclamado por el dinero de la venta, sino que se ha hecho parte del proceso de disputa.
Frente a esto, Julio Sánchez señala que “procedí con una demanda de entrega al tradente adquirente, para que le entregaran la propiedad pero quienes habitaban la casa se opusieron. Ellos son personas honestas que tenían legalizados todos los documentos al momento de la compraventa”, afirma el mayor retirado.
El abogado dice que no hace parte de ningún cartel y que las afirmaciones del mayor retirado se deben investigar: “Yo no sé si sea cierto que en Cartagena exista un cartel de la corrupción, pero creo que todos los servidores públicos de la ciudad deberían sentirse aludidos y deben pedir que esas palabras del señor Sánchez se investiguen y yo soy el primero que lo voy a pedir”.
Cita con el Fiscal General
Julio Sánchez indicó que interpuso una demanda contra el abogado Osorio por fraude procesal al presentar una escritura falsa en uno de los procesos judiciales y aunque fue exonerado en primera instancia pidió que el caso sea atendido por fuera de la ciudad en segunda instancia, además planea un encuentro con el Fiscal General de la Nación para exponer su caso.
“No puede ser que tras 12 procesos en la Fiscalía en los que se determina que mis hijos y yo somos inocentes del fraude procesal del que se nos acusaba, el abogado Osorio no pague por intentar quedarse con la propiedad. Si estamos enfrentados, ambos no podemos ser inocentes”, indicó.
Por lo pronto, en la casa habitan los compradores de quien se declara heredera de la casa y Julio Sánchez tiene la condición de nudo propietario, es decir, tiene el dominio jurídico, pero no puede acceder a ella.
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena comisionó al Inspector de Policía para entregar la casa en la Calle de La Tablada a Julio Sánchez, quien hace 10 años compró la mitad de la propiedad y al no poder acceder a ella, inició un proceso divisorio en el que se remató y la adquirió por completo.
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