A cargo de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente estuvieron las auditorías para verificar la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) -encargadas de la evaluación, control y seguimiento ambiental a las actividades económicas que usan y afectan los recursos naturales en el país- así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Como resultado, tres CAR se “rajaron” por su “bajo seguimiento y débil control sobre las licencias y permisos ambientales aprobados en varias regiones del país”, de acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de la Nación a través de un comunicado. La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) son las afectadas.
Al respecto, Olaff Puello Castillo, director de Cardique, aseguró que desde la entidad sí se han hecho importantes esfuerzos sancionatorios contra la violación a las normas ambientales.
“Poca efectividad”
En su informe, la Contraloría destaca que la principal deficiencia detectada en las auditorias realizadas es que la ANLA y algunas CAR no realizan seguimiento oportuno a las obligaciones establecidas en los actos administrativos por los cuales se han otorgado licencias y permisos ambientales. Lo mismo sucede con los compromisos instaurados en los Planes de Manejo Ambiental.
“Tal situación incide para que el seguimiento respecto del total de licencias y permisos otorgados sea bajo. Además, esta falta de verificación hace que, en algunos casos, se generen afectaciones relevantes en el medio ambiente y los recursos naturales”, indica la Contraloría, agregando que las demoras en procesos sancionatorios y débiles mecanismos de control interno afectan las gestiones de las CAR, especialmente las del Tolima, Sucre y Cartagena, que también ejerce control en parte de Bolívar.
En el caso de Cardique, el ente de control explica que “revisadas algunas investigaciones administrativas ambientales adelantadas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, vigencia 2013, se advirtió poca efectividad por parte de esta entidad para determinar las sanciones impuestas a las personas jurídicas comprometidas en el cumplimiento de la normatividad ambiental”.
Cardique responde
En un documento dirigido a Ramón Leal Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, con referencia a las auditorías de la Contraloría, Olaff Puello aseguró que la gestión de Cardique se ha realizado de acuerdo con los términos previstos en la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Por ello, Puello manifiesta que las investigaciones iniciadas por la entidad se desarrollan según los mandatos constitucionales y legales, y de esa forma se han impuesto las medidas preventivas que corresponden. Además, señala que se están adelantando indagaciones preliminares en los casos en que existen dudas respecto a los hechos o en relación con la existencia de causales eximentes de responsabilidad, agotándose el proceso de individualización del presunto infractor.
“Esta autoridad ambiental ha iniciado los procesos sancionatorios formulando los cargos que determina el material probatorio, concediendo los términos de ley para que el presunto infractor presente sus descargos, utilice los medios probatorios para su defensa e interponga los recursos que la ley pone a su disposición. Surtidas las anteriores etapas, nuestra entidad procede a imponer las sanciones que resultan de la revisión de criterios que establece la norma, siempre verificando el estricto cumplimiento del debido proceso. Todo esto se puede constatar durante el examen de los procesos sancionatorios que Cardique a su cargo, en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental”, detalló el director de Cardique.
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