La orden es clara. Cinco meses tiene el Distrito de Cartagena para remediar los males padecidos por los pobladores de Tierra Baja y Puerto Rey a causa de la ausencia de alcantarillado.
La Corte Constitucional escuchó las quejas de los afectados que afirman que son ellos quienes asumen los riesgos y las cargas del alcantarillado de Cartagena e irónicamente no cuentan con este servicio. Por tanto reivindicó sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana y a la consulta previa que según los lugareños les habían sido violados con la construcción del emisario submarino.
“A estas comunidades les correspondió aguantar no sólo las cargas propias de la construcción del emisario, sino la contaminación de la Ciénaga de la Virgen, a donde llegaban las aguas residuales antes de la construcción del mismo”, dice el fallo.
Los habitantes de Tierra Baja y Puerto Rey expresan que con la instalación del tubo conductor de aguas servidas de Cartagena, se levantó un muro de contención que frena el flujo de las aguas residuales de dichos corregimientos formándose estancamientos de agua que son fuertes fuentes de enfermedades.
En el fallo, la Corte le exige al Distrito asumir los costos de las asesorías que las comunidades necesiten y hacer la consulta previa con estas poblaciones afro.
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