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Corte Suprema favorece a pescadores y agricultores de Pasacaballos

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo del Tribunal Superior del Circuito de Cartagena, que negó la tutela interpuesta por cinco asociaciones de pescadores y agricultores de Pasacaballos contra Reficar, por la supuesta violación a los derechos de consulta previa, identidad cultural y autonomía, durante la ampliación de la Refinería de Cartagena.

Los accionantes piden que la empresa realice el proceso de consulta previa con la comunidad del corregimiento y que se suspenda el transporte de coque (combustible derivado del petróleo).

De acuerdo con sus argumentos, el transporte del combustible podría estar afectando a la población, pues se hace por vías externas, en camiones y barcazas que atentan contra la salud de los habitantes y contaminan el medio ambiente.

En la decisión del Tribunal, emitida a finales de mayo pasado, uno de los magistrados hizo salvamento de voto, al no estar de acuerdo con la decisión.

Al atender la apelación, la Corte accedió a tutelar los derechos impetrados, por lo que ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior hacer una inspección en el lugar y verificar si Pasacaballos está dentro del área de influencia del proyecto.

Wilman Herrera, abogado de los accionantes declaró que “celebramos con humildad este fallo histórico porque nos van a permitir participar en uno de los proyecto más grandes de Colombia. Nuestra intención no es parar un proyecto de esta magnitud, pero sí que se nos incluya”.

El jurista destacó la importancia de tener en cuenta a las poblaciones aledañas a los proyectos y no considerarlos un obstáculo por emprender estas acciones jurídicas cuando sienten vulnerados sus derechos.

“Con esto le hacemos saber a los empresarios que tienen el interés de hacer los macroproyectos en nuestro territorio, que las comunidades negras hacen parte del desarrollo del país (...) le decimos al Gobierno que no crea que la población retrasa los proyectos, lo que pasa es que no tenerla en cuenta y no analizar los impactos negativos y positivos, causa que más tarde el Estado se vea obligado a garantizar los derechos.”

Este medio consultó a Reficar sobre el caso pero la empresa aseguró no haber recibido notificación de la decisión y que una vez esto ocurra, emitirán declaraciones.

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