Jhony David Vidal tiene 14 años y tuvo que abandonar su natal Santa Marta hace seis meses en compañía de su madre, Carlily Manjarrez Pimienta, para recibir tratamiento contra el linfoma de hodgkin que padece en la parte derecha de la pelvis.
Lo más irónico es que su entidad prestadora de salud, Nueva EPS, no le ha autorizado las últimas dos órdenes para las quimioterapias, uno de los tratamientos aplicados a esa enfermedad.
“Nosotros somos de Santa Marta y la dificultad que tenemos es que al niño le han quedado mal con el tratamiento de dos quimioterapias. Una le tocaba el 29 de septiembre y no fue posible porque le negaron las autorizaciones. A raíz de que no tuvo el medicamento a tiempo me tocó hospitalizarlo de emergencia el viernes, en la clínica de Blas de Lezo, porque presentaba dolor abdominal y fiebre”, contó la madre, quien está hospedada en las instalaciones de Fundevida, en el barrio Zaragocilla.
Señaló que la segunda negación de la quimioterapia ocurrió el pasado 2 de octubre. “Estando en la clínica me dieron nuevas órdenes, las llevé a la EPS y no me han respondido. La próxima quiomio la tiene programada para el 14 y también tiene pendiente unos exámenes de laboratorio, unos TAC y hasta el momento tampoco me han dicho nada”.
La mujer, quien tiene otros cinco hijos esperando su regreso en Santa Marta, recalcó que está desesperada por el incumplimiento en la prestación del servicio de salud.
Este caso de vulneración de derechos hace parte de los 50 que fueron consignados en la denominada “solicitud de medidas cautelares para niños con enfermedades hemato-oncológicas de Cartagena de Indias y Costa Caribe Colombiana”, que será enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos. Lea aquí (Vulneraciones a niños con cáncer o autismo llegarán a la CIDH)
Recordemos que ese proyecto es una iniciativa de la Defensoría del Paciente en alianza con el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena.
“Este fue un trabajo bastante largo, arduo, muy delicado, en donde la Universidad de Cartagena jugó un papel fundamental porque es el primer caso (solicitud ante la CIDH) que ocurre en Cartagena y no sé si en el país, porque la guerra no solo es la de fusiles y minas. Hay otras pequeñas pero muy dolorosas guerras, como la de los pacientes con cáncer”, manifestó Henry Vergara, defensor del Paciente.
“Lo más importante en ese documento -resaltó- es que todos los niños seleccionados tienen derecho de petición, tutelas y varios incidentes de desacato porque algunas EPS cumplen parcialmente. Les dan el tratamiento pero no se sigue una secuencia, entonces lo paran, tienen que colocar desacato y entre desacato y desacato se va la esperanza de curación y de vida de estos niños (...) Ellos han acudido a nuestra justicia y esta se ha hecho de oídos sordos, permanece parapléjica sin que a los gerentes de las EPS les pase absolutamente nada”.
Vergara agregó que “en el documento también hay casos de niños que han fallecido, son víctimas de las EPS, pero no pasa nada. Por eso acudimos a una instancia internacional, que es la CIDH, para que se dicten medidas cautelares”.
CON APOYO DE PADRES JESUITAS
Henry Valle Benedetti, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Cartagena, aseguró que con las medidas cautelares de la CIDH se contribuirá a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los niños con cáncer en Cartagena “y posiblemente en Colombia, como proyección de esa situación (...) Por el volumen de la información estamos trabajando para enviarla por correo a Washington. Con ayuda de los padres jesuitas se hará la presentación por vía física. De cualquier modo que llegue, ellos van a estudiarlo, pero electrónicamente ha sido un poco dispendioso por el volumen de información, entonces también queremos hacerlo en físico”.
Añadió que “tenemos fe en que la solicitud llegará a un buen término. El hecho de establecer la esperanza de que los niños puedan ser atendidos eficazmente, es un hecho positivo y satisfactorio”.
Jorge Camacho, director del Santuario de San Pedro Claver, refrendó el documento y ratificó su apoyo en el envío a la Comisión. “Queremos ayudar en esa gestión y tenemos varias vías. Una es por los jesuitas que están en Washington y otra por las personas que conocemos, que trabajan en centros de derechos humanos. Vamos a ver cómo lo logramos”.
Anotó que su acompañamiento fue solicitado en ese proceso por ser el Santuario de San Pedro Claver sede de los derechos humanos, “y por lo que representa la compañía de Jesús”.
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