El pasado fin de semana murió la señora Agustina Ramos Salas, de 76 años.
Ella era una de las propietarias de las viviendas que se derrumbaron en el sector Lomas de San Francisco durante la temporada invernal de 2010 y 2011.
El viernes familiares y vecinos le dieron el último adiós y dijeron que con ella ya son 35 personas de la tercera edad, quienes han muerto aquejadas por el estrés que les provoca la expectativa por las soluciones que les prometió el Gobierno Distrital cuando sus casas cayeron derruidas por la naturaleza.
En peligro de morir están otros diez ancianos recluidos en diferentes centros médicos de la ciudad, y cuyos hijos aseguran que eran sanos y tranquilos antes de que comenzara la odisea con las viviendas.
“Pero ahora –agregan--, muchos se han vuelto hipertensos, sufren isquemias cerebrales, se les sube el azúcar, han perdido la movilidad o son víctimas de la depresión, como consecuencia de que han hecho todas las diligencias que les ha pedido el Gobierno para resarcirles las pérdidas, pero como no ven solución cercana empiezan a perder la esperanza”.
Los hijos de Agustina Ramos, mientras la velaban en la Funeraria Lorduy, del barrio Pie del Cerro, recordaron que “ella decía que quería morir en su casa. Todas las semanas, después de haber presentado la documentación que le pidieron, iba a Corvivienda para ver cómo andaba su proceso y lo que se encontraba siempre la misma respuesta: que tenía que esperar, que ya eso casi estaba saliendo, pero nada, hasta que se murió”.
Otro de los factores que agravaron la situación de los damnificados fue el cambio de dirección en Corvivienda, “y eso también les servía como excusa a los funcionarios para decir que lo nuestro se demoraba, porque había que reorganizar el despacho en vista de la nueva administración”.
Los damnificados fueron padres de familia, quienes, a principios de los años 70, compraron viviendas al desaparecido Instituto de Crédito Territorial (ICT), las cuales fueron remodelando hasta convertir el sector en uno de los más hermosos de las faldas de La Popa, pero en cuanto se determinó que debían salir de la zona, para evitar una tragedia, puesto que las lluvias y el terreno eran una amenaza ineludible, todos esos esfuerzos se vinieron al suelo.
Entre los mismos perjudicados se han formado comités que propenden por el apoyo del Distrito, por lo cual enviaron cartas al alcalde de Cartagena Dionisio Vélez; a la Procuraduría Provincial, a la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, con el fin de que se organizara una reunión el pasado 14 de abril, a las 10:00 de la mañana en el Colegio Corazón de María, de San Francisco, pero nadie acogió la propuesta.
“Ahora –anunciaron— estamos planeando la toma de alguna de las dependencias del Distrito, a ver si no nos van a prestar atención”.
Organizan protesta
Ayer, alrededor de 60 damnificados protestaron en la Calle del Arsenal por no haber recibido aún los subsidios de arriendo por parte del Distrito, por lo cual muchos inquilinos han sido desalojados.
“Quedaron en pagarnos en Semana Santa, luego nos dijeron que después de Semana Santa. Ya estamos en mayo y nos deben 4 meses” aseguró Marta Rodríguez.
Afirman que continuarán en la protesta hasta obtener una solución.
La Alcaldía de Cartagena anunció el pasado 23 de abril que esperaba entregar en octubre otras 216 viviendas, que se sumarían a las 436 que ya estaban destinadas para estos damnificados.
Por su parte, la directora de Corvivienda, María Elena Vélez Ospino organizó ayer en la tarde una reunión con líderes de San Francisco.
La funcionaria aseguró tener como meta para este año una solución para los damnificados, de acuerdo con las especificaciones de cada familia .
Para tales efectos se han reactivado las mesas de trabajo con los líderes del sector con quienes se trabaja semanalmente y se revisan los avances que se vayan logrando en cada etapa del proceso.
Comentarios ()