A tres meses de haber comenzado el paro judicial y luego de que el Gobierno Nacional anunciara la judicialización de los funcionarios que insistan en no retomar sus actividades laborales, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), seccional Bolívar, declaró que han sido víctimas de un matoneo mediático por parte del Estado.
La asociación de trabajadores argumenta que el Gobierno no solo se ha negado a una negociación justa, si no que el anuncio de militarizar los edificios judiciales es una forma de amedrentar e intimidar a los funcionarios en paro y ocultar su falta de voluntad política para dar solución a las problemáticas de los protestantes.
“El Gobierno está desinformando a la opinión pública, como siempre lo han hecho, con declaraciones falsas como que tenemos un acuerdo firmado o que nos han hecho un aumento salarial del 44 por ciento cuando no es así, pues la nivelación salarial la disfrazaron en 2012, con una bonificación que no constituye factor salarial”, aseguró Leonel Rodríguez, presidente de Asonal Bolívar.
Rodríguez señaló que, a través de fuentes fidedignas, la asociación que lidera se enteró de que la Dirección Seccional de la Rama Judicial en Bolívar, solicitó la presencia policial y militar de en los edificios judiciales de la ciudad.
De acuerdo con la información que maneja Asonal Bolívar, la militarización se realizaría a partir de las 2:00 a.m., del próximo martes.
“El director de la Rama Judicial en Bolívar, Hernando Sierra Porto, nunca ordenó militarizar durante este tiempo, aunque en otras ciudades sí se ordenó. Sin embargo, el director encargado, Juan Carlos Lozano, realizó la solicitud a la Policía lo que puede generar, como consecuencia, enfrentamientos violentos con la Fuerza Pública”, indicó Leonel Rodríguez.
El Presidente de la asociación de trabajadores judiciales en Bolívar señaló que la militarización no significa el levantamiento del paro. “No retomaremos las labores. Tal vez sean los miembros de la Policía, del Ejército o del Esmad quienes comiencen a atender en los despachos judiciales”, expresó el empleado judicial.
Asimismo, Asonal Bolívar expresó que la no prórroga de los juzgados de descongestión de Cartagena (20 aproximadamente), que dejaron alrededor de 300 personas sin empleos, lo consideran una represalia en su contra.
El Universal se comunicó con Juan Carlos Lozano para corroborar la militarización que comenzaría la madrugada del martes. “Todavía no lo hemos decidido”, fue la única declaración del director seccional (e) de la Rama Judicial.
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