*Paola, de 9 años, fue contactada por *ZamoraBueno a través de Micegirl, un juego en línea que junta a personas de todo el mundo y ofrece un chat para que los participantes interactúen entre sí.
En apariencia es un juego para niños, que conoció a través de algunos compañeros del colegio, que también tienen “avatares” allí creados a los que han bautizado con nombres bastantes singulares.
El primer acercamiento implicó un saludo y una conversación sobre el juego, luego una invitación a hablar en privado por hangout (la niña tenía creado un correo electrónico con autorización de los padres). Tras las bromas y risas, el diálogo se transformó en una lluvia de frases manipuladoras que incluían halagos y la “confesión” aparente de que era un niño, también, de 9 años al que su mamá lo tenía vigilado y no podía mostrarse en cámara como él quisiera. Puras patrañas. Finalmente ZamoraBueno logró ganarse la confianza de la niña y convencerla para que le mostrara su cuerpo.
Una vez ocurrido esto, la acosaba constantemente a través del chat del juego y con la amenaza de que conocía quienes eran sus padres y los mataría si ella no accedía a sus pretensiones logró someterla a su voluntad varias veces. Le ordenaba quitarle el volumen al portátil y usarlo en la habitación a horas que ya la niña le había dicho que se encontraba únicamente con la empleada doméstica.
La bomba estalló una mañana en que Paola fue sorprendida por la madre llorando frente al computador, muerta del pánico.
Cuando la mujer tomó el portátil en sus manos la video conferencia de hangout había sido cerrada, pero en el chat quedaban varias de las conversaciones sostenidas. La primera reacción fue llamar a la Policía, sin embargo, tras escuchar a los investigadores que acudieron a su casa y analizar las mínimas probabilidades de captura del “maldito” que le hizo eso a su hija desistió de interponer la denuncia. Tomó correctivos respecto al uso del computador: cambió el portátil por uno de mesa y aprendió a usar el control parental. Además buscó un sicólogo privado para que atendiera a la niña.
“Me dijeron que había maneras de encontrar al sujeto, pero era muy difícil por varias cosas. Primero porque se trataba de una sola víctima y cada investigador tenía hasta 70 investigaciones por las que debía responder para ser calificado y una investigación como esa requería de tiempo y dedicación y había altas posibilidades de que nunca se supiera quién era porque depredadores como esos se valían de artimañas para no dejar huellas confiables de la IP (identificación informática del sitio desde donde enviaron los mensajes). Segundo, si se trababa de alguien que vivía fuera del país, su captura era más difícil aun porque había que contar con la policía de otra Nación y ese apoyo algunas veces tardaba, y si se trataba de un solo caso como este, eran mínimas las probabilidades que despertara interés. También me decepcionó que en Cartagena no hay una unidad investigativa que se dedique exclusivamente a este tipo de casos; así que pensé que someter a mi hija a indagatorias y demás trámites que implica un caso judicial por obtener algo que era incierto, no valía la pena”, precisa la madre de la víctima.
El caso de Paola, ocurrido hace unos siete meses, pasó a ser, entonces, uno de los muchos que ocurren, pero que no engrosan las estadísticas manejadas por las autoridades porque nunca fue denunciado. La falta de confianza en las autoridades para manejar este tipo de delitos y resolverlos efectivamente persiste en un porcentaje desconocido en la ciudadanía, lo que amplía el espectro de impunidad en que se mueven los abusadores y explotadores sexuales de menores por Internet.
La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) han mostrado algunos resultados valiosos como las capturas del periodista Alejandro Matamoros, en Bogotá; y de un ingeniero industrial (las autoridades no suministraron su identidad por seguridad) en Cali; pero estos casos tenían algo en común: las víctimas eran varias y la modalidad de contacto de estos pedófilos fue distinta. Ambos usaron Facebook, la red social más usada por estos delincuentes, pero también uno de los métodos que más deja huella que pueden ser seguidas por las autoridades; además vivían en Colombia lo que facilitaba, hasta cierto punto, la investigación.
No se trata de desmeritar el excelente trabajo realizado por las autoridades en estos casos, sino de poner en evidencia los resquebrajos que tiene el sistema y la resistencia que se crea en algunos ciudadanos.
Ni la Policía, ni el CTI, ni el Bienestar Familiar, ni la Policía de Infancia y Adolescencia en Cartagena llevan una estadística puntual de menores residentes en Cartagena, víctimas de acoso y explotación sexual a través de redes sociales y juegos en línea, pero eso no quiere decir que no ocurra.
AUTORIDADES LOCALES FRENTE A ESTOS DELITOS
El comandante de la Sijin en Cartagena, Mayor Harbey Silva, precisa que la Policía cuenta a nivel central, con sede en Bogotá, con el Centro Cibernético Policial desde donde se atienden las 24 horas de los siete días a la semana los casos en los que los delincuentes se hayan valido de las redes sociales o el Internet en general para cometer las fechorías. En 2015 se atendieron 40.000 reportes de distintos delitos (sexuales y de otra índole) ocurridos en el país y en lo que va de 2016 se han recibido 7.500. La Policía en Cartagena recibe apoyo de este centro, pero como tal en la ciudad no hay un grupo de uniformados especialistas que trabaje exclusivamente en la comisión de delitos con este modus operandi. ¿Por qué?
El mayor Silva responde: “Delitos informáticos como tal no hay. Los delitos son los mismos independientemente de los métodos usados por los delincuentes. No varían. Hablamos de hurto, extorsión, pornografía, explotación sexual etc., si en la realización de estos actos se utilizaron medios tecnológicos eso se tiene en cuenta en la investigación, por tanto todos nuestros hombres están en capacidad de llevar el caso”.
El oficial precisa que su grupo, actualmente, investiga tres casos de pornografía infantil cometidos a través de medios cibernéticos y aclara: “El curso de la acción comienza con la denuncia. Estos casos han sido advertidos por mamás y papás que les han hecho seguimiento a la actividad de sus hijos en internet ya que de acuerdo con las pesquisas los menores no comentan lo que les ocurre, principalmente, por temor a ser descubiertos por sus acosadores. Las modalidades más utilizadas de contacto son Facebook o juegos en línea y por medio del chat inician las conversaciones”.
La Policía promociona orgullosa la app Protectio, como un programa de descarga gratuito, diseñado para bloquear y alertar sobre sitios web o chats, que representen una amenaza para los menores de edad. Se enumeran varias ventajas, pero la realidad es que la app tiene baja efectividad empezando porque su funcionamiento es muy lento o se bloquea frecuentemente y exige un código que luego califica como no válido. Los comentarios en la red sobre ella no son alentadores.
Las denuncias de este tipo en Cartagena las atiende el Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) de la Fiscalía en la Casa de Justicia de Canapote, donde se ocupan de los casos en los que hay menores involucrados como víctimas o como victimarios. El delito, según el Código de Procedimiento Penal se llama, se llama: Utilización o Facilitación de Medios de Comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Los pedófilos cibernéticos se ganan la confianza de las víctimas siempre con la misma intención: pedirles fotos y videos de desnudos, una vez obtenidos los chantajean para conseguir más “material”, dinero u obligarlos a tener encuentros sexuales con ellos, donde también los graban y hacen fotos. El siguiente paso se bifurca, las fotos y videos los pueden usar para su “archivo personal” o los pueden vender en el mercado “oscuro” de la pornografía infantil. Esto último eleva el caso a explotación sexual.
En otros casos, la divulgación de fotos íntimas se da por venganza entre parejas sentimentales. Hombres o mujeres que se dejan fotografiar o grabar en video mientras sostienen una relación amorosa consentida y una vez pelean uno de los dos difunde el material. En este caso la mayoría de víctimas son mujeres.
Según la Fiscalía en Cartagena, en el 2016 se registraron diez casos de delitos sexuales en los que había menores involucrados. Cinco se cometieron apoyados en el uso de medios de comunicación (entiéndase el internet como un medio de comunicación) y tres de esas investigaciones arrojaron que las redes sociales no se usaron por deseos libidinosos, sino por venganza. Parejas de adolescentes que se tomaron fotos en la intimidad y por venganza al terminar la relación las dieron a conocer por las redes sociales.
La Fiscalía, también, aclara que las investigaciones en estos casos son dispendiosas por varias razones. Por ejemplo: “por un caso registrado en 2008, Caivas, seccional Bolívar, le solicitó a Facebook que le diera información del perfil de una persona. El caso se cerró en el 2015 y la respuesta de Facebook se recibió en este 2016, solo con la notificación de que el perfil que solicitaban no estaba completo y le pregunta de que sí aun necesitaban (las autoridades) la información”, recalca un comunicado de la Fiscalía.
En otros casos, aclara la oficina de comunicaciones de la entidad judicial, la gente no aporta los datos completos en la denuncia. Una señora, por ejemplo, explicó que su hijo recibía fotografías y videos obscenos por el WhatsApp, pero nunca reveló el número celular del que llegaban los mensajes.
LOS FILTROS FAMILIARES Y EDUCATIVOS
La Intendente Patricia Piñeres Puello, coordinadora de la Policía Infancia y Adolescencia, manifiesta que el filtro más eficaz contra los abusadores y explotadores sexuales cibernéticos es la educación y el control que los padres ejerzan sobre la conducta y actividades de sus hijos.
“Los niños y adolescentes no se pueden dejar solos y sin ninguna supervisión en Internet; además los padres deben revisar el historial de internet frecuentemente y monitorear las redes sociales que utilizan sus menores a cargo, porque el margen de ganancia de los delincuentes está en que los niños se asustan con facilidad y no dicen lo malo que les ocurre. Los abusadores los hacen sentir culpables y entonces creen que sus padres los van a castigar. La confianza entre padres e hijos es fundamental”, comenta Piñeres, quien agrega que la Policía hace campañas de prevención principalmente en los colegios y hoteles y con los diferentes gremios que se mueven alrededor del turismo como los taxistas, los vendedores y guías turísticos; pero esto resulta insuficiente si en los hogares los padres se descuidan.
Humberto Padilla, de la Fundación Renacer, enfatiza que la gente debe empezar a diferenciar entre el abuso sexual y la explotación sexual, y comenzar a ver este último como un delito igualmente grave. “Frente a la explotación sexual se manejan varios mitos que terminan prácticamente por victimizar a los delincuentes. Cuando se observa o se conoce de un adolescente, hombre o mujer, negociando su cuerpo de manera física o virtual con un adulto; la gente asume que ya ese adolescente sabe lo bueno y lo malo y que si está haciendo eso es porque quiere. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Lo último que un menor quiere es ser accedido por un adulto y menos por dinero o cualquier otra cosa material a cambio. Hay factores predisponentes que ponen al menor en esta situación de vulnerabilidad como el abandono de sus padres, físico o emocional; la desescolarización y una educación desigual y sumisa”.
La directora del Dadis, Adriana Meza, expone que los delitos sexuales en Colombia, independiente del medio por el que se cometan, son un tema de salud pública por cuanto afectan la siquis de la víctima; por tanto deben ser reportados al Dadis para apoyar en el restablecimiento sicosocial del lesionado.
Sobre este tema hay mucha tela que cortar, una de las aristas es que las páginas de pornografía para adultos, aparentemente legales, promocionan páginas de pornografía infantil, con contenidos pagos. ¿Qué se hace frente a eso? En la página del Ministerio de Tecnologías hay una opción para denunciar estos link; pero sigue siendo insuficiente la acción ante la avalancha delincuencial.
En conclusión, el Estado debe subsanar las grietas en el sistema para que las investigaciones sean efectivas y recobrar la confianza de la ciudadanía; pero la comunidad debe también vencer la resistencia y denunciar, porque a pesar de que la justicia cojeé es mejor haberlo intentado a dejar totalmente impune a los malhechores, y sobre todo, la comunidad en general debe propender por una educación basada en la confianza y a la altura de los nuevos riesgos que traen consigo los avances tecnológicos, sobre los que se mide el progreso de una sociedad.
*Paola y ZamoraBueno. Nombres ficticios. El nombre verdadero de la víctima fue cambiado por su seguridad y el del usuario del agresor, también, en protección a cualquier investigación que se adelante al respecto.
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