Con una demanda de casación, el procurador judicial penal 83 de Cartagena, Juan Carlos Cabarcas Muñiz, pidió a la Corte Suprema de Justicia, la revocatoria de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cartagena que absuelve a dos ex funcionarias involucradas en el caso conocido como “mercaditos comprados”.
Betty del Carmen Mercado Barrios y Luz Nela Palis Viana, fueron acusadas de emitir certificaciones falsas que autentificaban la recepción de mercados y medicinas, por parte de la organización contratada durante el estado de urgencia manifiesta, decretado por el entonces gobernador Libardo Simanca Torres, por el crudo invierno que enfrentó la ciudad en el año 2007.
La organización contratada de forma directa, presentó en enero de 2008 la cuenta de cobro por 4500 millones de pesos, cuando ya estaba posesionado como gobernador Joaco Berrío. El mandatario se negó a pagar dicha cifra por la ausencia de las actas de recibo, que días después presentaron los contratados, las cuales estaban firmadas por Betty Mercado Barrios, interventora de la contratación, y Luz Nela Palis Viena, jefe de almacén.
Ante la incosistencia entre el valor a pagar y los insumos entregados a los afectados por el invierno, se inició una investigación contra de ambas funcionarias.
Los contratados alegaron que los mercados no entregados se encontraban en una bodega. Posteriormente se descubrió que la bodega fue contratada en febrero de 2008 para justificar la cuenta de cobro millonaria, dejando en evidencia la falta de Betty y Luz Nela, quienes habían certificado la recepción de la mercancía en diciembre.
Así, el Juez Primero Penal de Cartagena declaró culpables a las funcionarias mencionadas, fallo que fue revocado por el Tribunal Superior de Cartagena distorisionando, cercenando y tergiversando la pruebas irrefutables presentadas con anterioridad, según lo establece la demanda de procurador judicial Cabarcas.
De acuerdo con ese documento, de no ser culpables las implicadas, la Gobernación de Bolívar tendría que pagar una suma cercana a los 14 mil millones de pesos que corresponden a la cuenta de cobro de los mercados, más los intereses generados, gastos de abogados e indemnización.
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