El ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, dijo el jueves que el gobierno está dispuesto a cooperar con España en el caso contra el futbolista argentino Lionel Messi, aunque aclaró que el convenio de intercambio de información financiera con ese país no es retroactivo.
"La justicia española está tramitando una causa en la que Uruguay, cuando sea convocado de alguna u otra manera a cooperar con eso, en el marco del Estado de derecho concurrirá", dijo a periodistas Lorenzo, quien rechazó que la fiscalía española considerara a Uruguay un paraíso fiscal.
La fiscalía de delitos económicos de Barcelona, en el noreste de España, presentó el miércoles una querella en el juzgado contra el astro del FC Barcelona por presunto fraude fiscal de 4 millones de euros.
El delantero y su padre habrían desviado el dinero conseguido por los derechos de imagen a través de países europeos como Suiza y el Reino Unido "a sociedades puramente instrumentales radicadas en paraísos fiscales (Belice y Uruguay)", según el texto de la denuncia.
El ministro uruguayo admitió que el futbolista pudo haber usado sociedades anónimas vigentes hasta 2009, las denominadas SAFI (Sociedades Financieras de Inversión).
"En el año 2007 todavía estaban vigentes en nuestro país las SAFI y buena parte de los marcos normativos que ofrecían opacidad para que ese tipo de cosas ocurrieran", indicó, destacando que en los últimos años se "ha vivido un proceso de cambios muy importantes, estratégicamente correctos para el país y que hoy nos posicionan en una situación bien distinta".
"Es muy importante para el país decir que si estas cosas ocurrieron ya no ocurren", recalcó, reconociendo no obstante que "las leyes y los marcos jurídicos no impiden los delitos".
Uruguay tiene vigente un acuerdo de intercambio de información tributaria con España, vigente desde 2011. Lorenzo aclaró no obstante que el convenio no es retroactivo.
Uruguay ingresó a fines del año pasado a la segunda fase de un proceso de revisión de sus prácticas en materia de transparencia e intercambio de información fiscal por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que lo había incluido en su 'lista gris' de paraísos fiscales.
