Tras supuestamente incumplir con un contrato de arriendo, más de 60 familias del cabildo indígena Zenú, asentado en Membrillal, una vereda del corregimiento de Pasacaballos, están siendo desalojados desde esta mañana por la Alcaldía de la Localidad Tres: Industrial y de la Bahía.
La alcaldesa de dicha localidad, Patricia Zapata Negrete, explicó que la diligencia- que empezó desde las 8 de la mañana de este martes- se adelanta en cumplimiento a la orden de un juez de restituir ese bien particular, pleito jurídico que, según se conoció, se gesta desde hace un año.
La funcionaria indicó que "hemos tratado en todo momento de no vulnerar los derechos de esta comunidad, está todo dispuesto para trasladarlos a donde ellos lo pidan. Muchos, han entregado voluntariamente el predio", sostuvo.
El desalojo se realiza con apoyo del Escuadrón Móvil Antiditurbios (Esmad), de la Policía Metropolitana. Como garantes de que no se vulneren los derechos de los adultos y niños del resguardo, están la Defensoría del Pueblo, la Personería distrital, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Comisaría de Famila, y la Policía de Infancia y Adolescencia.
Hasta el momento, han abandonado el lugar tres familias, las cuales pasarán la noche en ranchos vecinos.
El resguardo indígena está asentado en esa zona del suroccidente de la ciudad hace más de siete años, luego de que el conflicto armado los obligara a abandonar sus tierras. Las familias provienen de Córdoba, Sucre y Magdalena.
"Esta es una medida discriminatoria"
Roger Suárez Castillo, secretario del cabildo, dijo que "esta es una medida discriminatoria que echa a un lado las etnias, no hay respuesta alguna para la población indígena. Fuimos el conejillo de indias para 'engordar' el terreno, le dimos el valor".
El líder de esa comunidad aseguró que, el pasado 21 de junio, el Distrito se comprometió a darles una solución de vivienda, pero a la fecha todo ha quedado en promesas.
Desde julio de 2016, el resguardo indígena espera por un terreno donde puedan asentarse sin temor a ser expropiados. A finales del año pasado, el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, aseguró que "con la Unidad de Restitución de Tierras se estaba revisando la opción de compra de un inmueble para solucionar la problemática de manera definitiva, para garantizarles a ellos un territorio propio donde puedan desarrollar sus actividades como comunidad étnica".
El funcionario además precisó, en ese entonces, que se buscaban soluciones a través de la formulación de proyectos que se puedan presentar por regalías, pero a la fecha no hay nada concreto.
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