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Desde 2017: 107 tutelas y una persona incluida en el RUV

En 2017, 107 vendedores informales del Centro Histórico presentaron acciones de tutela contra de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad del Distrito, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo, mínimo vital, igualdad, debido proceso administrativo para la inclusión en el Registro Único de Vendedores (RUV), entre otros.

Por algunas de esas tutelas, jueces le ordenaron a la dependencia distrital adelantar estudios socioeconómicos para establecer si los accionantes tenían derecho o no a ser incluidos en el RUV. Sin embargo, hasta el pasado 2 de agosto solo una persona había sido incluida y no por los resultados de tales estudios.

Es Moris Palomino Pérez. Un juez ordenó su inclusión directa al RUV, por segunda vez, debido a que ya se había ordenado el 22 de septiembre de 2017, pero el fallo de tutela no fue acatado. Por el desacato se resolvió sancionar a la gerente de Espacio Público y Movilidad, Luzmila Pertuz Therán, con multa de cinco salarios mínimos mensuales y arresto de cinco días.

En aras de conocer si se estaban cumpliendo los fallos judiciales, el presidente de la Veeduría a la Rama Judicial (Vejuca), Erick Urueta Benavides, informó a El Universal que presentó un derecho de petición a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, el 1 de junio de 2018.

Le preguntó cuántos fallos de tutela le ordenaron hacer estudios socioeconómicos a vendedores informales del Centro Histórico, para determinar si  tenían o no derecho a ser incluidos en el RUV; y cuántos fallos le ordenaron -de manera directa- incluir a vendedores informales en el RUV. En su respuesta, la dependencia se limitó a informar el número de tutelas recibidas en 2017 (107) y el número de vendedores incluidos en el RUV (1) o en trámite de inclusión (4).

Urueta sostiene que “de todos los fallos judiciales que  le ordenaron a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad hacer estudios y determinar si los vendedores tenían derecho a estar en el RUV, podemos decir sin temor a errar que según Espacio Público ninguno cumplió para ser ingresado en el RUV. Cuestión que llama la atención, teniendo en cuenta que los vendedores que presentaron tutelas tienen más de 10 y 15 años en el espacio público. Los vendedores han presentado reclamación por esta situación”.

Además, el 8 de agosto pasado el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías le ordenó a la mencionada gerencia suministrar la información solicitada por Urueta en el término de 48 horas. Aún no lo ha hecho.

Presentará denuncia
El presidente de Vejuca recalcó que “en este sentido, la Veeduría a la Rama Judicial no cree en los estudios socioeconómicos y por lo tanto presentará denuncia penal por la comisión de los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, por emitir estudios con la única finalidad de no incluir a ningún vendedor.Igualmente con el afán de decirle al juez que cumplió”.

Reiteró que a la gerente de la dependencia distrital “no le ha dado la gana de incluir en el RUV a los vendedores informales a través de los estudios socioeconómicos, porque no es admisible ni creíble que vendedores informales que tienen más de 10 y 15 años en el Centro Histórico no pasen los estudios económicos”.

Uno de los afectados
Francisco Ceballos Castrillón tiene 32 años y sostiene que en la próxima Semana Santa cumplirá 13 años de estar vendiendo arepas de queso en la plaza San Pedro Claver. No obstante, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad se niega a incluirlo en el RUV.

“Tengo dos fallos de tutela (13 de marzo y 6 de abril de 2018) a favor pero no me quieren incluir en el RUV. Dicen que por órdenes de arriba supuestamente no pueden incluir más personas. Yo he luchado por eso, he ido a Espacio Público, les muestro pruebas de que hace años estoy haciendo lo mismo y no es justo que quieran desplazarme”, dijo el vendedor, oriundo del municipio de San Carlos, Antioquia.

Indicó que “en agosto de 2017, cuando empezó la Policía y Espacio Público a desplazarnos, hablé con el párroco de la iglesia San Pedro Claver (Jorge Alberto Camacho) y me expidió una carta firmada y sellada donde consta que me conoce como vendedor de la plaza San Pedro Claver desde hace muchos años. Aparte de eso, el juez en primera instancia ordenó a Espacio Público que me incluyera en los programas de formalización. Pero no, impugnaron mi tutela.

“En segunda instancia, el juez les dio un plazo de 10 días para que me hicieran el estudio socioeconómico. Ellos desacataron la ley y dejaron pasar más de tres meses para hacerlo. Apenas hace unos 10 días vino un joven, me hizo unas cinco o seis preguntas, que cuánto ganaba, cuánto tiempo llevaba ahí y se fue. Pero no me dio constancia de nada y la Policía siempre va a exigir la confianza legítima. Sin ella no me permite trabajar como es debido”.

El vendedor de arepas manifestó que “quiero que tomen la decisión de incluirme al RUV o me respondan por qué no puedo pertenecer. Yo mostré pruebas y por eso tengo los fallos a favor. Tengo tres hijos, soy padre cabeza de hogar y estoy al frente de la comida de mi familia. Como vendedor informal no tengo un sueldo fijo, pero todos los días gano entre 35 y 45 mil pesos.

“La economía informal alimenta a miles de familias en Cartagena. El Distrito la quiere desplazar con la intención de que solo los locales y establecimientos que le pagan aprovechamiento económico, ejerzan la labor comercial. No tienen en cuenta que por muchos años nos hemos ganado la comida acá”.

“El juez ordena”: Espacio Público
Consultada por El Universal, la gerente de Espacio Público y Movilidad, Luzmila Pertuz Therán, explicó que cuando un vendedor informal presenta a un juez pruebas contundentes de que lleva equis tiempo en el espacio público, el juez ordena su inclusión inmediata en el RUV, pero cuando no es así, “el juez ordena que la Gerencia realice un estudio socioeconómico. La Gerencia lo realiza y en base a este el juez determina si cumple o no los requisitos para ser incluido en el RUV. Los vendedores informales que a la fecha no están incluidos es porque no han presentado pruebas contundentes para que se ordene su inclusión inmediata. El juez decide. Es quien evalúa las pruebas presentadas y me ordena si debo o no incluirlos en el RUV”.

Respecto a la denuncia penal que presentará Vejuca en su contra, por no responder lo solicitado en un derecho de petición, la funcionaria aseguró que “están en su derecho de presentar denuncias y nosotros de contestar. Yo puedo decir cifras, pero hay que mirar bien cuál fue la pregunta que se hizo en el derecho de petición y qué contesté. A veces uno cree que está preguntando una cosa y pregunta otra. Yo me limito a contestar lo que me preguntan”.

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