*Gilberto Enrique estuvo en las Autodefensas Unidas de Colombia. Se desmovilizó en el año 2005 y hoy tiene la misma sensación que lo motivó a ingresar a este grupo al margen de la ley.
Cuando en el 2000 tomó la decisión de pertenecer a las AUC no tenía trabajo. Estaba desesperado. Tenía muchas deudas. Un amigo llegó en el momento menos indicado: le informó que los paras estaban reclutando. En esa época el sueldo de patrullero era de un millón ciento cuarenta mil pesos trimestral.
Nueve años después de haber pasado por el proceso de reintegración puede decir que culminó sus estudios de bachiller, es técnico en programación de sistema y tiene un certificado de empresarismo otorgado por Comfamiliar. El problema es que no puede conseguir empleo o hacer préstamos bancarios porque está reseñado por el delito de concierto para delinquir agravado. Por eso está desesperado, igual que en el año 2000.
Como él hay muchos desmovilizados de AUC que hoy se sienten traicionados por el Estado, porque a pesar de que no cumplen condenas físicas, a la mayoría les toca pagar millonarias multas que eventualmente pueden ocasionar que les confisquen los bienes que adquieran, les suspenden las cédulas y quedan marcados como delincuentes en sus hojas de vida. Es decir, tienen libertad pero están socialmente condenados y atados por la justicia.
El origen de esta situación se dio hace más de 4 años, cuando la Corte Constitucional, haciendo uso de sus funciones, emitió un concepto jurídico en el que afirma que las personas que pertenecen o pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, cometen delito de concierto para delinquir agravado, y no un delito rebelión o sedición (delitos políticos) como habían sido acusados y sentenciados hasta el momento, porque ellos no persiguen ningún ideal político, sino que básicamente se crearon para combatir a las guerrillas. A raíz de esta decisión se complicó la situación de los desmovilizados de este grupo que habían dejado las armas y se beneficiaban con la Ley 419 de 1997, debido a que esta ofrecía ciertas garantías solo a los desmovilizados acusados de delitos políticos, en este caso para los guerrilleros. Eso quería decir en ese momento que más de 35.000 reinsertados debían ser condenados. Se creó un lío jurídico que se pensó resolver mediante la Ley 1424 de 2010.
El problema es que esta nueva ley, aunque les da el beneficio de no pagar condena física a cambio de suscribirse al acuerdo de contribución a la memoria histórica, hacer 80 horas de servicio social, confesar y hacer el proceso de reintegración social, no hace claridad sobre las penas accesorias que están incluidas en el delito de concierto para delinquir agravado, las cuales contemplan millonarias multas, suspensión del documento de identidad, entre otras.
Situación que afecta gravemente a los desmovilizados de AUC, que se les aplica esta ley, debido a que en su momento hicieron labor de patrullaje y no tuvieron contacto con la administración de dineros (a las cabecillas y jefes medios se les aplica la Ley 975 de Justicia y Paz).
“En este sentido, un juez se encuentra ante un gran inconveniente, y si simplemente intenta fallar la ley de una manera fría les imponen una multa de 1570 millones de pesos”, manifestó César Alonso Cruz Gamboa, asesor jurídico de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bolívar.
Otra de las cosas que generalmente manifiestan los desmovilizados de AUC, es que al momento de entregar las armas, les pusieron a firmar papeles, sin la precaución de leer, y por esta razón algunos de ellos se encuentran incluidos en la ley que solo se aplica a los cabecillas y jefes de bloques, lo que los obliga a pagar millonarias multas.
Lo cierto es que debido a este vacío jurídico que tiene la Ley 1424 de 2010, hace que los desmovilizados de AUC, se sientan engañados por el Estado. Es muy distinto ser condenado por delitos políticos como los guerrilleros de las Farc y no tener que pagar millonarias multas ni juicios sociales como sí le sucede a los reinsertados paramilitares.
“En este sentido, nos preguntamos, ¿nos mintió el Estado?, porque no tenemos las mismas oportunidades que los desmovilizados de guerrillas, ni con las que contábamos al principio, agregó *Gilberto Enrique.
*Gilberto Enrique: nombre cambiado por seguridad del entrevistado.
