Lo que piden no es difícil de entender. Quieren una vivienda propia para dejar de estar errantes. Son desplazados de la violencia y algunos tienen hasta 17 años de vivir en alquiler o “arrecostados”, como dicen ellos mismos, en casas de familiares o amigos, “aguantando caras y sin derecho a opinar”. Muchos ya no están recibiendo ayuda del Estado para sus necesidades, se sienten olvidados.
Por todo ello, armados con carteleras y su voz incesante llegaron hoy hasta la puerta de El Universal una docena de hombres y mujeres a desahogarse, a expresar que se sienten inconformes con el sorteo realizado recientemente por Corvivienda para entregar subsidios de vivienda en la ciudad.
Aseguran que hay propietarios de casas que salieron beneficiados, mientras que ellos que no cuentan con una no salieron favorecidos. Eduarda Magallanes, quien salió huyendo de grupos armados en San José del Playón, hace 10 años se queja: “Esta situación la estamos viendo hace rato. En Ciudad del Bicentenario salieron favorecidas personas que tenían casas y la prueba está que no querían vivir allí y alquilaron las viviendas hasta por 150 mil pesos y yo que lloro en mi corazón por una vivienda digna aún no salgo favorecida”.
Eduarda asegura que debe un millón 500 mil pesos de arriendo y por esta situación su acreedora la llevó a una inspección de Policía para obligarla a pagar. “Me sentí avergonzada, la pobreza no solo lastima con el hambre. Tengo cuatro hijos y soy madre cabeza de hogar; me ha tocado trabajar de lo que usted menos cree, hasta de recicladora porque el Gobierno hace rato que ya no ayuda”, comenta.
La historia de las personas que la acompañan en esta protesta son similares, como la de Abel Segundo Piedrahita Manjarrez, quien es desplazado de San Benito, Sucre, hace 17 años y es ya un adulto mayor. Pese a sus quebrantos de salud debe salir a ganarse el dinero de la comida y los 200 mil pesos que paga mensualmente de arriendo por la pieza en la que vive en el Paseo de Bolívar.
EL DÉFICIT DE VIVIENDA ES EL PROBLEMA
De El Universal siguieron su manifestación hasta Corvivienda, en Manga, donde hablaron con William García, director de la entidad.
El funcionario le explicó a eluniversal.com.co que el déficit de vivienda es el problema ya que el número de víctimas que hay por el desplazamiento supera en demasía el presupuesto asignado para entregar subsidios completos a los afectados por este flagelo.
García explicó que para el reciente sorteo se inscribieron 85 mil interesados en adquirir vivienda, de los cuales 13.500 quedaron identificadas como víctimas de la violencia para participar por 70 cupos de subsidio completo en esta modalidad. Los otros subsidios completos se estipularon así: 120 para pobreza extrema y 20 para familias en la misma condición, pero con miembros discapacitados; para un total de 210.
Para subsidios parciales se asignaron 231, de $28 millones para casas de $40 millones; y 432, de $10 millones, para viviendas de $92 millones.
REVISIÓN DE DATOS Y NUEVA CONVOCATORIA
García aseguró que se tendrá muy en cuenta la queja de estas personas ya que ahora viene un proceso de verificación de los datos que entregaron los favorecidos y si se llega a encontrar anomalías, falsedades e inconsistencias queda anulado el beneficio.
“Nosotros comprendemos el caso de estas personas, pero entendemos que las que salieron favorecidas están en su misma condición y si no es así, las situaciones quedaran al descubierto en la verificación de documentos que vamos a hacer”, dijo el funcionario.
William García manifestó que en enero se hará una nueva convocatoria para que las personas que no alcanzaron a inscribirse en la pasada y los ya inscritos, que no salieron beneficiados, tengan una nueva oportunidad.
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