Se habla de detrimento patrimonial cuando se ha hecho un uso indebido o una gestión irresponsable de los bienes o recursos públicos, afectado a las arcas del Estado, esas que se llenan con los impuestos que pagan los ciudadanos. En otras palabras, se da cuando una obra no se ejecuta, no se termina, o no cumple su función.
En Cartagena, muchos han sido los casos que tanto la Contraloría General de la República como la Distrital, han hallado como presuntos detrimentos. Tan solo en los últimos cuatro años se han identificado aproximadamente 10 casos.
Pero, ¿se quedan estos casos solo en el papel? Consultamos a la Contraloría General de la República, CGR, sobre el tema.
"Cada caso pasó por una contraloría delegada que se llama Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, esta es la que ya declara responsable fiscal a una persona, en este caso se comprueba un detrimento patrimonial. En este punto, la persona se puede someter a varias instancias, una de ellas es que se le embargan los bienes, paga una multa, y se le hace responsable por tanto dinero. En la primera instancia la persona puede apelar, y en la segunda, si es declarada responsable fiscal queda inhabilitada para ejercer cargos públicos”, explico un vocero de la CGR.
El canal pluvial que no cumplió su función
Hace unas semanas, el fuerte aguacero que cayó en la ciudad dejó en evidencia las ‘fallas’ del canal Emiliano Alcalá construido en El Socorro, ya que el barrio se inundó tal y como pasaba antes de realizar la obra.
La obra de construcción y revestimiento en concreto de este canal tuvo un costo de $12 mil millones y para la Contraloría General, constituye “una falta de planeación en el contrato de obra Nº 053 de 2016”.
“Se observa un presunto detrimento al patrimonio de $4.732.917.084 por una gestión fiscal ineficaz, anti eficiente, anti económica, denotándose debilidades en la etapa de planeación, al haberse formulado el proyecto sin información detallada, concreta y confiable necesaria para el desarrollo del proyecto, que posteriormente producirá su fallida utilización; lo que conlleva a una inadecuada ejecución de los recursos”, se puede leer en el documento entregado por la Contraloría.
El 19 de febrero de 2018 se reunieron funcionarios de la Contraloría, ingenieros de la obra, un representante de la Secretaría de Infraestructura, de la interventoría y del consorcio a cargo para hacer una visita a la obra y evidenciaron que el canal no está en la capacidad de evacuar el caudal en periodos de intensa lluvia o por tiempo prolongado.
Este medio conoció que la veeduría Por Ti Cartagena hará una denuncia ante los órganos de control para conocer los nombres de los funcionarios responsables.
‘Comisiones de éxito’ pagadas por la Alcaldía
A mediados de 2017, la Contraloría advirtió sobre un posible detrimento patrimonial por parte de la Alcaldía de Cartagena, que habría pagado $2.500 millones por supuestas “comisiones de éxito” a favor de asesores externos que fueron intermediarios para la consecución de créditos bancarios para la Alcaldía.
El órgano de control señaló que la Alcaldía contaba con el personal, las herramientas técnicas y financieras para tramitar la solicitud sin la intervención de terceros. Es decir, no era necesaria la contratación de terceros.
“La firma asesora SPS ASOCIADOS S.A.S. fue contratada por la Alcaldía para prestar los servicios de ‘acompañamiento estratégico’ y ‘analizar las mejores opciones de inversión de los recursos de la ciudad’, pero como contraprestación adicional por sus servicios recibió el 1% de los créditos bancarios otorgados al Distrito de Cartagena”, detalla la investigación.
El contrato fue suscrito el 24 de enero de 2014, por un valor total de $379 millones de pesos, más una adición posterior de $170 millones, y contemplaba pagos mensuales por $34 millones por concepto de honorarios.
De acuerdo a la investigación, el análisis de los requisitos exigidos por los bancos no se pudo encontrar relación alguna de documentos que hubieran sido elaborados por la empresa SPS ASOCIADOS S.A.S., y menos aún que hubieran resultados decisivos para obtener la aprobación de los créditos.
El Ministerio Publico, concluyó: "de todo lo anterior se desprende que se trató de una contratación injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del Distrito de Cartagena de Indias, lo que habría generado un detrimento patrimonial por cuantía de $2.500 millones de pesos".
En su momento, David Múnera dijo que era necesario que organismos como la Fiscalía General de la Nación, interviniera y estudiara la situación. Además, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir un proceso disciplinario por este hecho.
Obras en parques
El conjunto de obras agrupadas bajo el nombre de 'Revitalización del Centro Histórico' realizadas en 2013, fueron objeto de investigación por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena. Tras realizar una serie de visitas a las obras adelantadas en el Parque del Centenario, la Plaza de la Aduana y las plazoletas 'Benkos Biojó' y 'Joe Arroyo', entre otras, y revisar la ejecución de los correspondientes contratos, el ente encontró que se habría producido "un grave detrimento patrimonial en la contratación por cerca de $698 millones.
De acuerdo con el excontralor Mario Feliz Monsalve, las adecuaciones que se realizaron en el Parque del Centenario, así como las realizadas en la Plaza de la Aduana y unas plazoletas, no cumplieron con las disposiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Cultura y la Dirección Técnica del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –IPCC-, lo cual podría tener graves consecuencias para la ciudad.
Se supo que, ante la gravedad de los hechos encontrados, y teniendo en cuenta que los mismos no tienen únicamente connotación fiscal, el contralor dispuso compulsar copias de los hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría. Sin embargo, a mediados de este año, en el Concejo de Cartagena se volvió a debatir sobre el estado de los parques, en específico del Parque Centenario, el cual muestra un gran deterioro pese a una inversión de $5.597 millones en aquel año, y pareciera que gran parte de estos dineros se hubiesen desaparecido. Por lo que aún no queda claro lo que ocurrió.
Túnel de Crespo
A 15 días de ser inaugurado, el semideprimido de Crespo presentó grandes filtraciones de agua, que dejó en evidencia fallas en la obra.
A principios de 2017, la Contraloría General de la República (CGR) reveló un informe que indica que la obra del túnel tenía deficiencias estructurales como fisuras en la placa de supresión de muros laterales, fracturas longitudinales y transversales en las losas de concreto, desprendimiento de agregados, grietas y fracturación múltiple. Además, se incumplió en las especificaciones técnicas de los concretos, lo cual ocasionó daños prematuros a lo largo de los 1,1 kilómetros de la vía subterránea. Según la CGR, en estas fallas podría haber detrimento patrimonial por valor de $96.294 millones.
En ese momento, la ANI hizo frente al reporte de la CGR y aseguró que “tales sobrecostos no existen ya que el concesionario asumió a su cuenta y riesgo la atención de las problemáticas identificadas, a partir de sus obligaciones contractuales y de los riesgos por él asumidos”.
Las vías que nunca se terminaron
El 10 de septiembre de 2018, el exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe, Augusto Enrique Mainero Román, fue inhabilitado y destituido por 17 años al comprobarse su participación en la ejecución de un convenio que contemplaba la realización de 14 obras civiles por más de $1.500 millones, las cuales presentaron irregularidades, y constituían un detrimento patrimonial.
La investigación estableció que de las obras contratadas, que incluían la construcción de andenes, pavimentación de vías y reparaciones a instalaciones de colegios en la localidad, siete no fueron concluidas y las restantes no se iniciaron, a pesar de que la alcaldía local desembolsó el 97,5% del dinero, más de $1.300 millones, para que se realizaran.
Las obras debieron efectuarse entre 2011 y 2015.
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