Al menos 12 personas están afectadas e indignadas por los embargos sobre sus bienes y cuentas bancarias, que ordenó la Secretaría de Hacienda, en diciembre de 2013, para cobrarles el Impuesto Predial de unos inmuebles que son propiedad del Distrito.
El terreno objeto del cobro, que ha desatado un pleito judicial, está en la Urbanización Nueva Granada, tercera etapa. Allí, en el año 2001 habitaban 133 familias, entre las que se encuentran las personas embargadas, pero tuvieron que ser reubicadas por el Distrito debido a las condiciones de la zona.
“Nosotros hace más de 10 años compramos unas casas en la tercera etapa de Nueva Granada, y en términos generales se fueron agrietando y se cayeron. Entonces por medio de una acción popular demandamos al Distrito por haber dado permiso a una firma (Constructora El Cerro Ltda.) para construir en una zona que no era apta para viviendas”, contó uno de los perjudicados.
En respuesta a esta acción, el 16 de mayo de 2001, el Tribunal Administrativo de Bolívar falló concediéndole la razón a los demandantes y ordenó al Distrito la reubicación inmediata. No obstante, la administración apela la decisión judicial y es el Consejo de Estado el que la ratifica, el 13 de septiembre del mismo año, debido a que la zona no estaba apta para tal fin (construir viviendas), pues era propensa a destruirse por deslizamientos.
Gracias a este fallo las familias afectadas fueron reubicadas en la Urbanización La Carolina y el pleito parece resuelto, pero para sorpresa de 12 de los antiguos habitantes de Nueva Granada, “a pesar de que el Distrito nos reubica, el año pasado nos enteramos de que tenemos bienes y cuentas bancarias embargadas, por una orden judicial de la Secretaría de Hacienda, porque nos están cobrando los impuestos del lote de Nueva Granada”, afirmó el vocero de los denunciantes.
A junio de 2013, el monto del cobro predial ascendía a 7 millones de pesos. “Es una injusticia porque si nos dieron un predio a cambio de otro, el anterior quedaba siendo de la Alcaldía. Nos están cobrando esos impuestos porque hubo una omisión en cuanto al nuevo registro del lote. Ese no es problema de nosotros y ya llevamos mucho tiempo luchando porque nos resuelvan”, explicó el afectado.
Para frenar este cobro, los antiguos habitantes de Nueva Granada han interpuesto derechos de petición y acciones de tutela. Sin embargo, hasta la fecha el Distrito no ha resuelto su problemática.
“CARGA ADICIONAL, INJUSTA Y DESEQUILIBRADA”
El Universal conoció que por este caso, el pasado 2 de mayo, Carlos Granadillo Yances, secretario de Hacienda Distrital, solicitó concepto jurídico a Jaime Ramírez Piñeres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena.
En respuesta a la solicitud, Ramírez envía un documento en el que precisa que “aunque el registro indique la propiedad es de los particulares, esta es una situación generada por defecto omisivo de la Administración, que debió adelantar la actuación que debió concluir en el registro del instrumento público. Al no hacerlo, y en consecuencia, proceder al cobro, se le está imponiendo una carga adicional, injusta y desequilibrada al ciudadano (s), que no está en la obligación de soportar y por tanto resarcible”.
Además advierte que si el Distrito no procede a la cancelación de la matrícula inmobiliaria de la tercera etapa de la Urbanización Nueva Granada, y al desembargo bienes y cuentas bancarias, “a futuro las consecuencias de una demanda grupal por indemnización de perjuicios será mucho más lamentable para los intereses de la Administración”.
La Secretaría de Hacienda se comprometió con este medio a informar sobre dicha problemática en los próximos días.
Entre tanto, las personas embargadas piden al Distrito iniciar las acciones pertinentes para acabar con el injusto cobro.
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