Distrito deberá reubicar a 400 familias de Torices

08 de noviembre de 2018 12:04 AM

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El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó a la Alcaldía de Cartagena que reubique a más de 400 familias que viven en el sector Kennedy, del barrio Torices, faldas del cerro La Popa.

El fallo es la respuesta a una acción popular que fue instaurada hace tres años, por la dirigencia comunal de la zona.

El citado sector tiene como principal acceso la calle Guillermo Posada, cuyo pavimento se interrumpe precisamente donde comienza Kennedy.

En adelante, los caminos son destapados y no hay redes de alcantarillado, ni de agua potable, ni recolección de basuras, puesto que las empresas encargadas de tales menesteres esgrimen que, por haber sido el terreno declarado zona de alto riesgo, no es posible la puesta en marcha de esas bondades.

El único servicio es el de la energía eléctrica, pero los postes se ven en condiciones precarias, asunto que ha sido expuesto, desde 2012, ante la Personería Distrital y la Secretaría de Gestión de Riesgos del Distrito.

William López Aguilar, un activista cívico de Torices, contó que el sector Kennedy tiene 50 años de haber sido poblado por personas provenientes de las zonas rurales de Bolívar, pero fue hasta hace unos diez años cuando el terreno comenzó a ceder por cuenta de la tala de árboles y las excavaciones para levantar viviendas.

“Desde entonces se han dado muchos deslizamientos de tierra y hasta se han derrumbado viviendas. A los afectados se les ha auxiliado, pero no se ha ideado una solución de fondo como reubicar a esas familias, reforestar La Popa y evitar que un día de estos se presenten muchas muertes”, manifestó López.

Por lo tanto, el Juzgado ordenó al representante del Gobierno Distrital reubicar definitivamente a esas familias, empezando por las más expuestas, en viviendas dignas dotadas de todos los servicios públicos.

El despacho hizo la salvedad de que solo serán beneficiadas las familias que estén relacionadas en un censo que deberá realizar la Alcaldía, a través de sus dependencias correspondientes.

El cumplimiento del fallo debe iniciarse al mes siguiente de su publicación, con un plazo de 18 meses, durante los cuales el Distrito deberá hacer los estudios técnicos, diseños, proyectos, contratación y todas las gestiones financieras, legales y administrativas necesarias para la ejecución de la orden, además de que las familias solo podrán ser desalojadas cuando ya estén construidas y habitables las nuevas viviendas.

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, dijo que “somos respetuosos de las decisiones judiciales.  Al tratarse de un juzgado, es posible que la decisión sea apelable,  y no estaría en firme todavía. Sin embargo, iremos estudiando las obligaciones que nos impone la providencia”.

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