En los últimos años las finanzas del Distrito han estado en jaque por multimillonarios embargos que afectan el presupuesto de inversión en la ciudad. Aunque han sido tiempos difíciles, en medio de los procesos judiciales la Alcaldía ha podido ganar algunas pujas que han evitado que siga saliendo dinero de las arcas distritales. Según dio a conocer la Oficina Asesora Jurídica, durante 2020 se evitaron embargos que suman más de $57 mil 242 millones.
Uno de los proceso más ambiciosos es el que cursa en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena y tiene como demandante a Electricaribe.
“Se evitó la ejecución de recursos del Distrito por valor de $55.330.511.280 con base en dos acuerdos transaccionales que despojaban a la ciudad del derecho de defensa y reconocían la presunta obligación reclamada por la empresa Electricaribe, acuerdos que fueron suscritos por funcionario que no tenía competencia para ello; adicionalmente dichas transacciones no fueron autorizadas por el Comité de Conciliaciones de Cartagena”, indicó la oficina.
Agregó que los acuerdos fueron improbados por el juzgado de conocimiento mediante auto del 13 de agosto de 2020 y los hechos constitutivos de presuntos delitos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Por otro lado, dentro del proceso se consiguió la devolución de $8.718.960.000 dineros embargados que corresponden al impuesto de industria y comercio pagado por grandes contribuyentes. Es de anotar que este caso se encuentra en espera del pronunciamiento de las excepciones presentadas por el Distrito.
Otro embargo que se evitó fue el ordenado dentro del presunto proceso ejecutivo cuyo demandante era la IPS Rosa Elena S.A.S., por valor de $1.687.500.000.
“Luego de un proceso investigativo el juzgado de conocimiento certificó que los oficios de embargo remitidos a la Fiduciaria La Previsora eran falsos, y que dicho proceso no existía en los registros del juzgado”.
El otro caso destacado por la Oficina Asesora Jurídica es el que cursaba en el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena, y tenía como demandante a Eduardo Hernández Peña.
“Mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2020 se logró evitar el embargo de los recursos contenidos en el encargo fiduciaria administrado por la Fiduciaria La Previsora S. A teniendo en cuenta que los mismos corresponden al gasto de inversión social que el Distrito de Cartagena realiza en las comunidades de estrato 1 y 2 de la ciudad”.
El monto total de este embargo era de $224.094.023.
La acción de tutela es un mecanismo que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
De acuerdo con información entregada por la oficina, durante el primer año del gobierno Salvemos Juntos a Cartagena se recibieron 1.444 tutelas, de las cuales, se obtuvo decisión favorable en un 80%, es decir, en más de mil procesos.
“Aproximadamente el 90% de las tutelas presentadas alegaron violación al derecho de petición, especialmente en las dependencias como el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Hacienda. De segundo están las tutelas presentadas por personas que estaban en provisionalidad, y que fueron reemplazadas con motivo del concurso de méritos hecho por la Comisión Nacional del Servicio Civil, alegando derecho al trabajo, estabilidad laboral y solicitando el reintegro a sus cargos”, indicó la oficina.
Respecto a los incidentes de desacato, se consiguió que no se confirmara ninguna sanción contra el alcalde y que el 95% de los procesos que se iniciaron fueran cerrados por los despachos judiciales. Según explicó Myrna Martínez Mayorga, jefa de la Oficina Asesora Jurídica, esto se logró gracias al seguimiento de los fallos que profirieron órdenes al Distrito.
“Lo que hacemos es que una vez se recibe el fallo enviamos requerimientos a todas las dependencias involucradas, según sea el caso, para que cumplan las órdenes judiciales y, posteriormente, verificamos que sí se haya cumplido con lo ordenado. De esta manera, evitamos que se apliquen los desacatos y favorecemos los intereses del Distrito”.
Entre los casos relevantes, se destacó la tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el Distrito por la no demolición inmediata del edificio Aquarela. El Tribunal Administrativo de Bolívar estableció que no había ningún derecho fundamental que el Distrito estuviera vulnerando, por lo que negó el mecanismo y declaró su improcedencia.
Según anotó la Oficina Jurídica, este tipo de resultados también se obtuvieron en los procesos judiciales y actuaciones administrativas falladas en primera y segunda instancia, ya que de las 96 decisiones que han sido notificadas, 50 son favorables para la administración. 19 de estas son de nulidad y restablecimiento, 16 por reparación directa, 11 por acción de cumplimiento, 1 ordinario, 1 contractual, 1 acción popular y 1 ejecutivo.
“Catalogamos como un éxito este número de decisiones favorables para la administración y lo que da cuenta de un trabajo armónico realizado en toda la administración, a partir de los equipos jurídicos que se han conformado en cada una de las secretarías y que vienen siendo liderados por la Oficina Jurídica”, puntualizó Martínez.
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