"Cartagena no es fantástica pero sí Heroica". Eso dicen muchos cartageneros por la resiliencia que tiene la ciudad ante tantos problemas que opacan su magia. Y no es para menos. Hay asuntos que parecen de nunca acabar, como el arrojo indiscriminado de escombros.
Según los operadores de aseo, en la ciudad existen 52 basureros satélites, de los cuales la mitad se usan solo para arrojar este residuo de construcción.
Pero, ¿qué tan grave es la problemática?, ¿qué están haciendo las autoridades para contrarrestarla? Aquí te lo contamos.
El PROBLEMA
Noviembre y diciembre del 2016 fueron meses de crisis para los operadores de aseo, por el alto volumen de escombros que tuvieron que recoger en la ciudad. En esos dos meses, Aseo Urbano recolectó 6.674 toneladas de ese material especial, mientras que Promoambiental del Caribe (Pacaribe) recogió unas 9.577.
Al Relleno Sanitario Los Cocos, que opera el Consorcio Caribe Verde, en el kilómetro 23 de la variante Mamonal Gambote, llegan en promedio diario 787 toneladas de escombros, unas 23.000 toneladas al mes.
Pero la problemática va mucho más allá. Las anteriores cifras son solo un subregistro de los escombros que se generan en Cartagena, pues este es un servicio a parte por el que solo las constructoras y hoteles están dispuestos a pagar a los operadores de aseo, para que este material sea recogido y tenga una buena disposición final en el único relleno autorizado por el Distrito.
Además, en la ciudad no existen escombreras. La única permitida está en el relleno, que en total tiene una extensión de 64 hectáreas. Para los escombros, solo están destinadas 6.
LOS INFRACTORES
Aseo Urbano y Pacaribe coinciden en que la problemática es grave y radica en la falta de cultura ciudadana y aquella de la ilegalidad.
De acuerdo a las empresas de aseo, el 60% de los generadores de escombros son ciudadanos del común, el 30% constructores informales y el 10% comerciantes que se las ingenian para transportar este material en carretillas, volquetas, motocarros y carromulas.
No se necesita una lupa para encontrar en cualquier esquina de la ciudad una volqueta o un carromulero depositando escombros en zonas verdes o lotes baldíos, convirtiéndolos en puntos críticos como ahora lo son la margen derecha de la carretera que conduce al corregimiento de La Boquilla, el sector de Chambacú, Ceballos, La Marginal del Sur (que rodea al Caño Juan Ángola), la Ciénaga de la Virgen y El Campestre.
LO QUE DICE LA NORMA
Desde el 2015, la ciudad cuenta con un PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) que el 30 de diciembre del año pasado fue modificado, firmado por el Alcalde y presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De los 13 programas que contiene el PGIRS, el punto 411 se refiere exactamente al manejo que debe dársele a los residuos de construcción y demolición, pero este -según la Oficina de Servicios Públicos- " aún no se ha puesto en marcha y está muy débil".
"La entidad territorial deberá tomar acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas, según sus características", señala un aparte del punto 411 de ese plan.
El 1 de julio del 2015, también el Establecimiento Público Ambiental (EPA) expidió la Resolución 130 en la que se adoptaron los lineamientos técnicos y ambientales para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en Cartagena. Pero pese a todas estas normas que regulan el manejo de escombros, la práctica es indiscriminada y se ha vuelto casi que incontrolable.
Según María Angélica García Turbay, directora del EPA, en 2016 se sensibilizaron a unas 8.900 personas en el tema y se siguen abriendo procesos sancionatorios a infractores.
"121 proyectos de construcción han presentado su plan de manejo de residuos sólidos. Ya hemos abierto 8 procesos administrativos sancionatorios a quienes han incumplido la disposición ambiental. Estos procesos están en curso, la mayoría se encuentran en pliego de cargos", recalcó la funcionaria.
Homecenter de San Fernando, Ingelsa S.A (construcción), Edificio Nova 179 (construcción), Edificio Acuarela, Casa San Agustín, Sercontec Ltda (Remoción y excavación de tierra), Morro City S.A.S y el Club de Pesca, son los presuntos infractores contra los que se adelantan estos procesos.
Por su parte, el Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Fernando Niño Mendoza, aseguró que el año anterior se impusieron 179 comparendos a personas naturales y jurídicas. De esos, 10 se remitieron al Datt, 116 llegaron a pliego de cargos y 53 fueron archivados por vicios en el proceso. Este año, solo van 4 comparendos impuestos.
COMPARENDOS "SIN PISO"
El 70% de los comparendos impuestos el año pasado -según la Policía- fue por el arrojo de escombros. Pero, ¿de qué sirve aplicarlos si no hay nada que obligue a las personas naturales o jurídicas a cancelar la multa pecuniaria? Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos.
En Cartagena, dicen las autoridades, el tener vigente una sanción económica de este tipo no impide al infractor hacer cualquier clase de trámite, como el pago del impuesto predial o negociar una propiedad. Lo contrario sucede en Medellín; si un ciudadano tiene una sanción de estas, no podrá hacer ningún tipo de diligencia en las dependencias del Distrito.
"Si la persona no cancela, eso se va a cobro coactivo, se investigan los bienes del infractor y se les embargan. Así funciona en toda el área metropolitana de Medellín", indicó el intendente John Alexander Gil Espinoza, miembro del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía en la capital antioqueña.
Y eso, lo reconoce la jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Clara Calderón Múñoz, quien indica que a la norma le hacen falta "dientes" para sancionar a los generadores de escombros.
"Este es un problema bastante sensible. No existe en la ciudad una escombrera autorizada. Esto es un trabajo conjunto que debemos hacer entre autoridades y ciudadanía (...) En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene que definirse esto para que sea realmente fácil la disposición final de este material, producto de demoliciones y nuevas construcciones", recalcó Calderón.
En el mismo sentido opina el intendente Jaider Aguilar Rodríguez, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cartagena. El oficial manifiesta que además de que nada obliga a los infractores a responder por la multa, el no haber en la ciudad sitios para llevar a los equinos y carretas es otra "piedra en el zapato" para hacer cumplir la ley.
"No tenemos unos sitios establecidos para eso. Si los tuviéramos sería totalmente distinto el procedimiento y el problema se atacaría de raíz, porque los vehículos de tracción animal son los principales generadores de escombros".
De acuerdo con información del Datt, de los 580 vehículos de tracción animal que hay en la ciudad, solo unos 80 han sido sustituidos. Sumado a esto, a veces no hay comparenderos, y el pie de fuerza de la Policía Ambiental es irrisorio para la problemática de la ciudad. El año pasado, solo estaban disponibles en la unidad 4 uniformados. Este año, se aumentaron a 10. Ante la complejidad de la situación ambiental, se proyecta que unos 25 policías en total estén a cargo de esta especialidad.
El Distrito-como lo estipula el PGIRS- prevé construir una política pública para el manejo de escombros en Cartagena. En el plan, se definirán cuáles serán los puntos autorizados como escombreras.
EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA, EL SALVAVIDAS
Si usted es un potencial generador de escombros y evade su responsabilidad como ciudadano, le llegó su hora, porque a partir del próximo 30 de enero queda abolido el comparendo ambiental que regía la Ley 1259 del 23 de diciembre de 2008, y entra a operar el nuevo Código Nacional de Policía, sancionado con la Ley 1801 del 29 de julio de 2016.
En esta nueva norma, ya no se castigará a los generadores de escombros con multas de 1 a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (personas naturales) y de 10 a 20 (personas jurídicas), como se hacia con el comparendo. Ahora, los infractores deberán enfrentar desde amonestaciones (trabajo social) hasta multas pecuniarias que van desde 4 hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, unos 787.600 pesos.
Si se niega a pagar la sanción, usted quedará anotado en el Registro Nacional de Contraventores, y además, no podrá hacer parte de la Policía, Fuerzas Militares, renovar el salvoconducto de su arma de fuego, ni realizar ningún otro tipo de trámite.
"La deuda se va a cobro coactivo en 3 meses. Si en 6 meses la persona no ha pagado, queda inhabilitada para hacer cualquier tipo de trámites; no podrá vender un vehículo ni nada hasta que no cancele. Si al año siguiente aún no ha respondido, esto pasa a ser un delito (Art. 224 del Código de Policía), la persona queda con antecedentes penales, y al momento que le pidan este certificado, le va a aparecer que es solicitado por un juez por fraude en resolución judicial. Entonces, ya será capturado y procesado por la ley", puntalizó la Policía Ambiental.
Así que si piensa deshacerse de escombros, arrojándolos a una zona verde, en cuerpos de agua o si pretende dárselos a un carromulero, será mejor que lo piense dos veces.
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