Los bares de altura están de moda en muchas ciudades del mundo. Los hay en Madrid, Londres, Bangkok, México, Quito, Buenos Aires e incluso en Bogotá están en tendencia desde el 2010. Sin embargo su ingreso al portafolio de ofertas de ocio nocturno en Cartagena de Indias se ha dado en un contexto polémico que ha puesto en entredicho la firmeza de las autoridades distritales para ejercer control y hacer respetar las normas.
El primero en abrir en Cartagena fue el Café Bar Mirador el 23 de abril de 2015, en la terraza del Hotel Torre del Reloj. Unos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año abrió Eivissa en la azotea del edificio Yacamán y en este 2016 inauguraron V.I.P y La Cumbre. Todos están situados en los alrededores de la emblemática Plaza de los Coches, el epicentro del huracán de críticas que han llovido contra la administración distrital al convertiste de menos a más en un sitio bullicioso y convulsionado por la presencia de prostitutas y el asomo del microtráfico.
Lejos de la aceptación que gozan este tipo de bares en otros lugares del planeta, la controversia por ellos en Cartagena se enmarca en la defensa de la conservación urbanística del Centro Histórico considerado por el Ministerio de Cultura como “Monumento Nacional”; y por la Unesco, en 1984, como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
Tales declaratorias implican el cumplimiento de unas normas especiales como el mantenimiento de edificios, baluartes, plazas, cañones y claustros representativos de una de las etapas más significativas en la historia colonial. Esa unidad se refiere, entre otras cosas, a que el aspecto visual de los inmuebles sea armónico con el período arquitectónico que se pretende conservar.
Es de ahí de donde parte el debate de si estos bares afectan la custodia del título de Patrimonio. Son tres las censuras que se le hacen a esos sitios: el uso de decoración invasiva discordante con la conservación óptica que se debe mantener en el Centro Histórico, el aporte al aumento de ruido en la plaza y el riesgo tanto de las estructuras físicas de las edificaciones sobre las que funcionan como el de los propios usuarios del sitio, dado que no hay estudios que corroboren la capacidad de carga de las terrazas sobre las que están instalados.
LUCES INAPROPIADAS
En este sentido, el primer elemento criticable son las luces neones y de colores que están utilizando estos bares para llamar la atención de su clientela. De los cuatro, el que sobresale en este aspecto es V.I.P, uno de los más controversiales por cuanto su propietario ha usado para decorar el sitio elementos movibles e inamovibles que desentonan a toda vista con el patrimonio arquitectónico. La situación con este bar ha llegado a tal punto que el mismo alcalde Manuel Vicente Duque demolió a monazos una estructura el pasado 6 de abril y el dueño fue arrestado el 9 de junio durante varias horas por fraude a la resolución judicial que demandaba el cierre del sitio. Luego de este último episodio el bar no ha abierto su plataforma crossover al aire libre, en la azotea, aunque sí conserva su decoración con luces neón rojo, amarillo, verde, azul y morada. (Lea aquí: ¿Qué pasó? Así se ve ahora el sitio que demolió el Alcalde)
La Cumbre, Eivissa y El Mirador son mucho más discretos. Las luces que usan no invaden las fachadas de los inmuebles donde funcionan, pero sí son notorias en las terrazas de estos durante las horas que están abiertos al público.
El empleo de esas luces viola la Ley 140 de 1994 que precisa que la publicidad exterior no puede emplearse dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales, explica la defensora del Pueblo en Bolívar, Irina Junieles.
“El incumplimiento de estas prohibiciones se extiende a la aplicación permanente de luces de colores tipo neón sobre la fachada de los inmuebles del Centro ya que son señales y símbolos de un establecimiento de comercio”, precisó la funcionaria.
Junieles ha precisado que la falta de control sobre la publicidad visual en la Plaza de los Coches está proliferando al punto que en las noches la visita a la histórica la Torre del Reloj está claramente invadida de luces que se desprenden de los inmuebles donde funcionan estos lugares.
De manera oficial y por escrito, la Defensoría del Pueblo conminó el 20 de mayo de 2016 al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena a cumplir con este control, ya que es la entidad responsable de vigilar la publicidad exterior en el Centro Histórico. En el proceso legal que demanda este llamado ya se cumplió la primera inspección judicial, sin embargo los negocios siguen haciendo uso de las luces.
EL DEBATE POR EL RUIDO
El volumen de la música en estos bares ha sido la punta de lanza del Distrito para contrarrestar el funcionamiento de estos sitios. Los propietarios se aseguraron de sacar todos los documentos requeridos para abrir un establecimiento comercial. Todos cuentan con Cámara de Comercio, el aporte a Sayco y Acimpro al día, con el Registro Nacional de Turismo y cumplen con las condiciones sanitarias, con la inspección de bomberos y con otra serie de requisitos.
Sin embargo, para el Establecimiento Público Ambiental (EPA) estos lugares no han podido cumplir con la insonorización del lugar, punto clave para no afectar a los vecinos con la música, dado que funcionan en ambientes abiertos y para llevar a cabo esta acción tendrían que hacer cerramientos que requerirían de la autorización del IPCC dado que las edificaciones hacen parte del Centro Histórico.
Por tal motivo y debido a los resultados de inspecciones en los que el sonómetro ha arrojado que los decibeles de la música en estos sitios sobrepasan los 55 decibles permitidos, el EPA ha impuesto suspensión de actividad sonora a tres de los cuatro “bares de altura” que funcionan en la Plaza de los Coches: El Mirador, Eivissa y V.IP. Contra ellos se lleva a cabo un proceso sancionatorio administrativo que puede culminar con una sanción económica o con el cierre definitivo de los negocios.
Sobre La Cumbre no se cierne esta medida ni ningún proceso porque a la fecha el EPA no ha podido hacer la medición de sonido en el sitio. “Las veces que hemos llegado a hacer la inspección, ellos han apagado la música antes de que los funcionarios suban a la azotea”, comentó Pedro José Borré, director jurídico del EPA.
El 9 de junio fueron sellados por una semana V.I.P y El Mirador luego que las autoridades comprobaran que seguían utilizando equipos de sonido. La orden de las autoridades es que pueden abrir al público, pero sin música.
LAS INCONFORMIDADES DE LOS PROPIETARIOS
El Universal dialogó con el propietario de Eivissa y los socios de El Mirador, quienes explicaron que tienen muchas inconformidades por la manera como las autoridades han procedido contra ellos.
“Sentimos que hay una especie de persecución contra nosotros orquestada por los dueños de unos hoteles cercanos que se han quejado del supuesto ruido que nosotros emitimos en nuestros bares. Se dice que estamos contribuyendo al aumento de la bulla en la Plaza de los Coches, sin embargo esas mismas críticas y esos mismos controles de sonido no se le hacen a otros establecimientos de música que también funcionan en esta plaza, ni tampoco se tiene en cuenta el ruido que producen los eventos que se realizan con frecuencia en el Baluarte San Juan Bautista, alquilado por el mismo Distrito. El control no se hace en igualdad. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos para hallar una salida en conjunto con el Distrito”, afirma Juan Jaime Benítez, dueño de Eivissa, quien agrega que a través del bar les proporciona empleo directo e indirecto a 45 personas.(Lea aquí: Revuelo en el Distrito por publicación en Facebook de un DJ del bar El Mirador)
Benítez manifiesta que las distintas fiestas privadas que se hacen en los baluartes del Centro Histórico fueron las primeras en usar luces neón para llamar la atención y el ruido que emiten cuando emplean juegos pirotécnicos es mayúsculo al que pueda producir cualquier bar.
Tanto Juan Jaime Benítez, como Mauricio Pérez Bechara, representante legal de El Mirador; aseguran que han hecho grandes inversiones para adecuar tecnológicamente los equipos de sonido que actualmente utilizan a fin de no sobrepasar los decibeles permitidos.
“En nuestro caso contratamos un ingeniero de sonido que nos hiciera el trabajo y compramos unos equipos especiales. Hemos querido hacer las cosas bien y cumplir con cada petición que nos han demandado las autoridades, pero no nos sentimos escuchados”, comentó Mauricio Pérez.
Carlos Castro Fresneda, abogado contratado por los socios de El Mirador para representarlos en el proceso sancionatorio, manifestó que el EPA no ha cumplido con el protocolo que exige la resolución 0627 de 2006 (del Ministerio de Ambiente) para realizar las mediciones de sonido en el bar.
“El sonómetro no fue ni siquiera puesto sobre un trípode como demanda la norma, la medición no se hizo en las horas que establece la resolución, ni tampoco se ha tenido en cuenta el ruido residual, medido como nivel de presión sonora continuo, que hace referencia a hacer la debida discriminación del ruido producido en el bar del que se produce en el medio exterior. Así mismo se han dejado de hacer otras cosas lo que no da garantía a que las mediciones que han hecho estos funcionarios sean verídicas”, precisó Carlos Castro.
Sobre ello, el director jurídico del EPA, Pedro Borré, aseguró que los sonómetros usados en las inspecciones están debidamente calibrados y que se tendría que entrar a revisar la norma en atención a lo expresado por el abogado.
LA CARGA DE RESISTENCIA
El tercer punto en discusión en el debate que se ha abierto en Cartagena frente a los “bares de altura” es la capacidad de resistencia que tienen las azoteas sobre las que están funcionando.
El secretario de Interior, Fernando Niño, comentó que la secretaría de Planeación y el IPCC adelantarán estudios sobre las capacidades técnicas de las edificaciones para saber si pueden soportar la realización de estas actividades.
“Lo más importante es preservar la vida. Debemos asegurarnos que estas azoteas no tengan riesgos de desplomes”, expresó el funcionario.
Las azoteas sobre las que funcionan estos bares eran originalmente cubiertas planas de las casas que no fueron hechas para soportar la carga viva que genera un baile con gran afluencia de gente. Además no cuentan con salida de emergencia.
El estudio que hará el Distrito deberá evaluar el riesgo que podrían sufrir las infraestructuras de estos inmuebles y plantear posibles soluciones tecnológicas.
El director de Patrimonio del IPCC, Alfonso Cabrera, manifestó que el Instituto no se iba a pronunciar sobre el tema hasta tanto no concluyera el proceso sancionatorio contra los bares para evitar señalamientos de prejuzgamientos.
El debate está candente y muchos ciudadanos en Cartagena cuestionan que si en el trámite inicial que hicieron los empresarios para obtener los permisos y abrir dichos bares se hubiesen tomado los correctivos y hacer los requerimientos pertinentes de protección al Patrimonio ahora no se estaría en tal situación.
Así luce la Plaza de los Coches en horas nocturas:
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