La protección del manglue que está sobre la Ciénaga de La Virgen en la vereda Tierrabaja, ha generado, desde hace unos quince días, enfrentamientos entre más de 400 personas, que afirman tener derecho a vivir en la reserva natural, y las autoridades.
El último enfrentamiento ocurrió en la mañana del miércoles, cuando la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Fuerza Pública, arremetieron en el manglar y capturaron a 22 personas por infracción al artículo 328 del Código Penal, que establece que es “ilícito el aprovechamiento de los recursos naturales renovables”, según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Jorge Luis Ramírez Aragón.
Según el Coronel, estas personas también vulneraron el artículo 331 del Código, que sanciona los daños en recursos naturales.
Las personas que infringen estos artículos se enfrentan a penas de dos a cinco años y dos a seis años de cárcel, respectivamente.
“Los capturados fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se está realizando la legalidad de las capturas. Las penas no son altas para este tipo de delitos, y lo más posible es que queden en libertad, pero quedan con un proceso judicial y en algún momento los jueces de la República darán algún fallo”, dijo Ramírez.
Agregó que la comunidad de La Boquilla y las autoridades ambientales denunciaron el daño que se le está ocasionando al manglar en el sector de Tierrabaja, y por eso actuaron.
“Hemos realizado algunos planes preventivos y disuasivos para que la gente no insista en hacer daño al medio ambiente con el tema del mangle, pero ya se ha hecho mucha prevención y disuasión, y entramos en el tema de judicialización”, puntualizó el comandante de la Policía de Cartagena.
DENUNCIAN MALTRATO DE LAS AUTORIDADES
Tras la captura de las 22 personas en el manglar de Tierrabaja, los presuntos invasores denunciaron maltratos a menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Además de ser intimidados, con disparos, por la Policía y el Esmad.
El Coronel respondió que “son ellos los que ponen por delante a los niños, y eso también es un delito. Por eso vamos con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En caso de que intervengan menores de edad los padres podrían perder la patria potestad”.
Los operativos realizados por las autoridades para proteger el manglar en Tierrabaja son coordinados en reuniones semanales que cuentan con la participación del alcalde Dionisio Vélez Trujillo, y son lideradas por la secretaria del Interior, María Helena Vélez.
NECESIDAD DE VIVIENDA
Yonis Audiveth García, habitante del caserío de Puerto Rey, manifestó que centenas de personas se encuentran en el manglar porque “no tiene dónde estar (...) No vamos a permitir que otra persona por tener poder nos quite los terrenos”.
Ligia Margarita Galván Miranda, un ama de casa que se expone con sus dos hijos, menores de edad, a los enfrentamientos con las autoridades por el desalojo del manglar, expresó que “aquí hay muchas personas necesitadas de vivienda y queremos que el Estado nos solucione ese problema. No queremos llegar inocentemente al manglar y sentir el golpe”.
Con respecto a unas tierras cercadas detrás de la finca Paraíso Uno, en Tierrabaja, que han sido invadidas en varias ocasiones por algunas personas que se escabullen del manglar, aclaró que “el dueño tiene que tener conocimiento de que esas tierras no las vamos a volver a tocar. Hay personas que quieren que les demuestren que sí tienen dueño porque nunca lo hemos visto, no lo conocemos, pero para evitar problemas no las vamos a tocar”.
El alcalde de la Localidad II de la Virgen y Turística, Rodrigo Reyes Pereira, afirmó que las denuncias del Concejo Comunitario y de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Boquilla, señalan que algunas de estas personas tienen sus casas en dicho barrio.
El coronel Ramírez advirtió que argumentando una necesidad de vivienda, “yo no puedo ir a cometer un delito, en especial en el tema del medio ambiente. Hay otros organismos competentes para esos fines. A través de la Alcaldía pueden hacer solicitudes y peticiones para que los ayuden, pero no hay que ir a hacer un daño o cometer un delito porque estamos sin vivienda”.
Enfatizó que “si la personas no demuestran que son propietarios y que no le han hecho daño al medio ambiente tendrán que salir de ahí porque son invasores de terrenos que no son de su propiedad”.
Los desalojos definitivos se harán después de las inspecciones e investigaciones que se desarrollarán en conjunto con las Alcaldías menores.
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