El Ministerio de Vivienda, el Distrito, los alcaldes locales y los curadores urbanos tienen plazo de un mes para que implementen un plan de vigilancia y control sobre todas las construcciones que se levantan en Cartagena.
Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Bolívar, que decretó por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la implementación de medidas cautelares urgentes debido a las crecientes obras ilegales que hay en la ciudad. Esta determinación se tomó para prevenir tragedias como la del edificio Portales de Blas de Lezo II, estructura que no contaba con licencia de construcción por parte de la Curaduría Urbana y que se desplomó en abril pasado por fallas estructurales, cobrando la vida de 21 obreros.
Bajo lupa
Cabe resaltar que las entidades accionadas tienen que presentar un informe bimensual de las actividades de control y vigilancia que realicen y ese seguimiento lo deberán remitir al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación.
Respecto a esto, Yolanda Wong, alcaldesa (e) de la Localidad 1, aseguró que los controles a las construcciones no paran. “Desde la alcaldía de la Localidad 1 se está prestando todo el apoyo a los inspectores de Policía a través de técnicos en construcción y arquitectos que estén adscritos a la Alcaldía para que respalden su labor. En la medida que nos pidan soporte, siempre estamos prestos a darlo”, dijo Wong.
Por su parte, Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, dijo que el punto de partida para hacerle seguimiento a las obras que se levantan es invitar a la comunidad a que las denuncie.
“Estamos asistiendo a las comunidades con los líderes y les hacemos charlas sobre el tema para que cuando vean construcciones ilegales nos avisen y así pasarle el oficio al inspector de Policía. Después de esto, estamos pendientes para que los inspectores hagan sus funciones y brindarles apoyo técnico en el caso de que lleguen a necesitarlo”, explicó Zapata.
El Universal se intentó comunicar con Gregorio Rico, alcalde de la Localidad 2, pero no fue posible.
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa verificará la ejecución de estas medidas. En caso de incumplimiento, se podrían imponer multas por desacato a la acción popular, que irían hasta los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de las sanciones disciplinarias que procedan.
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