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Aclaran diferencias entre los contratos por prestación de servicios

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Los docentes tendrán derecho a las prestaciones sociales cuando se vinculan con las entidades territoriales por medio de una relación laboral como servidor público, más no cuando se les contrata a través de la ley 80 de 1993 para la prestación de servicios profesionales.

Así lo estableció el Consejo de Estado en sentencia número 200402623 01, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Valle del Cauca, el cual fue calidad demandado, contra el fallo que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Los hechos se sustentaron en que dicha entidad territorial contrató a Dalia María Riascos Güapi como docente de educación formal, con el fin de reemplazar a una profesora que estaba amenazada.

De esta forma, prestó sus servicios al Departamento de forma personal, bajo la permanente subordinación de las autoridades administrativas y educativas, percibiendo una remuneración proveniente del ente.

Al momento de su retiro la Secretaria de Educación Departamental le negó la solicitud de reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales, al expresar que no existió una relación laboral.

Por este motivo, la recurrente demandó los actos anteriores y pidió que se le pagaran las prestaciones sociales a que tenía derecho por todo el tiempo laborado en igualdad de condiciones con los educadores de la nómina oficial que tienen el mismo grado de escalafón docente.

En primera instancia, el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda argumentando que de acuerdo con las pruebas aportadas, se probó que las labores desarrolladas por la demandante, eran las mismas que las de los docentes de planta, pues cumplía con los tres elementos de la relación laboral, los cuales son que haya una prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.

Además indicó que no se podía ordenar el reconocimiento de las diferencias salariales entre lo que se le pagó y el salario devengado por los servidores públicos docentes de su misma categoría, pues las asignaciones salariales de los docentes depende de cada caso en particular, por lo que acá se tendrá como base para liquidar la indemnización, la remuneración que pactaron las partes.

Por último expresó que se aplicaría la prescripción de tres años de las prestaciones causadas con anterioridad al 24 de diciembre de 2000, ya que la solicitud fue radicada el 24 de diciembre de 2003, por lo tanto se liquidarían los meses hasta el momento en la que se dio la prescripción.

Contra la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación aduciendo que a pesar de que la demandante sostuvo una relación con el Departamento del Valle del Cauca bajo la modalidad de prestación de servicios, bajo el amparo del estatuto de contratación estatal consagrado en la ley 80 del 93, en su artículo 32 establece que en ningún caso estos contratos como el de prestación de servicios, generan relación laboral ni prestaciones sociales.

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, el contrato de prestación de servicios que señala la ley 80, puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior se evidenció que la relación laboral existente fue subordinada, pues la actora debía cumplir con los programas académicos impuestos por el Ministerio de Educación Nacional y las exigencias e instrucciones impartidas por el Colegio, como todo docente.

Finalmente, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia en la medida que reconoció se debía liquidar las prestaciones sociales adeudadas, basada en la existencia de una relación laboral que presentaba una situación de subordinación entre la entidad contratante y la educadora.

JURISPRUDENCIA
Según la posición de la Sala, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.

EXTINCIÓN
La Sala revocó el punto del fallo demandado que establecía que se aplicaba el término de prescripción de tres años. Para la Corporación, en situaciones como la presente en las cuales no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad, no es procedente sancionar al beneficiario con la prescripción del derecho que reclama.

DEMOSTRACIÓN
Las pruebas que fueron arrimadas al proceso fueron determinantes para demostrar la existencia de una relación laboral entre la actora y el Departamento del Valle, pues se allegó al proceso el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación en donde se establece que prestó sus servicios en el nivel básica primaria como docente de un colegio de Cali.

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